Es evidente que el Estado mexicano habrá de consumir mucha más de su energía para desbaratar las redes del poder criminal en manos de los narcotraficantes.

Son muchas las regiones del país donde este cáncer se ha extendido, donde los tejidos sanos y los enfermos coexisten y también donde las personas se confunden irremediablemente.

Junto a las casas de la gente común están las mansiones de quienes han hecho fortuna al margen de la ley. Unas y otras comparten impúdicamente vecindad en ciudades como Guamúchil, Juárez, Tijuana, Culiacán, Tampico, Guadalajara o Acapulco.

Algo parecido ocurre con los panteones ubicados en las zonas del país gobernadas por el narco.

Fosas miserables, pequeñas cruces y lápidas polvorientas han puesto a sus dueños a cohabitar con quienes, por su previa y muy lucrativa vida, merecieron en la muerte la posesión de imponentes mausoleos, decoradísimas capillas y amplios jardines floreados.

Este paisaje urbano exhibe lo difuso de la frontera trazada entre quienes viven del narcotráfico y aquellos otros que lo rechazan.

Unos y otros mexicanos caminan cotidianamente por las mismas aceras de las calles, cenan en los mismos merenderos, asisten a las mismas salas de cine, se abastecen en las mismas tiendas de autoservicios, beben de la misma cerveza y esperan la llegada de la noche fumando los mismos cigarrillos.

No es nuevo el argumento: en México hay regiones enteras donde la sociedad y la economía han sido narcotizadas. No quiere decir que hayan sido adormecidas por la droga sino que su funcionamiento cotidiano no podría concebirse sin el papel que ésta juega en las relaciones de la comunidad.

Tal hecho lo conocían muy bien quienes ordenaron emprender la operación Calderón. Sabían de sobra que no iban tras un tumor solitario, sino contra un extendido tejido cancerígeno muy enraizado en el cuerpo social.

Sorprende sin embargo que los cirujanos hayan actuado como si ignoraran el diagnóstico previo.

Se entiende que en su operación hayan usado al Ejército y también a la policía federal, cual si fueran dos inmenso cuchillos, para arrancar lo más grueso del tumor. Pero luego es incomprensible por qué no acompañaron a esa gruesa operación con otras políticas más finas.

Cuando esta guerra dio comienzo, el jefe del Ejecutivo prometió que la fuerza del Estado vendría aparejada por otras acciones para sanar el tejido social desgarrado.

El gobierno de la República aseguró que por una puerta de las ciudades afectadas en esta guerra entrarían sus soldados, tenientes y coroneles y por el otro los funcionarios públicos encargados de abrir oportunidades y empleos.

Sobre todo para los jóvenes de la frontera que, hasta ahora, para superarse social y económicamente sólo tienen la migración o el narcotráfico.

Se dijo que también habría inversión pública para transformar los plantíos de mariguana y amapola en tierras fértiles para el cultivo de otros productos agropecuarios.

Se llegó a anunciar que a esta guerra irían sicólogos, antropólogos, educadores y comunicadores, cuya misión sería atender a esas sociedades largamente laceradas.

En resumen, además del cuchillo los cirujanos, el gobierno prometió que usaría radiaciones y otros medios para ayudar a la población afectada a salir bien librada de la operación Calderón.

Lo que a la postre se observa en la zona devastada sólo son los dos inmensos y filosos cuchillos del Estado —el Ejército y la policía federal—, nada más.

Un año y medio después de que comenzara esta guerra y se sigue actuando como si la operación Calderón debiera únicamente ocuparse de extirpar un tumor aislado.

La segunda parte de la operación Calderón requiere de una urgente alianza con las y los ciudadanos afectados por la guerra. De lo contrario este asunto va a concluir en un estrepitoso fracaso.

El Presidente de la República habría de atender lo que las poblaciones afectadas por esta guerra tienen que decirle.

Analista político