El Consejo de Administración de la OIT adoptó las recomendaciones que hizo el Comité de Libertad Sindical del organismo, que a su vez recogió las quejas de las Organizaciones Empresariales Iberoamericanas (OIE) contra Venezuela

Desde 2003, la OIE ha elevado varias quejas ante la OIT para denunciar "el acoso a los empresarios en Venezuela y a sus asociaciones, así como a algunos medios de comunicación", dijo el secretario general de la OIE, Antonio Peñalosa.

 

La OIT también solicita al Gobierno que deje sin efecto la orden de captura y procesamiento de Carlos Fernández, ex presidente de Fedecámaras, para que pueda regresar a Venezuela sin sufrir represalias. Además, pide que se le devuelva la libertad de poder viajar  a la ex presidenta de Fedecámaras, Albis Muñoz, y a ocho dirigentes empresariales más y también solicita al Gobierno que no interfiera en las asociaciones empresariales "con la promoción de organizaciones afectas al régimen". 

La resolución reclama que responda a los alegatos de la OIE sobre secuestros, invasiones, confiscaciones y expropiaciones. "Se trata mayoritariamente de propietarios de plantaciones agrícolas que perdieron sus terrenos y a cuyas alegaciones el Gobierno aún no ha respondido incluyendo el decomiso de tres productores de azúcar en el 2006, dijo Peñalosa. No obstante, el dirigente empresarial señaló que la OEI, que agrupa a empresarios de 140 países, está "satisfecha" por la resolución adoptada hoy. 

Por último la OIT subraya la obligación del gobierno venezolano de garantizar el ejercicio de los derechos de las organizaciones de empleadores en un clima exento de temor, intimidación y violencia, instándole a que identifique y emprenda acciones judiciales en contra quienes en marzo amenazaron a dirigentes empresariales, atacaron y destrozaron el exterior de las instalaciones de la sede de FEDECAMARAS. La OIT se lamenta de que "el Gobierno rechace la oferta de asistencia técnica de la propia OIT para avanzar en la solución de los numerosos problemas existentes".

En cuanto a los ataques a los medios de comunicación, a raíz del cierre de Radio Caracas TV y al acoso a Globovisión, se solicita al gobierno que se abstenga de toda injerencia en la línea editorial de los medios de comunicación autónomos y que garantice la existencia de medios de expresión independientes, por ser medios esenciales para el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades de expresión de empresarios y trabajadores.

Dada la naturaleza de las "reformas" constitucionales propuestas, es muy probable que Venezuela, bajo la mano dura de Chávez, imponga más cargas y restricciones a la empresa privada.