Un “doliente” Felipe Calderón ante la tragedia de Monterrey, donde 52 personas murieron asesinadas tras un ataque al Casino Royale, tiene como antecedente un mandatario cuya popularidad va en picada y un panismo que se halla en riesgo de perder la Presidencia, un territorio nacional controlado en amplias regiones por narcotraficantes y por políticos corruptos, un Estado, pues, declaradamente fallido. El acto terrorista contra esa casa de apuestas activó las alarmas en el Pentágono, que desplazó de inmediato a expertos militares desde Afganistán e Irak hasta las instalaciones del Comando Norte de Estados Unidos, en Colorado, en prevención de una eventual incursión del narcoterrorismo en su territorio.
El
ataque del jueves 25 al Casino Royale, en el centro de Monterrey, consolidó la
transformación del narcotráfico en terrorismo en México a escasos 200
kilómetros de la frontera con Estados Unidos, donde el temor de una mayor
violencia narcoterrorista llevó al Pentágono a desplazar de Irak y Afganistán
hacia el Comando Norte de Estados Unidos, en Colorado, a militares de alto
rango expertos en antiterrorismo.
Altos
oficiales de Estados Unidos que participaron en la persecución de Al Qaeda y
ahora están involucrados en el combate al narcotráfico, se han dedicado a
elaborar material de inteligencia sobre los cárteles mexicanos con un propósito
definido: evitar que la violencia se extienda hacia territorio de su país, el
principal mercado de drogas ilegales.
Contenida
aún al territorio mexicano, la violencia puede escalar más por tratarse de una
confrontación entre empresas delictivas que buscan afectar sus respectivos
intereses económicos y políticos. No sería extraño, advierte el consultor
uruguayo Edgardo Buscaglia, que se incrementen los ataques contra objetivos
políticos, como lo hizo la delincuencia organizada en Italia, Colombia y Rusia.
La
magnitud del ataque al Casino Royale, con un saldo de 52 muertos, llevó al
gobierno de Felipe Calderón a admitir por primera vez la existencia en México
de terrorismo vinculado a la delincuencia organizada, a pesar de que, desde el
15 de septiembre de 2008, el primer ataque contra población civil se registró
en Morelia, Michoacán, a manos de presuntos zetas.
Un
segundo acto de terror ocurrió el 15 de julio del año pasado, al estallar un
coche bomba en el centro de Ciudad Juárez en plena hora de actividad. La acción
fue adjudicada a La Línea, el grupo armado del cártel de Juárez.
El
atentado en Monterrey quintuplicó el número de víctimas mortales causadas en
Michoacán y Chihuahua, aunque en el ataque en Morelia, ocurrido durante la
celebración del Grito de Independencia, hubo más de 100 heridos.
De
acuerdo con Buscaglia, el gobierno de Calderón pudo evitar esa nueva agresión:
Si después del ataque en Morelia hubiera solicitado a la ONU incluir a los
narcotraficantes mexicanos en la lista internacional de terroristas, se habría
desplegado una acción internacional para contener a estos grupos.
“La
omisión y la negligencia son imperdonables” porque gobiernos como los de los
tres países mencionados llevaron a la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
a esos grupos para ser perseguidos internacionalmente, dice desde su condición
de asesor de esa organización en delincuencia organizada.
A
diferencia de la lista que elabora el gobierno de Estados Unidos, la de
Naciones Unidas tiene legitimidad. Pero además, facilita recursos y cooperación
internacional, con lo que se evita la proliferación de mercenarios
estadunidenses, observa el también profesor e investigador que ha trabajado en
universidades e institutos de Estados Unidos, de países europeos, de Argentina
y de México.
Desde el
momento mismo del ataque al casino, el gobierno de Calderón, a través del
vocero de seguridad nacional, Alejandro Poiré, lo calificó como un acto de
terror.
Como
abogado, el presidente Calderón sabe que cuando menciona actos de terrorismo
hace una aseveración jurídica, prevista en convenciones internacionales. Ya no
tiene mucho espacio para dejar de ir a la ONU y cumplir con esa acción legal
plasmada en una Convención ratificada por el Senado mexicano, dice el experto a
Proceso.
Tras los
ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 por parte de Al Qaeda en
Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución 1373 en
la que, entre otras consideraciones, refiere “la conexión estrecha entre el
terrorismo internacional y la delincuencia trasnacional organizada, las drogas
ilícitas, el lavado de dinero, el tráfico ilícito de armas y la circulación de
materiales potencialmente letales.
Además,
los Estados miembros de la ONU están obligados a congelar las fuentes de
financiamiento de los grupos terroristas y de las instituciones financieras o
empresariales que les den servicio, así como actuar contra los funcionarios
públicos y políticos que los apoyen.
Delincuencia
de alta intensidad
Si
México lleva el caso a Naciones Unidas, “lograríamos una cooperación
internacional muy amplia”, como ocurrió en el caso de Colombia contra las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a las que se les retiraron
todos los apoyos en el mundo, empezando por el cierre de las “embajadas
virtuales” que tenían en varios países, incluido México.
Pero
Buscaglia no ve en Calderón disposición para que el organismo internacional
haga esa declaratoria, con la que se tendría la cooperación de las unidades antiterroristas
de varios países, no sólo de Estados Unidos: “Tengo la sospecha de que por
razones mediáticas no quiere llevar adelante esa acción” por las implicaciones
en lo que ha sido su principal acción de gobierno.
Estados
Unidos “tampoco está muy entusiasmado” en que los narcotraficantes mexicanos
sean incluidos en la lista de la ONU porque “tendría una amenaza formalmente
declarada en su frontera sur”. Además, estaría obligado a establecer controles
fronterizos que causarían impacto económico y social.
Ni
México ni Estados Unidos han querido dar ese paso formal. Washington prefiere
manejar el problema sólo como un asunto que tiene con México. El viernes 26, un
día después del atentado en Monterrey, el diario The New York Times publicó que
Estados Unidos ha permitido a agentes mexicanos encubiertos perseguir a
narcotraficantes mexicanos en territorio estadunidense.
Conocida
como Operación Boomerang, ese tipo de acciones fue permitido desde hace dos
años como consecuencia de la violencia desatada precisamente en el corredor
industrial que forman Monterrey y Nuevo Laredo, en Texas.
El
diario recuerda que hace pocos meses, el gobierno de Calderón aprobó el
establecimiento de agentes de la DEA, operativos de la CIA y militares
retirados de Estados Unidos en una instalación militar, precisamente en el
norte de México, “para ayudar a conducir operaciones de inteligencia y reforzar
el trabajo de una “célula de fusión” similar que ya opera en la Ciudad de
México y que fue dada a conocer por Proceso en su edición 1776 en noviembre de
2010. Además, ha permitido la participación de elementos de diversas agencias
estadunidenses en investigaciones, detenciones y labores de vigilancia en
aeropuertos.
En su
edición del viernes 26, el periódico neoyorquino también mencionó la forma en
que está operando el Pentágono: “De manera regular revisa las partes de la
responsabilidad militar en la lucha contra las drogas, poniendo particular
atención en las lecciones de casi una década de operaciones de contraterrorismo
en Afganistán e Irak”.
Varios
oficiales de alto nivel, con años de experiencia en combatir a Al Qaeda y
grupos afiliados fueron movilizados al Comando Norte, como se conoce al centro
responsable de las operaciones militares de Estados Unidos en América del
Norte, ubicado en Colorado Springs, al norte de Nuevo México. Su nueva tarea es
elaborar información de inteligencia sobre las redes de la droga mexicanas.
“Esos
militares están tratando de llevar lo que hicieron en Afganistán y hacer lo
mismo en México”, citó el diario apoyado en fuentes oficiales no identificadas.
El
señalamiento del Times confirma la visión ya expresada por Paul Rexton, quien
fue asesor antinarcóticos de la OTAN en Kabul, Afganistán, y que recientemente
estuvo en la frontera México-estadunidense para investigar sobre la violencia
de los cárteles mexicanos desde la perspectiva de la seguridad nacional de
Estados Unidos.
Actual
profesor de Estudios de Seguridad Nacional en el Colegio de Guerra del Ejército
de Estados Unidos, Rexton publicó apenas el 12 de junio pasado en el sitio
electrónico smallwarsjournal.com el texto: México, un mosaico de la guerra de
los cárteles, en el que asegura que el país vive una violencia de alta
intensidad que se traduce en un conflicto multidimensional, de múltiples partes
y múltiples escenarios de conflicto armado entre grupos criminales que tienen
metas esencialmente delictivas… y en el que el Estado es parte del conflicto
(Proceso 1815).
Asegura
que México vive una delincuencia de alta intensidad por “una guerra motivada
por empresarios violentos que buscan predominar sobre otros y el Estado para
controlar o tener una porción importante del mercado ilegal hipercompetitivo”
de las drogas y otras actividades delictivas. De acuerdo con Rexton, la
violencia como la de Monterrey “es un medio, no un fin”.
Por una
salida multilateral
En otro
texto publicado en el mismo portal el 30 de junio, titulado México: ¿el narco
accidental?, Rexton recuerda que durante la Guerra Fría, Estados Unidos apoyó
las operaciones antinarco de forma secundaria ante su cruzada anticomunista,
pero cuando el gobierno de Bill Clinton desarrolló el Plan Colombia, en el
periodo que siguió a la Guerra Fría, “las operaciones de contrainsurgencia
fueron conducidas bajo la tapadera de operaciones antinarcóticos”.
Asegura
que después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, las
operaciones antidrogas se han subsumido bajo el contraterrorismo. “Cada
presidente de Estados Unidos ha estado en condiciones de incrementar o
disminuir el perfil de la batalla de Colombia contra el narcotráfico apoyado en
el ambiente internacional prevaleciente”. En México, no fue el caso, por lo que
se creó la Iniciativa Mérida, que no consideraba ataques como el perpetrado en
el Casino Royale.
Son
muchos los analistas estadunidenses que insisten en que el combate al
narcotráfico en México siga una estrategia militar antidrogas para detener la
violencia en su frontera, por lo que piden que Estados Unidos desplace su
“imperativo estratégico” de Afganistán e Irak a México.
Edgardo
Buscaglia insiste en la salida multilateral: “México debe decirle de manera
formal a la ONU las acciones que están realizando los cárteles mexicanos. Eso
sería un paso enorme hacia la cooperación internacional. Sin ella, no puede; es
un problema que ya se le salió de las manos”.
Una
segunda medida que propone es ir contra la base patrimonial de esos grupos, tal
como han hecho 17 países que han incluido a grupos armados que cometen actos
terroristas.
Son los
casos, entre otros, del Medio Oriente, Líbano, Perú, Colombia, Rusia, que al
ser incluidos en la lista de la ONU “se les comenzó a desmantelar con una
efectividad que no se veía antes. No es un invento. Cuando ha pasado, caen
políticos, como en Colombia: No es que desaparezca la delincuencia organizada,
sino que se atomiza, se transforma y se vuelve menos violenta”.
Pero en
México, “siempre se protege a esas personas”, pese a estar demostrado que el
aumento de la violencia se debe a que las organizaciones delictivas atacan las
bases patrimoniales y de protección política del grupo adversario.
Ante
ello, califica de “mito” la relación que hace Calderón entre el consumo de
drogas en Estados Unidos y el aumento de la violencia en México, como lo señaló
la mañana del viernes 26 en cadena nacional.
“El
consumo de drogas aumentó en Estados Unidos desde hace décadas y antes fue
incluso mayor y México no tenía los niveles de violencia que hoy padece. Lo que
ha ocurrido es que el Estado mexicano se ha fragmentado y sus recursos ahora
son utilizados por los grupos criminales. Cada organización tiene su parte”,
dice el consultor que ha trabajado para la ONU en Afganistán y Timor.
Señala
“otro mito” de Calderón: pensar que una Ley de seguridad nacional
“militarizada, fascistoide, de los años cuarenta”, va a resolver el problema,
como también lo hizo ver en su mensaje al reprocharle al Congreso que no haya
aprobado su iniciativa de ley.
“El
presidente está desesperado. Toma esa ley como un instrumento para delimitar
las acciones del Ejército. Es muy miope. Debe replantear las acciones para
contener cualquier amenaza que impida al Estado satisfacer la seguridad de la
población”, lo cual significa incorporar al Gabinete de Seguridad Nacional a
secretarías como la de Desarrollo Social, Hacienda y Economía.
Las
Fuerzas Armadas, precisa, son sólo una dimensión de la seguridad nacional, es
un enfoque que está a décadas de lo que plantean el propio Estados Unidos o la
Unión Europea.
En lugar
de eso, “la estrategia miope del gobierno federal ha sido la de esperar que una
alianza centrada en el cártel de Sinaloa se consolide en el país. Están
esperando lo pasó parcialmente en Tijuana: “pan para hoy, hambre para mañana”.
Buscaglia
corrige: “Decir estrategia es un elogio. Se trata de acciones improvisadas, con
unas Fuerzas Armadas que no están preparadas para combatir en teatros de
operaciones, sin que se actúe contra la protección de los grupos criminales y
sin que se haya hecho algo a largo plazo para la prevención social”.
Advierte
que la violencia va a seguir escalando, no porque los delincuentes sean
irracionales, sino porque se trata de empresas que en su afán de control atacan
centros patrimoniales y políticos de sus adversarios. Tan sólo en el caso de
los alcaldes, ya son 26 los asesinados.
Insiste:
La violencia se mantendrá mientras no se desmantelen las redes de protección a
esos grupos, pero peor aún puede dar lugar a escenas que ya se han visto en
América Latina con ataques a centros comerciales o bombas en estadios o cines.
Cuando
los grupos delictivos se transforman en terroristas y empiezan a atacar
objetivos comerciales de grupos rivales, también atacan a políticos,
congresistas, jueces; es decir, “el corazón mismo del poder que los ha
protegido”.