Esto se hizo evidente por la premura con que se planteó la legislación en la materia, pues fueron adoptadas disposiciones para acceder a la información pública sin que antes existiera la obligación de fortalecer los archivos públicos.

Esa omisión, que subsiste, afecta la magnitud de lo que se quiso hacer en materia de acceso a la información. Es posible que no hayan quedado elementos documentales relacionados con muchas decisiones políticas: Atenco, Chiapas, Cuba, la guerra de Irak, el canal 40, las relaciones con los partidos, con los empresarios y con el clero, y muchos asuntos más que la vorágine de los acontecimientos fue borrando de la memoria inmediata, pero que la historia recogerá.

La experiencia muestra que el acceso a la información ha sido discrecional. El anterior presidente, que blasonaba de transparente y veraz, ofreció al país una versión falsa de sus relaciones con Fidel Castro, por ejemplo, y no fue a través de los mecanismos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que nos enteramos del famoso "comes y te vas".

El acceso a la información corresponde a un diseño avanzado de los controles del poder, porque además del control que practican entre sí los órganos del Estado, se faculta a los gobernados a ejercer una vigilancia política sobre los gobernantes, al contar con la posibilidad de conocer sus archivos. Para apoyar las gestiones indagatorias, en el sistema jurídico mexicano apareció el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Esta institución ha sido tan eficaz que incluso exhibió la arcaica condición de nuestro sistema representativo: para allegarse información gubernamental, la Cámara de Diputados ha tenido que solicitarla como si fuera un particular, a través del IFAI. En otras palabras, un órgano creado por ley del Congreso dispone de facultades que el mismo Congreso no tiene.

Empero, las lagunas subsisten. Sólo hay transparencia cuando se conservan constancias de las decisiones gubernamentales, que en algún momento son accesibles. Sí, los órganos del poder están obligados a informar acerca de los documentos que poseen, pero no están obligados poseer documentación alguna, su responsabilidad es muy ambigua y la transparencia es muy relativa. En otras palabras, si alguien dice "estoy obligado a informar de lo que tenga, pero no estoy obligado a tener nada", hace de la transparencia una apariencia. Esta ha sido, en buena medida, la realidad legal y política, hasta ahora.

Si hemos de tomar en serio las palabras de la ley y de la política, valdría la pena que los textos inscritos en la norma suprema reflejaran una decisión solemne y no un discurso circunstancial. En tanto que no exista el deber de documentar las acciones de gobierno, para que los gobernados sepamos las motivaciones de los gobernantes, así sea muchos años después, la transparencia seguirá siendo una especie de ilusión. De los acuerdos presidenciales, y de los que tengan los secretarios con sus colaboradores, deberían quedar las constancias documentales que nos permitan saber, dentro de algunos años, las razones del poder.

De poco nos servirá conocer el costo del mobiliario o del vestuario oficial, o las percepciones de los funcionarios, si seguimos desconociendo los aspectos cruciales que tienen que ver con el bienestar (o malestar) de la sociedad. Hace poco el ex presidente declaró que tuvo que retractarse del desafuero del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. De no ser por esa declaración, ¿existiría una prueba de la utilización política del ministerio público? ¿Quedaron elementos documentales en alguna de las múltiples oficinas involucradas en ese trámite?

La otra cuestión pendiente es determinar los efectos de que sepamos algo, porque si el objetivo de la transparencia se agota con satisfacer la curiosidad informativa, se podrá acentuar el cinismo que padecemos. En muchos aspectos somos una sociedad sin consecuencias: antes nada pasaba, porque desconocíamos lo que ocurría; ahora nada pasa, aunque sepamos lo que sucede.

diegovalades@yahoo.com.mx

Investigador del Instituto de

Investigaciones Jurídicas de la UNAM