Alfredo Rangel, director de la Fundación Seguridad y Democracia, la organización más prestigiada en el estudio de esos temas en Colombia y en la región, dice que primero hay que dejar en claro que la experiencia colombiana “ha sido muy particular en la lucha contra el narcotráfico por el hecho de que los principales actores del conflicto armado interno, los grupos guerrilleros y los grupos paramilitares se siguen nutriendo del narcotráfico, así que era imposible hacer una separación tajante entre el conflicto armado y el narcotráfico.

“Como estos grupos habían logrado una capacidad militar muy significativa para confrontar al Estado, pues las fuerzas militares que estaban combatiendo esos grupos tuvieron que involucrarse inevitablemente en la lucha contra el narcotráfico”, agrega al explicar la participación del ejército en esas luchas.

Sin embargo, el especialista dice que parte del éxito del combate contra la inseguridad y en el narcotráfico en su país “se debe a que no solamente el gobierno, con todos sus poderes, se ha involucrado en la recuperación de la seguridad, sino también la sociedad civil se ha movilizado en procurar esa recuperación. Los gremios, el sector académico, la sociedad civil organizada de múltiples formas a través de movilizaciones, de debates públicos, de requerimiento de cuentas al gobierno sobre el uso de los recursos públicos, sobre la eficacia o la ineficacia de las políticas públicas que se han diseñado para recuperar la seguridad”.

Todo esto ha contribuido, agrega Rangel, a generar un mejor ambiente para recuperar la seguridad que estuvo tan perdida en décadas atrás. “Pero simultáneamente ha habido políticas públicas que han promovido la participación organizada de la sociedad para cooperar con las autoridades en el suministro de información a cerca de movimientos de personas y de acciones sospechosas que ponen en riesgo la seguridad pública.

“Esto ha ayudado a que la inteligencia del Estado se vea reforzada por centenares, decenas de miles de personas que se han organizado en frentes locales de seguridad y en otras formas de organización para hacer que la acción de las autoridades sea mucho más efectiva en la persecución de los delincuentes y los criminales, para aprehenderlos antes de que cometan actos delictivos o cuando ya están siendo perseguidos y están en la mira de las autoridades.”

Rangel, también colaborador de varios medios informativos y autor de diversos estudios sobre el tema, insiste en que sin la cooperación de la ciudadanía “la labor de las fuerzas policiacas y de inteligencia y la cosa militar del Estado en la lucha contra la delincuencia es muy precaria y siempre será ineficiente; para eso los organismos del Estado, la policía en particular, debe ganarse la confianza de la población”.

“Y ganarse la confianza —dice— significa que la gente vea en esas instituciones los niveles de corrupción bajos, que no va a representar ningún peligro hacer ese tipo de denuncias y, por el contrario, puede haber una retribución por parte de las instituciones a la sociedad y garantizar la seguridad a los denunciantes.

“Creo que esto se ha logrado en Colombia de manera muy progresiva. La policía, en algún momento, no gozaba de esa confianza pública; hoy la policía y el ejército son las instituciones en las que más confían los colombianos.

“Todo esto se debió a muchas políticas, a acciones de los distintos gobiernos en Colombia. En primer lugar a purgas muy profundas que se hicieron para sacar a elementos corruptos de la Policía Nacional y de las fuerzas militares a través de disposiciones especiales, de poderes especiales que se le dieron al gobierno para prescindir de estos elementos corruptos de manera expedita.”

Junto con ello, revisa Rangel, la conformación de grupos especiales para actuar contra los cárteles de la droga o los capos más peligrosos del narcotráfico. “Grupos elites que estaban totalmente aislados de la fuerza policial o de la fuerza militar para impedir la filtración de información hacía los cárteles, a través de integrantes corruptos de los cuerpos de seguridad. Esto permitió acciones muy efectivas de los organismos de inteligencia del Estado contra las cabezas principales del narcotráfico. Así fue como entre otras cosas, además de mayores desarrollos en las comunicaciones, mejor inteligencia del Estado, para eliminar, encarcelar, extraditar a los principales jefes de los cárteles de Medellín y de Cali”.

E insiste en que “cuando llega un momento en que la fuerza, la capacidad de combate, de confrontación, el poder de fuego de estas organizaciones mafiosas supera las posibilidades de la policía, desborda la capacidad de la policía para contenerlas. Creo que es inevitable involucrar a las fuerzas armadas estableciendo, eso sí, unos parámetros, unas reglas del juego claras para operar conjuntamente la policía y las fuerzas militares. Creo que éste es un aspecto muy importante, fundamental, establecer unas doctrinas operacionales para que sean compatibles y complementarias las acciones de las fuerzas policiales y del ejército”.

Pese a todo y a que se perfeccionó la capacidad para infiltrar e interferir las comunicaciones de los narcotraficantes, lo que permitió a la larga ubicar a los principales capos de la droga, darlos de baja, extraditarlos, y le permitieron al Estado acabar con los cárteles más grandes del país, Alfredo Rangel considera que debido a que “el narcotráfico en sí, como fenómeno social y económico, no ha sido superado en Colombia, las organizaciones mafiosas cambiaron la manera de organizarse: ya no son los grandes cárteles que amenazan al Estado, sino decenas de pequeños cárteles que pretenden más bien tener un bajo perfil, no confrontar al Estado, no confrontarlo violentamente. Por esa razón, aún cuando el narcotráfico en Colombia se ha incrementado en relación con años anteriores el nivel de violencia en relación con el narcotráfico ha bajado sustancialmente en el país”.

Como otros en Colombia, el director de la Fundación Seguridad y Democracia no comparte la idea que el simple aumento en las penas para este tipo de delitos ayude a combatirlo y tampoco cree que la legalización de las drogas sea un camino adecuado.

En el primer caso, explica, la manera más eficaz para combatir al crimen organizado es el fortalecimiento de la justicia, la capacidad de los organismos de seguridad para capturar a los delincuentes, para probarles que han cometido un delito y castigarlos.

Respecto de una probable legalización del consumo de las drogas, Rangel es muy escéptico. Afirma que el problema es global, no sólo de los países productores o de tránsito, como Colombia y México, que han pagado un alto costo en el combate a ese delito, sino de todos aquellos donde hay comercio y consumo. “Esto es un problema global que debe de combatirse en términos globales y que lo que se ha hecho hasta ahora para combatir el narcotráfico no ha tenido el éxito que se esperaba. Al cabo de más de 10 años de dura lucha contra el narcotráfico en Colombia, los resultados no han sido los esperados, a pesar de las capturas de muchas bandas organizadas del encarcelamiento de los principales capos.

“El negocio del narcotráfico en Colombia sigue vivo, incluso mayor que antes, menos violento pero con mucho poder económico y el número de consumidores en el mundo está creciendo de manera descontrolada en países de Europa, en Rusia, en Sudamérica, en el este de Asia.

“A esto responde —explica— un poco el auge del negocio del narcotráfico que está en el trasfondo de los grupos mafiosos en México. Si el narcotráfico estuviera en declive, muy probablemente estos grupos mafiosos no se estarían peleando en México los recursos que cada vez más genera el narcotráfico; si la cantidad de consumidores en Estados Unidos no permaneciera estable, probablemente las ganancias del narcotráfico no estarían generando esa violencia que está sufriendo México.

“Éste es un problema global en el que no solamente los países productores como Colombia o los países de tránsito como México son los responsables, sino también los países consumidores que no tienen políticas efectivas para disminuir el consumo que generan las enormes ganancias del narcotráfico; son los países que suministran los insumos básicos para que el narcotráfico opere, son las unidades de mayor lavado de dinero, son estos países que suministran las armas para amenazar al Estado. Es necesaria hacia el futuro una revisión de los compromisos internacionales sobre la manera en cómo se está abordando el combate al narcotráfico. Ese costo no lo podemos seguir pagando en América Latina como México, Colombia, Perú o Bolivia, que están directamente involucrados en la producción y tráfico de drogas.”

El colaborador de medios informativos, Alfredo Rangel, finalmente analiza el papel del periodismo en este problema:

“La actuación de los medios de comunicación frente a estos fenómenos de violencia generalizada es muy complicada y se encuentran frente a unos dilemas que tienen muy difícil solución. Frente a una acción terrorista, como la de Morelia en México o como las que ocurrieron en Colombia, se presenta la disyuntiva: difundir esto es lo que quieren los terroristas, ocasionar un impacto sicológico dentro de la sociedad, atemorizar, generar terror y la difusión de esas noticias a veces contribuye a que se logre su propósito. Pero callar la noticia va en contra de la misión de cualquier medio de comunicación, que es informar.

“Así que yo diría que un punto intermedio es el que se informe a la población, que obviamente tiene derecho a estar informada de lo que está pasando, eso es inevitable. Pero hay que bajarle el tono escandaloso, el tono amarillista, la exageración en la presentación de la noticia de dramas relacionados con la violencia, no explotar las partes más sensitivas de la población como presentar escenas de sangre, de personas llorando, mostrando el dolor por la pérdida de sus seres queridos.

“Se puede combatir con la autorregulación, la moderación y la prudencia. Ésa es la clave de los medios para contribuir a bajarle el tono al miedo, del terror que pretenden difundir los mafiosos, los narcotraficantes y los terroristas, para mantener amedrentada a la sociedad y puedan utilizar ese miedo como un instrumento de presión contra las autoridades para evitar que éstas tengan un mayor éxito contra ellos”, considera Rangel.

“Se debe ir más allá de la exigencia a la autoridad”: Olga Lucía Gómez , directora de la Fundación País Libre

Si las marchas ciudadanas contra la inseguridad y la violencia no se complementan con programas de largo plazo, si la protesta no se sostiene de diversas formas, si se pierde la iniciativa, se quedarán en una reacción emocional de las personas y la comunidad.

Lo dice quien sabe de esto. Olga Lucía Gómez es la directora de la Fundación País Libre, la principal organización no gubernamental de Colombia que no sólo lucha contra el secuestro, sino también atiende a las víctimas y a sus familiares, entre otras muchas de suactividades.

A lo largo de 17 años de existencia, la Fundación País Libre ha convocado y realizado 22 multitudinarias marchas y acciones ciudadanas de protestas en Colombia y de colombianos en el extranjero. Y cuando se dice multitudinarias es por que en sus convocatorias públicas ha reunido, no una vez, sino varias, a entre 10 y 12 millones de personas en uno o varios actos simultáneos.

Olga Lucía Gómez cuenta que la Fundación País Libre nació el 28 de agosto de 1991, a raíz de los secuestros que perpetraron los miembros del grupo Los extraditables (capos del narcotráfico sujetos de extradición a Estados Unidos) en contra de personajes de la vida pública colombiana, entre ellos Francisco Pacho Santos, periodista miembro de la familia propietaria del diario El Tiempo y hoy vicepresidente de la República.

Pero esta fundación no se quedó en la protesta y en la sensibilización del problema que significa el secuestro. Se propuso y lo ha conseguido “ser una organización líder en representación, promoción, prevención, defensa, reparación y conocimiento sobre el secuestro, la extorsión y la desaparición, a escala nacional e internacional y en el contexto de las organizaciones de los derechos humanos”.

Y para ello ha desarrollado diversos proyectos. Entre otros, por ejemplo, el de “Gestión de Política Pública”, mediante el cual ha conseguido el impulso y aprobación de dos leyes nacionales ( la 40 de 1993 y la 986 de 2005) para el castigo del secuestro y para la protección a víctimas de ese delito y de sus familiares; además, un acuerdo con el Concejo de Bogotá para el apoyo patrimonial a las víctimas de secuestros y desaparición forzada y a sus familias, que incluye exenciones de impuestos locales y permite el acceso al sistema de seguridad social en salud y educación.

Cuenta y promueve un programa de atención integral gratuito a las víctimas del secuestro, extorsión o desaparición forzosa y a sus familiares que, desde 1992, ha atendido a unas cinco mil personas y que ahora incluye asesoría jurídica, sicológica, en materia de medios de información y orientación general, y también con una especialización para los niños, quienes junto con los comerciantes, son los dos sectores más afectados por estos delitos.

También tiene otro programa llamado Reconstrucción de la Memoria Histórica, que incluye campañas de sensibilización, y los proyectos de un Parque de la Libertad en Bogotá, una campaña contra la extorsión y un museo.

Y ofrecen talleres y cursos para pequeñas y medianas empresas y también para las grandes, incluyendo a multinacionales; asesorías en el país y en el extranjero y la promoción de investigaciones académicas sobre los diversos tópicos de estos delitos y, por supuesto, su publicación en folletos y revistas propios.

La directora de País Libre plantea cuestionamientos que pocas veces se consideran. Dice, por ejemplo, ¿qué pasa con el empleo de un secuestrado? Y ¿si es un contratista, qué pasa con sus contratos? ¿Si tiene deudas o un crédito hipotecario, quién protege a la familia? ¡¿Cuál es el conflicto familiar entre quiEnes no quieren pagar y los que quieren pagar; los que quieren hacerlo rápido o lo que proponer una negociación para largo? ¿Y la reinserción familiar, laboral, de una víctima de secuestro? Esto también hay que atenderlo, expone.

Olga Lucía Pérez sostiene que “la sociedad tiene que participar para presionar a las autoridades en el combate de estos delitos, pero que su participación debe ser permanente”. Es verdad que uno de los principales papeles de la sociedad es el repudio, el rechazo permanente.

“Los ciudadanos tenemos derecho a ellos, pero también temor a la denuncia. Por ello se requiere de una gran concientización para inculcar que el repudio y la denuncia son fundamentales para el combate de estos delitos de lesa humanidad.”

De acuerdo con su experiencia, Olga Lucía Gómez sostiene que luego de una gran marcha de repudio es necesario que las propias organizaciones sociales elaboren programas de largo plazo, “porque si no educamos a los ciudadanos en saber qué es y cómo participar en un proceso legal, las marchas se quedan en una reacción emocional. Es necesario que no se pierda la iniciativa, que el problema no se olvide, porque el marasmo judicial e institucional es complicado.

“Se debe ir más allá de la exigencia a la autoridad para que hagan lo que tienen que hacer, hay que hacerlo sistemáticamente, con disciplina, con paciencia”, dice que es necesario para ello una organización civil con un programa a largo plazo, que recoja el repudio, pero también que lo canalice. Si no, habrá que esperar a que haya un nuevo secuestro de algún personaje importante o representativo, “para volver a brincar”.

Gaulas, grupo de élite contra el secuestro

Encadenado de cuello y manos a la base de una cama, la vista se le ha inutilizado con un trapo sucio; una detonación se escucha y cae la puerta de madera, también algunos gritos y disparos de armas de fuego.

Después de 120 segundos sólo se percibe un zumbido estridente en los oídos, por la cercana detonación de las pistolas: “No se mueva, venimos a rescatarlo, somos de la Policía Nacional”, es la voz que apenas escucha, después de un año de cautiverio obligado.

Esta escena fue presenciada por los enviados de Excélsior, en una recreación; sin embargo, en la realidad se ha reproducido más de tres mil 700 ocasiones en todo el territorio colombiano, en los últimos diez años, durante la liberación de una víctima de secuestro; aquí la guerrilla y el narcotráfico son los principales ejecutores de ese delito.

“De qué sirve la vida si no existe libertad, si se mantiene a una familia sin saber que un padre o hijo está a punto de morir, si no se entrega una millonada a un grupo de delincuentes.

“Ése es nuestro objetivo, evitar que continúe el secuestro o extorsión; ambos son delitos de alto impacto que atentan, incluso, contra los derechos humanos”, aseguró Giovanni Palacios, subdirector de la escuela Antisecuestros de la Policía Nacional.

Los colombianos los conocen como Gaulas (Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal) y en este momento se encuentran más de 100 unidades distribuidas en todo el país.

Francia, Estados Unidos, Inglaterra e Israel son las principales escuelas para este grupo selecto de operación; en los últimos ocho años más de 50 elementos de los Gaulas han recibido instrucción táctica, investigación científica y logística militar.

Colombia, asegura Palacios, mantiene una guerra “literal” contra el secuestro; por ello la constante capacitación, ya que los grupos delictivos, en los últimos años, han fortalecido su arsenal: lanzagranadas, rifles de asalto y hasta minas anti-personas.

“En cierta ocasión estábamos haciendo un operativo en los Montes de María, el grupo delictivo que delinquía en esa zona acostumbraba a minas antipersonas, nosotros los llamamos quiebra patas.

“Haciendo uno de los recorridos, uno de nuestros hombres pisó una de las minas, obviamente generó un descontrol y algunas situaciones dificultaron nuestra tarea en el área, tuvimos que evacuar a muchas personas para prestarles atención médica.

“Perdimos a algunos elementos; sin embargo, seguimos adelante para cumplir con el objetivo que teníamos trazado. Quizá esto mismo pasa en México, pero nuestra capacitación ha permitido que en los últimos ocho años todas las víctimas han regresado a sus hogares con vida.”

Aquí los secuestradores, en su mayoría, pertenecen a grupos paramilitares o la guerrilla; la retribución económica no se encuentra entre sus principales demandas, se ejerce la privación ilegal de la libertad con fines políticos o por la sesión de un territorio.

La operación de estas organizaciones, generalmente, señala el capitán, se registra en territorio rural o la selva para complicar el rescate de una víctima que “en Colombia puede extenderse por varios años”.

La obesidad y desobediencia, en este grupo de élite, se han eliminado; todos son sometidos a un año de capacitación; los exámenes de confianza son aplicados cada cuatro meses y han logrado erradicar los casos de corrupción, por lo menos, desde hace ocho años.

El trabajo, asegura el capitán Palacios, no concluye con el rescate de una víctima; “nuestro mayor trabajo está en la prevención, cada semana programamos —por lo menos— tres sesiones de información y contacto con la ciudadanía.
“Nuestro objetivo es inhibir este delito que no sólo afecta a la víctima directa, los familiares también son privados de su libertad y aún más, la angustia de no saber que tu familiar está aún con vida o ya lo han asesinado.”