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27/08/2018 | Argentina- La oscura transparencia de la corrupción populista

Martín Simonetta

Martín Simonetta indica que en Argentina hay 6 millones de empleados privados versus 3,5 millones de empleados públicos, algo que se ha convertido en un Estado insostenible.

 

A poco menos tres años de mandato del Presidente Mauricio MacriArgentina aún no ha logrado dar signos sólidos de recuperación económica. La inflación para el actual año se estima cercana al 32% anual, aunque depende del comportamiento de otras variables. Tampoco ha logrado recuperarse con solidez el nivel de actividad económica y el gobierno ha debido recurrir en los últimos meses a préstamos del Fondo Monetario Internacional ante el incremento del riesgo país y sus efectos sobre la tasa de interés a la que sector público se debe endeudar. 

Prisión tributaria

¿Por qué Argentina no logra cambiar? Tal situación tiene que ver con el riesgo político que ven los gobernantes en achicar el peso de un Estado infinanciable (6 millones de empleados privados en la economía formal versus 3,5 millones de empleados públicos), que sólo se mantiene a través de la adicción al endeudamiento y una presión impositiva que asfixia a la actividad productiva. Achicar el Estado argentino implica un riesgo político para la administración Macri, pero no hacerlo también, tal como lo refleja el sismo económico vivido en los últimos meses. Sólo para mencionar un indicador de la devaluación vivida este año digamos que a inicios de enero del 2018, los argentinos necesitábamos cerca de 18 pesos para comprar un dólar y hoy (a fines de agosto) necesitamos más de 30 pesos para comprar el mismo dólar, es decir un 66% más de moneda nacional. Y, obviamente, la devaluación se está trasladando a precios –como mencionábamos antes– lo que implica una caída del salario real y un incremento en los niveles de pobreza (que se habían comenzado a reducir, aunque tímidamente).

En este marco socio-económico, desde hace algunas semanas se ha incrementado el conocimiento de los resultados de investigaciones respecto a la corrupción en los tres gobiernos de la administración de los Kirchner desde el 2003 al 2015 (Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Cristina Fernández). Algunas primeras estimaciones señalan que, sólo en lo referente a la corrupción por sobreprecios en las contrataciones públicas, el gobierno de los Kirchner ha recibido 36.000 millones de dólares en sobornos, algo así como el equivalente a 9 meses de exportaciones de la Argentina. Incluso, algunos jueces “arrepentidos”, como el caso de Norberto Oyarbide, han reconocido públicamente –en este caso sollozando públicamente– haber favorecido causas en beneficio de los Kirchner, afirmando haber podido evitarlo debido a las presiones recibidas. Del mismo modo en que decenas de “empresarios arrepentidos” –contratistas del Estado– reconocieron el pago de sobornos.

Argentina no puede crecer sólidamente. Y esta situación no es casual. Nos demuestra que el crecimiento económico requiere instituciones firmes, efectivas y eficientes, así como una división real de poderes y no sólo formal. Es difícil esperar una inversión de largo plazo en un país sin una red de instituciones serias, fiables, predecibles. 

Lamento mucho como argentino –que habita la Argentina– que esto sea así, pero no podemos dejar de ver las relaciones de causa-efecto. El país necesita para comenzar a andar el camino de la civilización, transparencia, claridad, predecibilidad, simplificación, así como generar –obviamente– las condiciones de estabilidad económica, ausencia de trabas para realizar negocios y, sobre todo, una reducción de la asfixiante presión impositiva.

En un contexto de reglas de juego donde la corrupción de los gobernantes es parte las actividades permitidas, los únicos negocios viables son aquellos que permiten una rentabilidad basada en la búsqueda de privilegios de corporaciones mal llamadas de empresarios (“rent seeking” según James Buchanan). La economía argentina es más comprensible como una organización medieval en la que señores feudales venden permisos para hacer negocios basados en el privilegio a cambio de un “diezmo” o más, que como una sociedad abierta e institucional y económicamente madura. 

Tras tanta tragedia, veamos el aspecto positivo: la salida a la luz –con evidencia clara y tangible– de la corrupción de los Kirchner es una dolorosa realidad que aflora y que –tal como en procesos psicológicos– es necesario la sociedad argentina reconozca y acepte para comenzar a modificarla. Que la ley se cumpla en el caso de Cristina Fernández de Kirchner sería un dato que marcaría el inicio de la madurez institucional del país. Ojalá Argentina haya comenzado a recorrer el camino de la verdad.

El Cato (Estados Unidos)

 


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