La comunidad internacional debe conocer que los actos de corrupción y la desobediencia a la ley del ex presidente Manuel Zelaya generaron el conflicto social que vive el país, que debe ser resuelto con base al diálogo.
Así se pronunció el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) ante la visita hecha por la misión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) que intentó dejar arreglada la crisis hondureña al motivar a las partes en conflicto a firmar el Plan San José.
"No podemos obviar, ni puede hacerlo la Comunidad Internacional, los serios cuestionamientos por actos de corrupción y la flagrante inobservancia de la Ley por parte del gobierno presidido por el ciudadano Manuel Zelaya Rosales. Inobservancia que, en la realidad constituye la génesis misma del conflicto que se vive hoy en Honduras", dice la nota.
El CNA agradeció los esfuerzos de la OEA y de otras entidades internacionales para que el problema nacional se solucione, pero aclaró que la solución al mismo "está en manos de los hondureños" por lo que demandó que "cualquier otra instancia internacional respete la naturaleza nacional del conflicto".
Diálogo
Cualquier proyecto de alivio de la crisis debe basarse en un amplió diálogo, que incluya a todos los sectores de la hondureñidad, porque el clima está altamente polarizado. "Por ende, cualquier acción que no vaya orientada al cumplimiento de este objetivo resultará no solo infructuoso, sino contraproducente", expresa el comunicado.
"El CNA ha venido defendiendo, defiende y continuará defendiendo el irrestricto respeto a la Constitución y la Ley como pilar fundamental de nuestra comprometida lucha contra la corrupción".
Si se irrespeta esta autonomía legal, "significaría irrespetar nuestra propia dignidad como pueblo soberano, que es la riqueza más grande que tiene una nación".
Zelaya fue separado del poder el 28 de junio pasado por violar la Constitución de la República, al convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, facultad que no le competía. El ex presidente fue advertido que ese proyecto era ilegal, pero rechazó todos los consejos.
El Consejo Anticorrupción hizo innumerables llamados de atención al gobierno de Manuel Zelaya para que definiera una verdadera política de combate a este flagelo, pero no hubo respuesta, las acciones irregulares del ex gobernante y sus funcionarios fueron denominador común.
