Hace unos días que hemos conocido la oposición del presidente Obama a la nueva Ley de Inmigración aprobada por el Estado de Arizona (más conocida como Iniciativa SB1070) mediante la que se endurece claramente la situación de los inmigrantes ilegales en este Estado norteamericano.
La gobernadora
republicana Jan Brewer acusa al Gobierno Federal de fallar en el mantenimiento
de la seguridad de la frontera con México, de tal manera que, según ella
afirma, no ha tenido más remedio que tomar cartas sobre el asunto y concluir
con una Ley que pondrá en aprietos a todo aquél que se pasee sin papeles por
Arizona.
Mediante esta Ley, la policía podrá detener o interrogar sobre su
situación migratoria a cualquier persona involucrada en algún delito en Estados
Unidos. Asimismo, se castiga a los patronos que contraten trabajadores
indocumentados (Bono tendría un serio problema con esto) y señala como delito
la estancia ilegal en el país.
La cuestión es que la
SB1070 viene a cubrir una serie de demandas de los ciudadanos, así como de
organizaciones civiles que viven en un Estado pasto del narcotráfico. En el
otro lado, una serie de organizaciones lideradas por latinos que se sienten
afectados por considerar que esta Ley vulnera la autoridad exclusiva del
Gobierno Federal de los Estados Unidos para regular la inmigración de todo el
país. Desde el Fondo México- Americano de Defensa Legal y Educativa (MADEF) se
asegura que en Estados Unidos “no se debería permitir a la gobernadora Jan
Brewer pervertir las prioridades de las políticas federales y obstruir el
progreso nacional para satisfacer sus caprichos políticos”.
Brewer asegura que no le
dolerán prendas en recurrir a la Corte Suprema si Obama finalmente toma la
dirección que considera equivocada.
Arizona tiene tradición
de ser un Estado racista y es ahí donde cuelgan sus argumentos los detractores
de la Ley. ¿Qué es lo que está pasando en realidad?
1.
Obama no sale de la meta de salida
El presidente de los
Estados Unidos ha tomado cartas en el asunto cuando el tema está al final de un
proceso que no tiene fin. Desde que en abril de 2010 Arizona pusiera la Ley
encima de la mesa, el Gobierno Federal ha tenido noventa días para pensar qué
hacer. Ahora, fuera de plazo, Obama se descuelga con un discurso al que
estamos acostumbrados ya en estas latitudes: mucha demagogia, pero pocas
soluciones.
Los argumentos del
presidente se sustentan en la importancia de los migrantes en la historia y el
progreso de Estados Unidos, a la vez que asegura que la mayoría de los
estadounidenses están listos para respaldar una reforma que ayudaría a resolver
el estatus de unos once millones de inmigrantes ilegales. “Estados Unidos
tiene el derecho de controlar su frontera y establecer normas, que con
independencia de la honestidad de las personas que llegan a aquí, nadie ingrese
a territorio estadounidense de manera ilegal. Debemos dejar a un lado la
politiquería para aprobar una reforma migratoria integral para un sistema
quebrado”. “El gobierno debe garantizar la seguridad en la
frontera, por eso, la secretaria del Departamento de Seguridad Interior, Janet
Napolitano, tiene autorización para fortalecer la vigilancia en la frontera aún
cuando no exista una ley migratoria federal”.
Obama
asegura que los estadounidenses no pueden seguir perdiendo puestos de trabajo
por la demanda de los inmigrantes ilegales y asegura que es imposible seguir
haciendo la vista gorda permitiendo que un sector opere fuera de ley,
en referencia a las empresas que dan trabajo a las personas sin documentos para
emplearse.
Asumen que el mayor
problema de inmigración del país ocurre en el ingreso por la frontera sur,
aunque también hay muchos visitantes que se quedan en el país.
“Estados Unidos es un
imán para lo mejor del mundo. Sin embargo, este flujo de inmigrantes provoca
que haya trabajadores ilegales que son vulnerables a que les paguen menos
del salario mínimo y que se violen estándares de seguridad en el ámbito laboral”.
"En esta
situación, estados como Arizona han decidido actuar por cuenta propia (...).
Estas leyes también violan los derechos de los ciudadanos, a medida que
otros estados y regiones actúan por cuenta propia nos encontramos con una
maraña de nuevas normas, cuando sabemos que hace falta un estándar nacional".
El
problema de Arizona no es tanto la contratación de ilegales para cualquier
trabajo, como el establecimiento de los cárteles de narcotraficantes más
peligrosos de México. Todo lo que sabemos
hasta ahora es que Obama ha pedido a los inmigrantes ilegales que se sometan a
un registro para obtener la nacionalidad, que aprendan inglés y regularicen su
situación legal: “no sólo por cuestión de justicia, se trata de ser
consciente de que así podemos demostrar qué es lo que significa ser un
estadounidense, con derechosy obligaciones fundamentales".
Esta es toda la
propuesta. No parece que los narcotraficantes estén muy preocupados por
demostrar su orgullo americano, no si saben más inglés que su vecino.
La realidad va por
delante. Una encuesta de finales de mayo de CNN/Opinion Research Corp.,
indica que el 57% de los estadounidenses apoyan la ley de Arizona,
contra el 37% que se oponen a ella. Asimismo, en el sondeo se indica que nueve
de cada diez estadounidenses está de acuerdo con reforzar la frontera con
México. El 80% de los entrevistados apoyarían un programa que
permitiera a los inmigrantes ilegales que ya están en Estados Unidos
regularizar su estancia.
Otra encuesta, esta vez
realizada por de Gallup-USA Today, indica que el 50% de los
norteamericanos cree que la reforma migratoria debería enfocarse a detener el
flujo de inmigrantes ilegales. El 45% pide que se desarrolle un
sistema para que regularicen su situación. Ocho de cada diez
norteamericanos están dispuestos a dar una oportunidad a los inmigrantes sin
papeles que ya viven en el país, realizando un examen para solicitar la
residencia, siempre y cuando tengan un trabajo y estén dispuestos a pagar
impuestos. Sin embargo, solo el 38% de los encuestados considera esto como una
prioridad, porque para el resto, la prioridad está en reforzar la seguridad en
la frontera sur.
La cuestión es que la
polémica ley de inmigración SB1070 del estado de Arizona, entrará en
vigor el próximo 29 de julio y fue promulgada por la gobernadora Jan Brewer, el
23 de abril de 2010. Esta Ley vendría a reforzar una normativa anterior en la
que el Estado de Arizona permite procesar a traficantes de indocumentados
(2005), así como otra normativa promulgada en 2007, en la que se castiga a los
patronos que contraten trabajadores ilegales.
La gobernadora dijo en
ese entonces que “este proyecto de ley le da el apoyo a las autoridades del
Estado para protegernos a todos, a cada ciudadano de Arizona y a todos los que
están aquí, en nuestro estado legalmente”.
2.
La bodega de marihuana más grande del mundo
Esta es Arizona, según
la han bautizado los agentes federales de Estados Unidos que trabajan en este
estado sureño. Incluso han adoptado esta definición las autoridades mexicanas
al otro lado de la frontera. Desde Arizona se introduce la droga que se
distribuye a los cincuenta estados del país. La razón, el asentamiento de
operadores de los cárteles más activos y peligrosos de México, junto al alto
grado de corrupción que existe en la propia policía. En Arizona están casi
todos: los Beltrán Leyva, el cártel de Juárez, La Familia Michoacana, Los Zetas
y la organización más peligrosa y con más peso en el mundo del narcotráfico por
aquellas latitudes, la organización del Chapo Guzmán.
Según
la policía de la ciudad de Phoenix, ésta se ha convertido en “zona cero del
narcotráfico en Estados Unidos” para los narcos mexicanos más violentos.
Desde 2005 hasta ahora, los secuestros con violencia se han incrementado un
325%.
También ha aumentado
significativamente el número de coyotes, o traficantes de personas,
siendo las mujeres y los niños las principales víctimas.
La explicación es
sencilla. En los últimos años, los cárteles de la droga de América Latina
han trasladado su centro de operaciones desde Colombia -gracias a la labor
desempeñada por el ex presidente colombiano Álvaro Uribe, implacable contra el
narcotráfico-, hasta el norte de México, aunque en Colombia quede mucho por
hacer. Solo en la ciudad de México, el nivel de secuestros y asesinatos ha
sumado unos 4.400 víctimas, nivel de violencia que se traslada paulatinamente
hasta el sur de Estados Unidos, como es el caso de Arizona, donde gracias
a la falta de una buena legislación contra la inmigración ilegal, se han
refugiado los cárteles antes mencionados. Muchos ciudadanos de Phoenix, nativos
y mexicanos, tienen miedo de salir a la calle o dirigirse a su puesto de
trabajo, dado el alto nivel de violencia que existe hoy en la ciudad.
Más datos: de los 46.000
arrestos que la policía llevó a cabo en el condado de Maricopa, 6.000 eran
inmigrantes ilegales involucrados en el tráfico de drogas. La misma patrulla
fronteriza encargada de custodiar el inservible muro de metro y medio que separa
México de Estados Unidos acaban por abandonar la zona tras sufrir serias
amenazas.
En cuanto al negocio de
la cocaína, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,
estima que la ruta de la coca donde intervienen los cárteles mexicanos genera
treinta y tres mil millones de dólares al año, de los que veintinueve mil
millones se quedan en Estados Unidos
3.
La Ley y la realidad
Un somero repaso al
texto de la Ley invita a concluir que la norma regula aspectos muy domésticos
y muy concretos, tales como la posibilidad de que la policía solicite
documentación que acredite que una persona está de forma legal en el
Estado, siempre y cuando haya indicios fundados. Una documentación
bastante accesible para cualquiera, como es un permiso de conducir o un
DNI.
No es asunto baladí. Hay
algunos datos que permiten sospechar que la población en situación irregular es
más numerosa de lo que parece. Desde que comenzó a hablarse de la Ley, el
volumen de ventas de negocios de alimentación típicamente mexicana ha caído
entre un 35% y un 40% en la ciudad de Phoenix, núcleo donde se sitúa la mayor
parte de la población hispana, que representa el 30% de la población de
Arizona. Datos de la Cámara Hispana de Comercio de Arizona estima que su poder
anual de compra es de unos treinta y un millones de dólares.
La misma fuente asegura
que de los 50.000 negocios latinos que hay en todo el Estado, la
mayoría son empresas familiares pequeñas, ubicadas en la zona de Phoenix,
principalmente. Si como aseguran los habitantes de Arizona, se observa un
incremento de de las ventas de patio de fin de semana en los jardines de los
barrios donde hay más población inmigrante, es claro que el éxodo ha comenzado
y que éste está motivado por la falta de documentación que acredite la
legalidad de su estancia.
Frente a la preocupación
de la colonia hispana a que con esta Ley comience una persecución sin cuartel,
la gobernadora Brewer promete que no habrá violaciones de los derechos civiles.
En el texto de la Ley se especifica que debe haber una sospecha razonable de
que una persona está en el país de manera ilegal. También se expone que no se
puede usar la raza, el color o el origen para sospechar.
Otro aspecto interesante
de la Ley tiene que ver con el tráfico de personas con fines lucrativos o
comerciales. Se prevén sanciones graves tanto para las personas que
trafican con personas, como aquellas que facilitan vehículos para el
transporte, incluyendo a familiares cercanos que participen en la secuencia.
Este particular viene a
legislar sobre un lucrativo negocio que empieza a superar al del narcotráfico.
Según Naciones Unidas, la industria del tráfico clandestino de personas
genera más ganancias al crimen organizado en México que el tráfico de drogas y
armas. El 90% de los inmigrantes ilegales- unos dos millones y medio por
año- es ayudado por facilitadores que están conectados con estas redes
criminales. El 80% de los latinoamericanos que cruza a Estados Unidos es
mexicano, mientras que el 20% proviene de Centroamérica. Prácticamente todos
llegan de la mano de estas redes.
Otra pata de la Ley hace
referencia a la contratación de inmigrantes ilegales y sus consecuencias
legales. En el texto de la Ley se especifica que el fiscal investigará si la
denuncia de que ocurre esta práctica es cierta antes de establecer una pena.
Asimismo se dice que “el fiscal general o del condado no investigará
denuncias basadas exclusivamente en la raza, el color o el país de origen”.
La Norma, que no tiene
carácter retroactivo para acciones anteriores a 2008, especifica que el
empleador que incurre en esta práctica deberá rescindir la relación laborar con
el inmigrante ilegal empleado y someterse a un período de observación de tres
años, en los que deberá presentar cumplida documentación a la autoridad
competente de cada contrato que hace.
El empleador forma parte
del programa “e-verify”, de verificación de contratos de acuerdo a la ley y las
condiciones legales del empleado.
Conclusiones
La reforma migratoria ha
sido una especie de peso muerto sobre los hombros de los políticos de Estados
Unidos durante años. La falta de una política federal integral se está
volviendo contra el propio Obama, que se presentó antes los estadounidenses con
el propósito de enmendar la situación, que a todas luces no solo no ha
hecho nada, sino que la situación en algunos puntos del país, como es el caso
de Arizona, ha abocado a sus ciudadanos a solicitar una Ley que contribuya a
facilitar la convivencia segura para todas las personas que viven allí de forma
pacífica y cumpliendo con los requisitos legales.
Es claro que Arizona
tiene serios problemas con el narcotráfico y el asentamiento en su
territorio de los cárteles más peligrosos de México.
Ello no quiere decir que
todos los inmigrantes se dediquen al crimen organizado, como también es cierto
que muchos miles se ven sometidos a vivir en la clandestinidad, subsistiendo
con trabajos precarios y mal pagados porque no han tenido posibilidades de
legalizar su situación, seguramente porque han sido pasto de las redes de
traficantes de personas que viven de este lucrativo negocio a costa de la
miseria que padecen sus iguales.
Pero no por ello, Barack
Obama debe dejar de cumplir con su obligación como presidente del Gobierno. Si
sigue demorando el debate serio y riguroso que debe preceder a una Ley de
Inmigración que contemple esta realidad, más allá de si se es mejor o peor
americano o si se habla inglés, es claro que los gobernadores de los estados
de la Unión que más padecen las consecuencias de su inacción seguirán tomándose
la justicia por su mano, con el respaldo de la mayoría de los estadounidenses.
“Hemos intentado
tener una reforma migratoria los últimos cinco años, con intentos previos que
van más atrás”, dijo Marc Rosenblum, analista de políticas públicas del Instituto
de Políticas Migratorias, un centro de estudios apartidista. “Creo que los
electores están impacientes, especialmente los que tienen algo que ver en esto,
como los inmigrantes, sus familias y los negocios que los emplean”.
Obviando el tema, Obama
hace un flaco favor a los once millones de inmigrantes que son parte de Estados
Unidos, de su sociedad, de su cultura y de su economía, a la que contribuyen
legal o ilegalmente.
La demagogia no puede
sustituir a la política… aunque de eso, por aquí sabemos un rato.