Se trata de un fragmento del Plan Renacer con el que Alfonso Cano a mediados de 2008 delineó una nueva etapa de la confrontación con el Estado. Antes, en el Manifiesto de las FARC de octubre de 2007, el grupo advirtió que de “la pólvora y el fragor de los combates está surgiendo una fuerza guerrillera de nuevo tipo… que es verdadero poder de fuego político y militar al servicio de la causa popular”, y que la respuesta al Estado incluía “la movilización de pueblo en acciones de calle y bloqueo de carreteras que paralicen el país”.

Así mismo, en diciembre de ese año, en su último mensaje público, Manuel Marulanda señaló la ruta: “los cuadros farianos están obligados a conducir las organizaciones de masas bajo su dirección en la lucha por sus reales reivindicaciones… que son tan indispensables como las acciones armadas de FARC en carreteras, veredas, selva, centros urbanos, caseríos, cuarteles, sin dar tregua al enemigo”.

El norte del Cauca se convirtió en el laboratorio ideal: contradicciones históricas por la tierra, discurso indigenista de corte nacionalista en contraposición al Estado colombiano, abandono social, geografía que favorece la subsistencia de las guerrillas, corredores de movilidad para sacar estupefacientes al Pacífico y cultivos de hoja de coca. Tales condiciones han sido aprovechadas al máximo por las FARC a través de alias Matías, un experto en trabajo de masas y mediante el Movimiento Bolivariano, las milicias y el Partido Comunista Clandestino de Colombia PC3.

Las imágenes de televisión lo dicen todo. Lo que las FARC no pudo por la vía militar amenazan con lograrlo con el trabajo de masas. Mientras grupos de indígenas desmantelan bases móviles del Ejército, destruyen trincheras, apalean y sacan arrastrando a los soldados, los guerrilleros disparan desde las montañas adyacentes. El objetivo es claro: vender la idea de que la legitimidad en la zona la tienen las FARC y no el Estado y que la causa del conflicto es un Ejército que actúa como fuerza de ocupación. Es la mayor maniobra política y militar en que se ha empeñado a fondo la guerrilla y una magistral lección de guerra política que el gobierno no quiso ver o que vio y subestimó.

La guerra irregular es muy diferente a la de los años precedentes. Es una guerra orientada a neutralizar la asimetría militar y q se ampara en garantías constitucionales. En Cauca ha llegado a su más alto punto de sofisticación: utilizan para sus planes las normas que protegen los territorios indígenas, al tiempo que se dan el lujo de expulsar violentamente a los militares de algunas zonas. El Estado yace en un espectáculo de impotencia sin antecedente. Se abstiene de responder el Ejército para no caer en la trampa tejida por FARC de provocar una tragedia que lo deslegitime y entregue a la población, ahora sí, por completo a la guerrilla, en una hábil jugada que pone en jaque al Estado.

Los resultados no pueden ser peores: un paraíso para el narcotráfico y guerrillas, una zona de impunidad total, cero persecución de la fuerza pública y deslegitimación y colapso del Estado. El gobierno de Santos no puede sumar al Marco Jurídico para la Paz que da impunidad a crímenes atroces de FARC otra concesión bestial: una zona desmilitarizada similar a la del Caguán, ya no pactada sino impuesta.

Detrás de la retórica indigenista se esconde el narcotráfico. En 2011 no se erradicaron cultivos ilícitos en resguardos porque la Constitución exige hacer una consulta previa con los indígenas. Esa figura destinada a proteger a esos pueblos terminó transformada en un aliciente para que el crimen transnacional victimice a esas poblaciones. Según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de ONU entre 2009 y 2010 aumentaron en 21% las hectáreas de coca cultivadas en resguardos en tanto que a nivel nacional disminuyeron en 15%.

Eso explica que las FARC estén detrás de convertir el norte del Cauca en una zona de despeje utilizando a las organizaciones indígenas.

Autor del libro Paz Justa.

Twitter: @RafaGuarin