El Sol y Sombra es un tugurio de mala muerte en un extremo de la ciudad de Uruapán, en el Estado mexicano de Michoacán. El 6 de septiembre pasado, a la una de la madrugada, 15 individuos fuertemente armados llegaron a bordo de tres camionetas. Iban encapuchados y vestían de negro, disfrazados con las siglas de la Agencia Federal de Investigación (AFI). Bailarinas y clientes se lanzaron aterrorizados al suelo ante el estruendo de varias ráfagas de armas automáticas. Dos de los asaltantes con grandes bolsas de plástico se acercaron a la pista de baile, arrojaron cinco cabezas humanas y, sin pronunciar palabra, se fueron por donde habían entrado.

Los asesinos dejaron un mensaje inquietante: "La familia no mata por paga, no mata mujeres, no mata inocentes. Sólo muere quien debe morir". ¿Quién es la familia? "Estamos investigando", responde el subprocurador de Justicia de Michoacán, Ramón Ponce. ¿Puede haber alguna relación con el cartel de los Valencia, que opera en este Estado? "Desconocemos quiénes son", asegura. "No hemos detectado vinculación con grupos de narcotraficantes".

Pese a la parquedad del fiscal, pocos dudan en Uruapán que la mano del crimen organizado está detrás de las decapitaciones. Esta ciudad ostenta el récord de muertes violentas, más de 60, de las 396 registradas en todo el Estado de Michoacán en lo que va de año. Juan Carlos trabaja de taxista desde hace 15 años en Uruapán. Cuando se enteró del caso en el Sol y Sombra no le sorprendió. No era la primera vez que aparecían víctimas decapitadas. "El ser humano puede acostumbrarse a todo", dice. El ensañamiento es una característica común en muchas muertes violentas en la zona de Uruapán. El cuerpo de un hombre presentaba más de 100 impactos de bala.

En Angahuan, "pueblo mágico rodeado de montañas, volcanes y pinos", según las guías turísticas, fue encontrada una fosa el 8 de septiembre pasado con seis cadáveres con la yugular cortada y señales de tortura. ¿Por qué tanta violencia y tanta inquina? Michoacán es la tierra donde nacieron nombres ilustres de la historia de México. Como José María Morelos, uno de los padres de la independencia; el presidente Lázaro Cárdenas, que promovió la nacionalización del petróleo y la reforma agraria y encabezó una saga de políticos que incluye a su nieto de idéntico nombre y apellido, que es el actual gobernador del Estado, y Felipe Calderón, el presidente electo que tomará posesión el próximo 1 de diciembre.

Michoacán también es el primer productor de aguacate del mundo, que exporta en grandes cantidades a Estados Unidos y Japón. Pero es también, según la Procuradoría (Fiscalía) General de la República (PGR), uno de los principales productores de amapola y marihuana, con una ubicación estratégica en la ruta del Pacífico, por donde transitan importantes cargamentos de droga con destino a Estados Unidos. El control de tan preciado territorio es una de las causas principales de la guerra que libran los carteles del Golfo y de Sinaloa, dos de las organizaciones criminales más poderosas de México.

Michoacán es, pues, campo de batalla por el control del territorio y por mucho más. La guerra no es sólo entre los más poderosos del crimen organizado: el cartel del Golfo que dirige Osiel Cárdenas Guillén, que actúa en alianza con el clan de los Valencia, y el cartel de Sinaloa, de Joaquín Chapo Guzmán Loera. Se dirime también el control de negocios menores, como apuestas ilícitas, peleas de gallos, trata de mujeres y venta de droga a pequeña escala (narcomenudeo). Las voces de alarma suenan ante la escalada de violencia en numerosos puntos de México.

El embajador de Estados Unidos, Tony Garza, ha advertido sobre "la casi ausencia de la ley" en zonas donde bandas de narcotraficantes y pandillas armadas actúan con impunidad. El presidente electo, Felipe Calderón, ha reconocido que el Estado ha sido rebasado en algunos casos por la acción del crimen organizado. Éste es el "parte de guerra" del viernes 22 de septiembre, un día escogido al azar: 17 personas asesinadas, de las cuales tres en Tijuana y una en Mexicali (Estado de Baja California); una en Laredo (Tejas); una en Reynosa y tres en Matamoros (Tamaulipas); dos en Sinaloa; dos en Morelia (Michoacán), y cuatro en Acapulco (Guerrero). Una semana después, el viernes 29, otras 10 personas cayeron bajo las balas. Desde enero hasta el 30 de septiembre se han registrado en todo México 1.604 muertes violentas relacionadas con el narcotráfico.

Casi seis víctimas diarias. En Tijuana, la Procuradoría General de la República (Fiscalía) atribuye el aumento de la criminalidad a la corrupción de la policía local y a "la complacencia o franco encubrimiento" del alcalde, Jorge Hank Rohn, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

La Fiscalía ha difundido los nombres de varios policías detenidos, entre los que se encuentra un escolta del alcalde. Catorce agentes de Baja California han sido detenidos este año por vinculaciones con el narcotráfico. "Muchos de los asesinatos de policías no son necesariamente por hacer cumplir la ley, sino porque están jugando en dos bandos, o protegiendo al grupo A y al grupo B simultáneamente, cuando los dos grupos están en pleitos", dice Luis Astorga, doctor en Sociología por la Sorbona de París y especialista en el estudio del tráfico de drogas.

Este mismo experto, que coordina la Cátedra UNESCO de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dice que en su país el tráfico de drogas nació dependiente del poder político. En la época del PRI el Estado era el árbitro; en la fragmentación posterior del poder político ya no hay árbitro. "Ahora el Gobierno federal es del Partido de Acción Nacional (PAN), y los gobiernos estatales y municipales están en manos del PRI, PAN y PRD, los tres grandes partidos".

Hay cortocircuitos en todos los niveles, advierte Astorga, porque cada partido gobernante trata de crear sus propios esquemas de seguridad y no hay coordinación. En esta nueva fase se produce lo que los especialistas llaman militarización del narcotráfico, con la incorporación a las organizaciones criminales de ex militares mexicanos y guatemaltecos y de integrantes de pandillas centroamericanas. Las decapitaciones coinciden con la llegada de desertores del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes), grupo de élite del Ejército mexicano, que crean los llamados Zetas del cartel de Osiel Cárdenas, y de los kaibiles guatemaltecos al mundo del narcotráfico.

Son grupos de sicarios entrenados en las tácticas de la contrainsurgencia. La llegada de los kaibiles se produjo a partir del momento en que el Ejército guatemalteco dio de baja a la mitad de sus efectivos. Eran militares que ganaban 150 dólares al mes, mientras que el narco les paga el doble. Karen es el nombre en clave de un ex kaibil capturado que hoy está en situación de testigo protegido.

Su reciente declaración ante los fiscales muestra hasta dónde llega la corrupción de funcionarios por parte del crimen organizado. "Los Zetas Nuevos son los llamados kaibiles, ex militares guatemaltecos que tuvieron entrenamiento especial y que siempre andan con las mejores armas largas y cortas, granadas, chalecos antibalas y cascos", relata Karen. "Son los encargados de ejecutar a la gente porque suponen que eso les da más fuerza y hace honor a su categoría de zetas. Los contadores controlan los recursos económicos de la organización, pagan los sueldos de todos y las nóminas de los servidores públicos que están en contubernio con la organización".

El contador principal, confiesa el declarante, "se encarga de mover millones de dólares diariamente". El testigo protegido explica que "la organización" conoce de antemano los operativos de la PGR por informaciones que recibe de policías o funcionarios corrompidos, y da cuenta de las cifras que cobran los "servidores públicos" que colaboran con la organización: "Tratándose de la Agencia Federal de Investigación (AFI) o jefes del Ministerio Público Federal se paga de 25.000 a 50.000 dólares cada quincena o cada mes".

Un paseo matinal por Uruapán apenas permite captar algún indicio de tan alarmante situación. El tráfico discurre con normalidad en unas calles bulliciosas, sin una presencia policial que llame la atención. Todo inesperadamente normal, hasta que uno empieza a hablar con los lugareños. Las historias de narcos son interminables. Los mejores testigos son los médicos que han vivido en directo las consecuencias de la violencia.

Los heridos de bala llegan con frecuencia a los hospitales, en unos casos trasladados por policías, y en otros, por compinches de las víctimas. "En una ocasión atendí a un hombre joven que llegó al hospital y explicó que se había pegado un balazo en un testículo", cuenta un cirujano. "Llegó a urgencias acompañado de su mujer embarazada. Le operé y cuando le di el alta me regaló una pistola". Tres meses después, un comando de la organización rival rodeó su casa. Dejaron salir a la esposa. Armado con dos fusiles, salió a la calle disparando en todas direcciones. Le acribillaron allí mismo y luego las camionetas pasaron por encima del cadáver hasta dejarlo completamente irreconocible.

El subprocurador Ponce sostiene que la violencia no es un problema de Uruapán, sino de todo México. Las víctimas de levantones (secuestros) mueren en trochas y caminos de las afueras de la ciudad, pero los atentados pueden producirse en el centro de Uruapán y a plena luz del día. Hace apenas dos meses, un hombre fue acribillado al mediodía en la céntrica calle Gran Parada. En un muro se observan cuatro impactos de bala. Rápidamente corrió la voz de que la víctima había tratado de apoderarse de un cargamento de droga.

Es decir, había incumplido los pactos. El gobernador Lázaro Cárdenas, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de izquierda, advirtió recientemente del peligro de que el crimen organizado se apodere de gobiernos municipales mediante la financiación de la política. "Hay una amenaza a la seguridad nacional desde la célula de nuestra República, que es el municipio", dijo Cárdenas. A los narcotraficantes "les interesa más el control de la policía que el poder político", estima el alcalde de Uruapán, Marco Antonio Lagunas, de 38 años y militante del PRD. Según las autoridades, el 75% de los mandos policiales de Michoacán está contaminado por el crimen organizado. El jefe del gobierno municipal recuerda que su director de Seguridad Pública, José Villa Villa, fue asesinado en abril pasado por un comando armado.

Una decena de jefes policiales han sido abatidos por las balas de los narcos en distintos puntos de Michoacán, como Morelia, Lázaro Cárdenas, Aguililla y Apatzingan. El alcalde Lagunas reclama una actuación eficaz por parte del Gobierno federal en la lucha contra un enemigo de dimensión nacional. "Hemos pedido a la Secretaría de Defensa que nos venda armas para la Policía Municipal. Llevamos año y medio esperando". La demanda es de "40 armas largas y 40 armas cortas" para 350 agentes.

El asesinato más osado ocurrió en Morelia el 16 de septiembre del año pasado, Día de la Independencia. Después del tradicional desfile, el director de Seguridad Pública del Estado, Rogelio Sarazúa, se trasladó con su familia a un céntrico restaurante. Dos sicarios interrumpieron el almuerzo y lo acribillaron a balazos después de matar a los dos escoltas que vigilaban en la calle. Gabriel Mendoza era el secretario de Seguridad Pública de Michoacán. Dimitió tras un conflicto con la policía estatal.

El ex ministro explica así la importancia estratégica de Michoacán para los grandes carteles de la droga: "Tiene el puerto de Lázaro Cárdenas con un tráfico de 2.000 contenedores diarios; una carretera por la que se llega a Tejas en 16 horas, y 200 kilómetros de costa virgen, que es puerta de entrada de droga procedente de Colombia y de otros países de América del Sur". Mendoza recuerda que el polo de distribución y de compra y venta de droga se ha trasladado a México, donde operan grandes organizaciones criminales: "Colombia se limita actualmente a la producción", precisa.

"¿Dónde está la sede de las grandes organizaciones criminales, en México o en Nueva York?"

VIAJA EN VEHÍCULO BLINDADO, con un coche de escolta, y su residencia está fuertemente custodiada por el Ejército. El fiscal antidroga, José Luis Santiago Vasconcelos, es el enemigo número uno de los narcotraficantes mexicanos. Dirige desde hace 10 años la Subprocuradoría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), cuya sede en pleno centro de Ciudad de México es una fortaleza. Su cargo depende directamente del presidente de la República. Ha trabajado con tres presidentes (Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox), siete procuradores, cuatro jefes de la DEA en México, cuatro jefes de inteligencia militar, tres del FBI...

Santiago Vasconcelos es un firme defensor de la reforma del sistema de justicia penal -"hay las mismas reglas procesales para Osiel Cárdenas [jefe del cartel del Golfo] que para un pescador que viola la veda" lamenta-, de una ley especial contra la delincuencia organizada y de las extradiciones de jefes narcotraficantes a Estados Unidos. "Disuade un poco la actividad de los cerebros. En Colombia se perdieron los grandes cerebros criminales. Espero que en México pronto haya más extradiciones. Osiel es un firme candidato", dice el fiscal. El Gobierno mexicano ha sido más reacio a las extradiciones a Estados Unidos que Colombia, por la difícil relación entre los dos países, pero la actitud ha cambiado y acaba de ser extraditado un jefe importante del cartel de los Arellano Félix, de Tijuana.

El fiscal Santiago Vasconcelos se resiste a aceptar que las grandes organizaciones de narcotraficantes operen sólo en territorio mexicano. "La cocaína se vende en Colombia a 2.500 dólares el kilo, en México a 8.500 dólares, pasando la frontera con Estados Unidos sube a 12.000 dólares, y en los mercados de Nueva York y Los Ángeles llega a 35.000 y 40.000 dólares. Entonces, yo pregunto: ¿dónde está la sede de las grandes organizaciones criminales, en Ciudad de México o en Nueva York?".