Gobernar obedeciendo… Todavía no entiendo su sentido, mucho más en estos días, cuando el imaginario popular se alimenta del empeño del Gobierno por desarrollar el proyecto vial sobre el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) “quieran o no quieran” los indígenas, como ya lo dijo el presidente Morales. Es que si bien las autoridades pueden justificar su afán por la construcción con la necesidad de desarrollo e integración de la Amazonía del país, resulta incomprensible cómo el emprendimiento no tuvo la previa consulta.

No es mi intención hacer un análisis jurídico o técnico del asunto, pero creo que la letra muerta de la Constitución Política del Estado (CPE) en este asunto ni fue mencionada. El inciso 15 de la norma establece que los pueblos indígena originario campesinos (IOC) tienen derecho “a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles”.

La norma tiene concordancia con el Convenio 169 de Pueblos Indígenas y Tribales, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que básicamente se refiere a la propiedad de la tierra, la igualdad y la libertad, y —hay que leerla con énfasis— la toma de decisiones sobre proyectos que los afecten, a favor de los pueblos IOC. Y con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de la que el país es signatario.

No hubo sino hasta la semana pasada una convocatoria del Gobierno para cumplir ese mecanismo de consulta, aunque al mismo tiempo el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, aclaró que ese trámite eventualmente no será vinculante, es decir, no otorgará a los pueblos IOC la atribución de veto al proyecto. De cualquier manera, éste es un asunto de largo y profundo debate al que no quiero entrar. Lo que me llama la atención de este conflicto, que hasta ayer motivó otros, es que ha despertado una adherencia inusual en sectores no vinculados con el proyecto, especialmente urbanos. Muchos de esos activistas, especialmente jóvenes, se han sumado a la marcha que ayer comenzó en Trinidad.

¿De pronto somos ambientalistas? Quizás sí, pero también es creíble que este movimiento en defensa del TIPNIS sea el catalizador de ciertos descontentos sociales con el régimen político. Es que el presidente Morales, al margen de las deficiencias gubernamentales en un eventual consenso con los pueblos afectados y sus declaraciones en sentido de que el proyecto se hará sí o sí, ha alimentado más el conflicto al llamar a los jóvenes a enamorar y “conquistar a las compañeras yuracarés trinitarias” para supuestamente convencerlas de que no se opongan a la construcción.

Sin embargo, eso es todavía discutible. Lo cierto es que —anótelo bien, aunque sea extenso el nombre— la VIII Gran Marcha Indígena por la Defensa del TIPNIS por los Territorios, la Vida y los Derechos de los Pueblos Indígenas ya es un fenómeno político, incluso comparable con la Marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990, que puede cambiar el curso del gobierno de Morales.