La violencia por la guerra contra el narco crece: en promedio, siete personas (7.5) son ejecutadas cada día con esa rúbrica (en 2006 eran 6.1): al menos una cada seis horas. Es decir, que esta guerra implica —e implicará, hay que decirlo claramente— cada vez más muertes.

—El 10 de enero MILENIO publicó —espeluznante cifra— que las ejecuciones con el sello del narco ya representan… la quinta causa de muerte en el país.

—La mayoría de los acribillados —2 mil 456, 88.56%— son delincuentes asesinados por otros delincuentes con quienes se disputaban territorios donde traficaban drogas. Guerra entre cárteles, o entre células de grupos criminales. Se podría decir: “Que se maten entre ellos”.

—Sin embargo, los caídos pertenecientes al Estado mexicano crecen mucho: en 2007 cayeron 261 policías, 35 militares y 21 funcionarios de diversos rangos: 317 servidores públicos. El 11.44% del total de ejecutados. El año previo la cifra andaba por 7%: hubo un aumento porcentual de 63.5%. Aquí cabe hacer una precisión: los narcos ejecutan a esta gente por dos razones: una, porque eran servidores corruptos que ya participaban en las disputas entre los diferentes cárteles o células y, por lo tanto, sus competidores los ajusticiaron; y dos, porque se trataba de funcionarios limpios que se negaron a colaborar con el narco bajo la premisa de plata o plomo, o bien eran elementos que combatían eficazmente este cáncer.

—El escenario de esta conflagración irregular se extiende prácticamente a todo el territorio nacional: sólo Colima no tuvo ejecutados el año pasado. Puebla y Tlaxcala tuvieron uno cada cual, y Baja California Sur sólo sufrió dos. Nayarit tuvo cuatro, Querétaro ocho, y San Luis Potosí, diez. El resto de las entidades —25— fueron escenario de al menos una ejecución por mes. Los peores sitios fueron Sinaloa (476) y Guerrero (359). Siete de cada diez acribillados murieron en estados donde el gobierno federal emprendió operativos militares.

Permítaseme definir “destino” (destino político, económico y social) como “futuro”. Porvenir ligado a la responsabilidad y al deber del Estado (y de sus ciudadanos). México tiene entonces un narcodestino nítidamente trazado. El asunto es cómo procede el Estado (y sus ciudadanos) ante ese destino…