Pasamos de un partido único a un verdadero sistema de partidos, de un poder único, el del Presidente, a una auténtica división de poderes; de un centralismo económico y político a un cada día más consolidado federalismo. Contamos con organismos del Estado independientes para organizar las elecciones (IFE), garantizar la denuncia de la violación a derechos humanos (CNDH) y dar transparencia a la información gubernamental. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha demostrado en los hechos su autonomía, y el Poder Judicial en su conjunto es cada día más profesional.

Nadie puede negar los avances que hemos logrado, pero la labor no está terminada, y estamos todavía muy lejos de ser un país auténticamente democrático. Si bien del lado de los avances la lista es importante, también lo es del lado del déficit, sobre todo en lo que se refiere a la democratización integral de la sociedad.

Los políticos se han preocupado sólo por lograr nuevos espacios para ellos y sus partidos y han dejado de lado la transformación democrática de la sociedad y de sus organizaciones sociales y ciudadanas.

Las organizaciones obreras y campesinas, salvo algunas excepciones, siguen siendo las mismas de hace 20 años. La falta de democracia en los sindicatos y confederaciones donde se prohíbe el voto libre y secreto es la regla en las principales organizaciones del país.

La falta de transparencia en el registro de sindicatos y contratos colectivos permite que la gran mayoría de ellos sean sólo mecanismos de control y abuso en contra de los trabajadores.

La violación sistemática a los derechos laborales que marca la Constitución, con la complicidad del gobierno, permite el trabajo de menores o que trabajadores como los policías laboren 96 horas a la semana.

En el caso de las organizaciones de la sociedad civil el avance ha sido mínimo, y en algunos casos, como en la representación vecinal en la ciudad de México, ha habido un fuerte retroceso.

Otros países, que han vivido una transición democrática como la nuestra, han tenido como preocupación central la promoción de la organización y participación independiente de los ciudadanos en los asuntos públicos; en nuestra transición los ciudadanos y sus organizaciones han quedado de lado, y el objetivo central ha sido consolidar la lucha partidista y mantener el control corporativamente de la sociedad.

Somos uno de los países en el mundo que menos organizaciones civiles tiene; mientras en EU hay más de

2 millones, y en un país como Chile, que tiene 15 millones de habitantes, hay más de 35 mil, en México hay sólo 8 mil 500 organizaciones registradas.

En la mayor parte de los países democráticos hay conciencia de que es responsabilidad del Estado promover y financiar la organización y participación de la sociedad civil, en México el gobierno, el Congreso y los partidos se han desentendido del tema y son muy escasos los recursos y apoyos que se canalizan a este fin.

Nuestra historia priísta se ha impuesto, y los partidos, principalmente el PRD, le han apostado a sustituir al PRI en el control corporativo de las organizaciones sociales, gremiales y ciudadanas en lugar de apostarle a liberarlas.

Es imposible construir un país y una sociedad auténticamente democrática sin una ciudadanía fuerte y participativa. Ojalá ahora que se va a abrir nuevamente la discusión sobre la reforma del Estado, no vayan a dejar otra vez fuera de la agenda la transformación y consolidación democrática de las organizaciones sociales y ciudadanas.

demetriosodi@hotmail.com

Analista político