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11/12/2006 | Maras - El Salvador: el país del ojo por ojo

John Carlin

Las leyes antimaras han tenido el efecto contrario al buscado: las pandillas cada vez son más violentas y están mejor organizadas. Han hecho de las cárceles su cuartel general. Resultado: El Salvador, con siete millones de habitantes y 3.800 homicidios el año pasado, se ha convertido en el país más violento de América

 

El Salvador, el país más densamente poblado de America Latina, ha conquistado otro récord. Ahora, según las cifras oficiales, hay más asesinatos per cápita que en cualquier otro país del continente, sin excluir a Colombia. El embajador de Estados Unidos en El Salvador lo lamenta, pero cree tener la solución.

Definiéndose, en un discurso en octubre, como un gran amigo del pequeño país centroamericano, Douglas Barclay advirtió de que la delincuencia podría acabar devorando al Estado salvadoreño. “¡Hay que poner fin a la violencia criminal ahora!”, declaró. Y después dio su receta, una que entona con la respuesta habitual de su Gobierno a la hora de abordar los problemas internacionales: más represión y más cárceles. Es decir, más de lo mismo, que es lo que lleva haciendo el Gobierno de derechas de El Salvador desde que implementó un plan llamado Mano Dura en 2003 contra las temibles pandillas salvadoreñas, las maras, responsables de la mitad de los crímenes violentos que se producen a nivel nacional.

Miguel Cruz, experto salvadoreño sobre la violencia en general, y las pandillas en particular, comenta que el embajador estadounidense y el Gobierno salvadoreño no podrían estar más equivocados en cuanto a la estrategia a seguir. Las cárceles están llenas a rebosar de pandilleros, que ahora representan el 35% de los presos salvadoreños, un incremento de más del doble desde el año 2003.

“Hasta que se aplicó el Plan Mano Dura, la tendencia criminal era estable”, dice Cruz, académico y director del Instituto de Opinión Pública de El Salvador. “Desde entonces, el número de homicidios se ha disparado de manera exponencial. Es impresionante”.Entre 1999 y 2003, la cifra de homicidios anuales se situó entre 2.300 y 2.600. En 2004 se disparó a 2.900. El año pasado subió un 25%, a 3.800, y este año se espera otro aumento más. Con los siguientes agravantes: que las pandillas están más cohesionadas, más armadas y más compenetradas con el crimen organizado.

Todo esto se debe en gran parte a haber incrementado la población pandillera en la cárcel de 1.500 hace tres años a 3.500 hoy. Miguel Cruz, que ha elaborado un estudio de fondo sobre el fenómeno de las maras en la cárcel, explica la paradoja: “Las cárceles se han convertido en los cuarteles de las pandillas. Algunos de los líderes más veteranos están presos, pero siguen mandando desde dentro. Tienen más poder organizativo ahora que antes. Los pandilleros que están fuera actúan según las órdenes de los de dentro. Y los de dentro se coordinan mejor que nunca. Antes las pandillas estaban fragmentadas. Ahora hay un poder centralizado”.

Entonces, ¿la cárcel es como un estado mayor? “Exacto. Y además, dentro de la cárcel entran en contacto con criminales más experimentados, de los que aprenden. Y forjan alianzas también con el crimen organizado. Así, en un contexto en el que no hay programa de rehabilitación alguna, todo contribuye a que las pandillas se hagan más fuertes. Como demuestran las estadísticas”.

La comunicación entre los líderes en las cárceles y sus lugartenientes fuera es fluida. En parte, por el tráfico permanente de pandilleros que entran y salen; en parte, por la corrupción oficial. El instrumento principal de comunicación entre los encarcelados es el teléfono móvil.

En cuanto a la estrategia policial que ha llevado a cabo el Gobierno del partido Arena –animado política y económicamente por Estados Unidos–, Miguel Cruz lo define directamente como una guerra. Además de una notable arbitrariedad en política de arrestos, se ha formado un sinfín de grupos especiales de asalto, compuestos muchas veces por militares. Pero lejos de resolver el problema, lo que la militarización de la policía ha logrado es una escalada armamentista motivada tanto por la autodefensa como por la venganza –como en Irak–. Las pandillas respondieron a la ofensiva gubernamental incrementando su arsenal de manera masiva. Hoy, El Salvador es el séptimo importador de armas cortas de Estados Unidos.

El dinero para comprar las armas lo consiguen las maras a través de un sistema cada vez más eficaz de extorsión, al estilo de la mafia americana de los años veinte. El control que ejercen las pandillas sobre determinados barrios es tal que en muchos casos la policía puede entrar sólo en vehículos blindados que en El Salvador llaman “tanquetas”. En estos barrios, las pandillas sistemáticamente extorsionan a la población, especialmente a los transportistas y dueños de pequeños negocios, creando una economía parásita dentro de lo que Miguel Cruz define como un Estado paralelo.

Todo lo cual apunta, opina Cruz, a una situación desesperante. “He sido muy pesimista estos años, y lamentablemente no me he equivocado. Las perspectivas son muy oscuras”. Se calcula que las maras tienen en el país unos 20.000 integrantes –el doble de los que tenía la guerrilla izquierdista durante la guerra civil de los años setenta y ochenta–. En una situación de descontrol creciente, de guerra de facto entre un Estado policial y el Estado paralelo de las pandillas, los hay que temen que se estén creando las condiciones para un golpe militar. “Además”, dice Joaquín Villalobos, que fue comandante guerrillero en las montañas del este de El Salvador durante 20 años, “todo indica que tendría respaldo popular”.

Villalobos, un brillante analista que hoy asesora a Gobiernos latinoamericanos sobre cómo combatir la criminalidad, reconoce que la era de las juntas militares en América Latina parece haber acabado, y que guerrillas como la suya contribuyeron a que así sea. “Pero esto es otra cosa. Está fuera del terreno ideológico o el de las injusticias sociales. Hay una desesperación general para que se haga algo, cualquier cosa, sea dentro o sea fuera de la ley”.

El Gobierno de Estados Unidos también se consideró en su día el gran valedor de la democracia en El Salvador, invirtiendo más dinero que en cualquier otro país latinoamericano en los años ochenta para combatir a la guerrilla “comunista”. La ironía que se le escapó al embajador Barclay cuando pronunció su discurso en octubre fue que, lejos de tener la solución a los problemas de El Salvador, Washington ha contribuido –y sigue contribuyendo– en gran medida a la crisis que vive ahora el país.

Primero, porque tiene mucho que ver con las condiciones de violencia extrema en la que se engendró la actual generación de pandilleros. En la guerra civil salvadoreña, que duró 20 años y terminó en 1991, Estados Unidos apoyó a los escuadrones de la muerte (militares encubiertos), responsables de 30.000 asesinatos. En las áreas rurales, y de manera menos encubierta, el ejército llevó a cabo numerosas masacres de civiles. Estados Unidos estaba al tanto de las acciones de las Fuerzas Armadas, y no sólo les daba entrenamiento, y armas, y helicópteros de guerra, sino que dirigía a través de 55 asesores militares instalados de manera permanente en San Salvador.

Durante los años ochenta, decenas de miles de jóvenes salvadoreños huyeron de esta carnicería a Estados Unidos, muchos de ellos a Los Ángeles, en cuyos barrios aprendieron que, para sobrevivir, debían organizarse en pandillas, fenómeno social que descubrieron allá. “Después de haberse criado en un clima de violencia cuyos niveles de salvajsmo rebasaban la experiencia norteamericana, los salvadoreños recién llegados descubrieron que sabían de este negocio. Que en esto eran los mejores”, explica Villalobos. Lo cual significó que eran los más despiadados, con fama de reírse cuando le pegaban un tiro a un desconocido, y los más crueles en el uso del terror. Amputaban brazos y piernas con machetes. Decapitaban a sus víctimas.

Diez años después, el FBI identificó a las maras salvadoreñas como el grupo criminal organizado más violento de Estados Unidos. El FBI creó una unidad especial para combatirlos. Ha sido eficaz. Desde 1999, unos 18.000 criminales han sido deportados a El Salvador, y hoy se dedican a lo que denuncia, y lamenta, el embajador norteamericano: destruir la economía y amenazar la estabilidad del Estado.

Lo que no parecen entender ni los norteamericanos, ni los gobernantes salvadoreños, según Villalobos, es que la violencia es un problema complejo que requiere soluciones complejas. “La fuerza como recurso para mantener el orden y resolver diferencias está profundamente arraigada en nuestra cultura”, dice Villalobos. “Por haber sido siempre el instrumento de los gobernantes se convirtió también en el de los gobernados… El Plan Mano Dura, al enfrentarse a una violencia cultural, semeja una lucha contra la Hidra de la mitología griega, a la cual, cuando le cortan una cabeza, le nace otra”.

Por eso, dice Villalobos, hay que entender que la violencia en El Salvador es un lenguaje, el instrumento principal de persuasión. “Es aquí donde hay que cambiar, donde hay que ponerse a pensar”, dice Villalobos. “El asunto no es tener mano dura, sino cabeza inteligente”.

Pero hasta ahora la respuesta del Gobierno sigue siendo sido ojo por ojo. Lo cual no es sorprendente en un país donde, por un lado, gran parte de la población, empezando por la derecha, aspira ante todo a emular a los norteamericanos, y por otro, la historia es tan sanguinaria.

Entre 1930 y 1982, El Salvador fue gobernado por seis generales, cuatro coroneles y siete juntas militares. Hoy, tras una guerra civil que se cobró 80.000 vidas, sigue siendo un país atrapado en un círculo imparable de violencia y más violencia. Por eso la política de la Mano Dura, según Miguel Cruz, sólo acentúa las peores tendencias nacionales. “No ha tenido ningún efecto positivo, sino todo lo contrario”, concluye. “El Estado apostó por una guerra contra las pandillas, pero no desarrolló ningún programa de reinserción, ningún programa social que involucre a las comunidades. Ni se le ha ocurrido cambiar las leyes extraordinariamente permisivas que tenemos en cuanto a la posesión de armas. Nada. No hay la más mínima indicación de que veamos un cambio de rumbo. Es terrible”.

El País (Es) (España)

 


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