"Han tocado el timbre de la muerte", "la guerra ha comenzado", proclama amenazante un videoclip que circula estos días en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México. Otro de los temas raperos reunidos en el DVD llama a "acabar con el Gobierno", habla de resistencia y anuncia que "la guerrilla ya está armada". El disco forma parte de la protesta contra el reciente decreto del Gobierno del Distrito Federal de expropiar y demoler las 144 viviendas del inmueble conocido como El 40, en Tepito, centro de la venta ambulante y símbolo de la delincuencia y la mala vida, no sólo de la capital mexicana, sino de todo el país.

Los últimos vestigios del mayor centro de distribución de droga de la ciudad, según las autoridades, desaparecen estos días ante el avance de las excavadoras, y serán reemplazados por un centro comunitario. En una acción sin precedentes, operarios del Gobierno del DF custodiados por un numeroso contingente policial iniciaron el viernes pasado la demolición de las casas.

Un recorrido por El 40 permite comprobar que los inmuebles en fase de destrucción tenían más de refugio de delincuentes que de morada de ciudadanos honorables. La Fiscalía ha revelado que hay más de 20 órdenes de captura contra personas que vivían en las casas desalojadas y que están acusadas de robo, homicidio y lesiones.

El predio, construido después del terremoto de 1985, se había mantenido como centro de bodegas de comerciantes ambulantes y laboratorios clandestinos de piratería y drogas. "Éste es un primer paso, vendrán otros. Habrá más acciones en el barrio de Tepito y en otros puntos de la ciudad. Expropiaremos los inmuebles que afecten a la estructura de distribución de droga o de cuestiones que tienen que ver con el crimen, como lavado de dinero, casas utilizadas para secuestros, talleres para el desmantelamiento de vehículos robados". El secretario (ministro) de Seguridad Pública del Distrito Federal, Joel Ortega, comenta en una entrevista que el operativo ha tocado la columna vertebral del crimen en la ciudad, en un inmueble donde se comercializaba diariamente más de media tonelada de marihuana y entre siete y ocho kilos de cocaína, que representa el 10% de toda la droga que se distribuye a escala minorista en la ciudad. La Policía se incautó en otra vecindad de Tepito de armas largas, miles de cartuchos y varios kilos de cocaína y marihuana.

Todo comenzó el 14 de febrero pasado, cuando el Gobierno de la capital, que encabeza Marcelo Ebrard, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de izquierda, dictó un decreto de expropiación de una vecindad de Tepito de 5.600 metros cuadrados, a la que se accede por las calles Tenochtitlán, número 40 (de ahí El 40), y Jesús Carranza, 33. Esta calle, dicen aquí, es la más peligrosa del barrio y de toda la ciudad. El Gobierno de la capital contribuye de esta manera a los operativos que ha ordenado el presidente Felipe Calderón contra los carteles de la droga en ocho Estados mexicanos, aunque de momento no hay acciones coordinadas con las fuerzas federales. La última de las 73 familias que vivían en El 40 abandonó el lugar la semana pasada.

"Es la primera vez que estamos golpeando la estructura financiera de la delincuencia organizada", asegura el máximo responsable policial de la Ciudad de México. "Estamos presionando para que se promulgue una ley de extinción de dominio y de régimen de propiedad para aquellos que se vinculen con este tipo de operaciones delictivas".

En un barrio donde predomina la marginalidad social y con miles de vendedores ambulantes de productos piratas, llaman la atención las condiciones de las viviendas en fase de demolición. Puertas blindadas con numerosas cerraduras, dobles rejas, pasadizos ocultos, sensores de alarmas, cajas de seguridad camufladas, baños con jacuzzi... A juzgar por la fortificación de las viviendas, los moradores desalojados vivían muy preocupados por la seguridad. Sorprendente en un predio al que, aparentemente, sólo se podía acceder por dos calles y bien protegido por vigilantes.

La policía cree que muchas de estas casas eran almacenes de productos robados o pirateados, talleres para fabricar la mercancía y, en algunos casos, laboratorios para procesar droga. Según las autoridades, este centro coordinaba más de 200 burreritos o vendedores de droga, menores de edad o cerca de los 18 años, que se mueven en moto para llevar la mercancía.