En los primeros cuatro factores, policía, procuradurías, Poder Judicial y cárceles, el común denominador es la corrupción, y en las leyes, la protección más al victimario que a la víctima.

En México, a lo largo de los años, y de los gobiernos, nunca se ha dado un enfoque global a este problema: o se atiende a las policías, o a las procuradurías, o a los jueces o a los sistemas penitenciarios o a las leyes. Se ha tratado de avanzar en una o dos, pero nunca de un modo totalizador.

Así, vemos las cifras de los detenidos que son sentenciados, que hay quienes las ubican entre 1 y 3 por ciento; o la debilidad, cómplice, de las consignaciones, o las desviaciones de algunos malos integrantes del Poder Judicial, así hasta llegar al sistema carcelario que podría decirse es el peor de los cinco elementos.

En los sistemas penitenciarios estatales lo que priva, además del hacinamiento y sobrecupo, es el autogobierno de los internos y la corrupción, hablar de readaptación es un ejercicio inútil: no la hay a ningún nivel.

Por eso no me acaba de sorprender el que para ocultar una fuga de 30 reos, hayan ejecutado a otros 44 en la penitenciaría de Apodaca, en Nuevo León.

Y no me asombra porque en los últimos cinco años se han registrado 20 motines en penales estatales con un saldo de 271 muertos, en todos los casos, consecuencia de la corrupción de los que están dentro, y de éstos con los que, autoridades, están afuera.

De lo contrario sería imposible.

Y mientras no se le dé un enfoque global, seguiremos así, o peor.