La posibilidad de que Pekín despliegue agentes de seguridad en distintas ciudades de Hungría es uno de los frutos —el más polémico de los que ha trascendido— de la visita el pasado febrero del ministro de Seguridad Pública de China, Wang Xiaohong, a Budapest, donde se reunió con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y el ministro de Interior. Tras la visita, Wang afirmó que esperaba una "cooperación más profunda en el campo de la lucha contra el terrorismo y el crimen" y habló de un "nuevo punto culminante" en las relaciones entre ambos países, ya de por sí muy fluidas.

Preguntado por la agencia de noticias húngara Télex, el Ministerio finalmente admitió que esa "cooperación más profunda" implicaría el despliegue de patrullas de policía conjuntas "para mejorar la seguridad de las zonas turísticas" en temporada alta, o en "eventos que atraigan grandes multitudes". No se han dado más detalles sobre cuántos agentes, dónde se desplegarán exactamente ni cuándo, si podrán portar armas o algún tipo de equipamiento policial o si podrán detener e identificar a ciudadanos húngaros o chinos.

La noticia ha sido recibida entre bromas e incredulidad por un lado, y críticas a lo que consideran una "cesión de la soberanía" por otro. "[El Gobierno de Viktor Orbán] tiene que clarificar que los policías chinos no tendrán jurisdicción para arrestar a los ciudadanos húngaros, o emitir órdenes de arresto", ha criticado Márton Tompos, parlamentario húngaro de la oposición. El diputado húngaro además asegura haber presentado una queja a la recién establecida Oficina de Protección de la Soberanía, una secretaría dependiente de la misma presidencia húngara cuyo objetivo de creación, en realidad, está más alineado con otras "amenazas para la soberanía" que argumenta el Ejecutivo de Orbán, como "el imperio de Soros" o los medios de comunicación y ONG que reciben financiación estadounidense o europea.

Ante el revuelo, el Ministerio de Interior húngaro se ha excusado referenciando "acuerdos similares" de operaciones de colaboración policial entre países vecinos —aunque todos los ejemplos (con Croacia y con Austria) son con países limítrofes y en zonas fronterizas. En el caso de China, ya habría firmado un acuerdo similar con Serbia, el otro gran aliado de Pekín en la región.

La justificación de la medida "es interesante porque, desde el punto de vista de seguridad, los chinos no son un problema en Hungría. En los 90 hubo unos cuantos homicidios en las comunidades chinas de Budapest, pero ya no es el caso. La única área donde hay movimiento [criminal] chino es en el lavado de dinero. Pero es un área donde está ya muy activo el FBI, y con muy buenas relaciones con el ministerio de Interior. Habría que ver cómo afecta esto a las relaciones Hungría-EEUU", comenta un periodista de investigación húngaro a El Confidencial.

Los críticos de la medida temen que esté relacionada con la existencia de las denominadas "comisarías chinas" en países europeos. El pasado septiembre, la ONG Safeguard Defenders publicó una investigación en la que identificaba 54 "comisarías informales" —nueve de ellas en España— desde las que autoridades regionales y provinciales del país asiático controlarían la actividad de sus ciudadanos en el extranjero, llegando a utilizar la coerción para obligarlos a regresar a su país y ser juzgados. En Hungría, Safeguard Defenders detectó dos, gracias a documentos internos chinos: una de la Policía de la región de Fuzhou, y otra de la Policía de Qingtian. Ambas oficinas, en Budapest.

"[El despliegue de policías chinos] será muy seguramente para patrullar conjuntamente con la policía húngara en zonas donde hay una alta concentración de negocios y turistas. Aun así, es un desarrollo alarmante, pues significará que China puede mantener un ojo atento sobre sus ciudadanos en el extranjero, especialmente los disidentes", sostiene Márton, quien ha investigado las presuntas comisarías chinas en Budapest.

En una Europa cada vez más difícil, el presidente chino Xi Jinping sabe que puede contar con "un amigo" en Budapest, como denominó a Orbán en la última visita del mandatario a Pekín el pasado octubre. Desde la llegada de Orbán al poder en Hungría en 2010, la relación del país con China se ha ampliado y profundizado, sobre todo en el plano económico.

Hungría fue uno de los primeros países en unirse a la iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda (con un tren Belgrado-Budapest envuelto en el secretismo) y desde entonces, Pekín es su mayor inversor extranjero. Además de los más de 350 kilómetros de línea férrea, ha invertido en fábricas para la industria de automóviles eléctricos, Huawei y un campus para la elitista Universidad Fudan de Shanghái, con capacidad para unos 5.000-6.000 alumnos y 500 profesores. Dentro de la lógica económica húngara, acercarse a Pekín reorganiza su dependencia económica, hasta el momento muy ligada a Alemania. "Con las inversiones chinas, llegarán muchos ciudadanos chinos a Hungría. Y estas personas necesitan ser monitoreadas desde la perspectiva del Estado chino", sostiene el periodista de investigación y experto en las relaciones húngaro-chinas, Szabolcs Panyi.

Orbán fue, precisamente, el único jefe de Estado de la UE que participó en ese último foro sobre la Nueva Ruta de la Seda en Pekín. Las rivalidades geopolíticas con China, exacerbadas en los últimos años, han provocado que cada vez más estados se apeen del formato 17+1, que incidía en las relaciones de Pekín con los países de Europa central y Oriental. Lituania —con quien Pekín ha mantenido un rifirrafe a causa de Taiwán— ha anunciado ya que se retira de la iniciativa, y hay señales de que Estonia y Letonia también lo harán.

En este escenario, en el que Serbia y Hungría son los mayores aliados de Pekín en Europa, Orbán adquiere aún más importancia como estado miembro de la Unión Europea. Por supuesto, no hay una reciprocidad clara entre esos lazos más estrechos y luego unos efectos políticos, aunque la mayoría de los analistas de las relaciones chino-húngaras apuntan por ejemplo a varias votaciones en el seno de la UE en las que Orbán se ha posicionado en contra de condenar los abusos contra los derechos humanos reportados en China o apoyar a las marchas prodemocracia en Hong Kong, entre otras.

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