La ciudadanía termina creyendo, de tanto escucharlo, que la ley tolera la corrupción o que las penas son muy bajas. Esto no es cierto. Nuestro código penal castiga severamente los actos de corrupción.

Lo que sí es cierto es que su aplicación es absolutamente inexistente. No hay voluntad de aplicar la ley.

La corrupción cuenta con un aliado: la propia clase política. En su mayoría, nuestros dirigentes políticos generalizan, acusando a sus adversarios de corruptos y presentándose como portadores de un halo de transparencia inmaculado.

Así ensayan acusaciones que, aunque no se prueben, lograrán su cometido: generar una condena social a su adversario.

Así consiguen, aunque no se lo propongan, que se termine favoreciendo el político corrupto, al que la gente no castigará con su voto, ya que los considera a todos iguales. De todos escucha acusaciones similares.

El camino debe ser a la inversa. La búsqueda de consensos en la proyección de políticas públicas destinadas a combatir la corrupción debería ser un tema que convoque a la unidad de los dirigentes, sin distinción de partidos.

Innovar en la búsqueda de mecanismos preventivos para evitar actos de corrupción debe ser el principal desafío de la administración pública. Los recursos públicos que allí se pierden son carencias permanentes a la comunidad

A menudo caemos en el error de pensar en soluciones que solo agregan burocracia estatal, como por ejemplo secretarias u oficinas anticorrupción.

Es muy difícil que el propio gobierno se controle; aun en manos de la oposición estos organismos intra poder no garantizan transparencia. La propia oposición no es garantía de transparencia.

Hay que pensar en la participación de la comunidad en el control de actos de gobierno, como, por ejemplo, celebrar convenios con colegios de profesionales (economistas, contadores, abogados ) que puedan auditar egresos e ingresos y realizar controles de legalidad sobre contrataciones o licitaciones.

También hay que darle participación a organizaciones no gubernamentales y organizaciones civiles que bregan por la transparencia.

La libertad de acceso a los datos sobre las decisiones del gobierno no debe ser sesgada.

La Justicia tiene herramientas y puede desde sancionar la mera tentativa de cometer un acto de corrupción hasta obligar al corrupto a devolver lo que“robó” o resarcir.

No obstante esto, también hace falta un cambio en nuestra sociedad, y no solo de gobierno, sino de conductas, en todos y cada uno de nosotros.

Porque es tan inmoral, el funcionario publico que recibe una coima, como el empresario que la paga.

Emiliano Alvarez Porte  es abogado y dirigente de la Unión Cívica Radical. Reside en Bahía Blanca.