Aprovechando su renovada popularidad gracias al éxito diplomático en la crisis de Gaza, el presidente egipcio, Mohamed Morsi, ha firmado este jueves cuatro decretos que le sitúan por encima de la ley, sometiendo el poder judicial a su autoridad. La repentina decisión representa todo un golpe de efecto en el largo conflicto que enfrenta a los Hermanos Musulmanes con un sector del estamento judicial en el contexto de una enmarañada transición democrática. De acuerdo con el nuevo paquete legal, que tiene rango de declaración constitucional ante la ausencia de una Carta Magna, ninguna de las decisiones, decretos o leyes aprobados por el presidente Morsi desde su investidura podrán ser revocados por otra institución del Estado, incluido el poder judicial. Ni tan siquiera Mubarak consiguió tal posición de preeminencia, al menos desde el punto de vista legal.

Además, el rais cesa al rebelde fiscal general del Estado, Abdel Maguid Mahmud, y nombra en su lugar a Talat Abdullá. Mahmud era una figura molesta para Morsi y los Hermanos Musulmanes. Vestigio de la era Mubarak, se responsabiliza al exfiscal general de la absolución de relevantes figuras del antiguo régimen. El presidente ya cesó el pasado mes a Mahmud, para enviarlo de embajador al Vaticano. No obstante, el fiscal general, un cargo vitalicio según la normativa vigente, se aferró a su cargo y logró que Morsi desistiera en su intento. Por lo visto, solo de forma temporal.

En un guiño a las fuerzas revolucionarias, uno de los decretos de Morsi ordena volver a juzgar a todas aquellas personas absueltas en juicios sobre los asesinatos y abusos cometidos durante los 18 días de la revolución egipcia del año pasado. Con pocas excepciones, entre ellas la de Mubarak y su ministro del Interior de la época, los juicios a los altos cargos y oficiales de las fuerzas de seguridad se han saldado con absoluciones por falta de pruebas. Precisamente, este era una de las principales demandas de los revolucionarios, que Morsi prometió cumplir durante la campaña electoral.

Por último, el líder islamista blinda la Asamblea Constituyente y la Cámara Alta, ambas amenazadas de disolución por sendas demandas que está estudiando el Tribunal Constitucional. Además, Morsi amplia en dos meses el plazo a disposición del comité constituyente para redactar la nueva Carta Magna, y que debía expirar a principios de diciembre. La Asamblea se encuentra ante una grave crisis tras la reciente retirada de los partidos laicos argumentando que el órgano está dominado por las corrientes islamistas.

Así pues, con su paquete de medidas, Morsi intenta llevar el agua a su molino en varios conflictos que enfrentan a los Hermanos Musulmanes con algunos estamentos y sectores de la sociedad egipcia. El rais repite la jugada que le permitió relevar a la cúpula del ejército el pasado mes de agosto, y muestra tener un fino olfato para entender las dinámicas de poder y las ventanas de oportunidad política para reafirmar su autoridad presidencial.

Sin duda, el principal blanco de la ofensiva de Morsi es un sector del estamento judicial, liderado por el liderado por el Tribunal Constitucional. La disputa con las altas instancias de la judicatura arranca con la disolución de la primera Asamblea Constituyente, así como del Parlamento, ambos órganos dominados por los islamistas. Desde su inicio, la transición egipcia ha sido una lucha descarnada entre varios movimientos políticos y centros de poder. La ausencia de cualquier tipo de consenso, ni tan siquiera entre las fuerzas revolucionarias, provocó la politización de la judicatura. Y muy especialmente de sus altas jerarquías, plagada de magistrados fieles a Mubarak y hostiles a la ideología islamista.

Sin embargo, habrá que ver si Morsi consigue sus objetivos con este audaz movimiento, o más bien consigue galvanizar y unir a sus detractores. Desde su investidura el pasado mes de junio, las manifestaciones populares de rechazo hacia su Gobierno han sido de alcance más bien limitado. ¿Dominará entre revolucionarios y laicos la satisfacción por la reapertura de los juicios a los responsables policiales de la era Mubarak o el temor a una nueva Constitución de corte teocrático?

De momento, las redes sociales están en ebullición, y son pocos quienes aplauden el gesto del rais. El viernes ya había convocada una manifestación en la plaza de Tahrir contra la actuación policial durante los últimos días de protestas de los activistas revolucionarios, que se han saldado con más de un centenar de arrestados y heridos, alguno de ellos de extrema gravedad. Tras el inesperado golpe de efecto de Morsi, el sentir de la icónica plaza será el viernes todo un termómetro del grado de tensión social del Egipto posrevolucionario.