El proceso mediante el cual el Congreso Nacional de Honduras destituyó a cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha generado el repudio total en diversos sectores del país.

En la madrugada del miércoles, el Legislativo separó de sus cargos a los magistrados de la Sala Constitucional que votaron en contra de la Ley de depuración policial, y nombró a cuatro en su lugar, de los que tres ya fueron juramentados.

“Lo que ha sucedido es un golpe de Estado, no se le puede llamar de otra forma”, dijo el analista político Edgardo Rodríguez.

Señaló que “los artífices de este nuevo acto ilegal y antipatriótico son Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández, y a partir de aquí pueden hacer cualquier cosa incluso cerrar un medio de comunicación”.

Mientras que el expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Miguel Ángel Rivera Portillo declaró que la decisión del Legislativo no está apegado a los preceptos constitucionales, ya que el Legislativo no está facultado para destituir magistrados.

“Lo que estamos presenciando es algo que no debe pasar en un estado de derecho donde los hombres no se ubican por encima de la leyes", reaccionó el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) Ramón Custodio.

“Los abusos que se están cometiendo en nombre del pueblo desde el Congreso Nacional son un pésimo ejemplo en un estado de derecho donde las cosas se arreglan desde la institucionalidad”, añadió.

El diputado por el Partido Innovación y Unidad (Pinu) German Leitzelar calificó de ilegal el proceso efectuado por el Legislativo.

"Honduras corre el riesgo de pasar nuevamente la vergüenza de volver a ser condenados para ordenar una restitución, por las violaciones de sus derechos y garantías, además de las indemnizaciones", dijo el exministro de Trabajo.

Leitzelar reconoció que no hay en Honduras instancias legales para protestar contra la destitución de los magistrados, pero quedan las internacionales, entre ellas la Corte Centroamericana de Justicia.

97 a favor y 31