La administración del presidente Barack Obama sustituyó las redadas de inmigrantes indocumentados por auditorías para verificar documentos, mediante las cuales obliga a las empresas a despedir a inmigrantes, denunció ayer el diario The New York Times.
En el último año, las autoridades estadounidenses de migración han examinado los documentos presentados por los trabajadores cuando solicitaron empleo en unas dos mil 900 empresas, a las que impusieron multas por unos tres millones de dólares, agregó el rotativo.
Los patrones ahora llaman a esas auditorías “redadas silenciosas”, que los obligan a despedir personal, a pagar multas y dificultan recontratar a inmigrantes. Las redadas silenciosas por lo general no terminan en deportaciones, sino que los indocumentados quedan desempleados y con dificultades para encontrar un nuevo empleo. La medida impacta en especial a algunos sectores como la agricultura, en el que la Federación Laboral reconoce que por lo menos 60% de los campesinos son indocumentados mexicanos.
El periódico citó como ejemplo que en el estado de Washington, en la agroindustria Gebbers Farms, una auditoría encontró que 500 trabajadores eran indocumentados, el patrón los despidió y luego no encontró campesinos con visa para sustituirlos. Este tipo de “redadas silenciosas” repercuten en las comunidades locales donde se aplican, señaló el diario. A seis meses de realizada la auditoría en Gebbers Farms, la empresa tiene un déficit de trabajadores para la cosecha de manzana y los inmigrantes siguen en el poblado, pero sin trabajo.
La cosecha del año de esa agroindustria podría perderse y no hay estadounidenses que la recojan. Sin la cosecha también quedan desempleados los empacadores de la manzana. The New York Times enfatizó que son trabajos que realizan, en 80%, empleados latinos o hispanos. Los dueños de Gebbers Farms tuvieron que solicitar a la administración Obama visas para contratar a mil 200 campesinos, 900 en México y 300 en Jamaica, pero los que fueron despedidos siguen sin trabajo. Funcionarios de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), encargada de las redadas y las auditorías, dijeron al rotativo que esa agencia trata de crear una nueva costumbre de revisar documentación de empleados entre los patrones.
El director del ICE, John Morton, dijo al diario que sus agentes buscan a los patrones más notables, como una panadería en San Diego que enfrenta una docena de cargos por apoyar a indocumentados.
En tanto, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos y otras organizaciones presentaron el viernes un séptimo desafío legal contra la ley de Arizona en una corte federal, se informó ayer.
La demanda es la primera objeción legal contra los materiales de entrenamiento para los policías encargados de implementar la nueva ley, que entraría en efecto el 29 de julio. Los querellantes señalan que los materiales usados para el entrenamiento son “tan vagos y mal definidos que con seguridad conducirán a la discriminación y la categorización racial”.
Entre los materiales dados a los policías se encuentra un video en el que se advierte a los funcionarios que no se basen en la raza o en la etnia a la hora de implementar la nueva ley, pero también les dice que pueden tomar en cuenta si una persona habla mal inglés, está nerviosa o viaja en un vehículo repleto de gente.
