La falta de vigilancia en cruces fronterizos y la descoordinación con la Policía Federal Preventiva (PFP) ha provocado que en México, por cada cuatro migrantes que ingresan sin documentos, las autoridades del Instituto Nacional de Migración (Inami), logren detener sólo a uno, informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El órgano fiscalizador señaló que en el primer año del gobierno de Felipe Calderón, en estas tareas para preservar la seguridad del país, que por cada funcionario del Inami y de la PFP, les tocó vigilar y supervisar a 2 mil 371 extranjeros.

Con la auditoría se constató que en 2007 el Inami registró 166 puntos de internación; sin embargo, para el órgano de fiscalización, fue imposible determinar el número de agentes migratorios del instituto y de policías preventivos de la PFP por punto de internación.

La ASF señala que analizó por entidad el flujo de extranjeros que ingresó al país en 2007 y registró la llegada de 21 millones 675 mil 918 de personas; de esa cifra, sólo 58 mil 482 entraron al país sin documentos.

“Con su análisis, se determinó que el ingreso de extranjeros no documentados al país es, fundamentalmente, consecuencia de la falta de vigilancia en los cruces formales en la frontera sur, así como de cruces informales.

“Considerando que en 2007 el número de asegurados fue de 58 mil 482 extranjeros no documentados, se determinó que, aproximadamente, por cada cuatro migrantes que ingresan al país de forma indocumentada, las autoridades lograron detener a uno”, apunta el documento.

La ASF explica que en los más de mil 152 kilómetros de la frontera sur se reportaron 32 cruces fronterizos informales, “en los que no se observó la presencia de autoridades mexicanas o guatemaltecas, entre ellos el cruce Santa Teresa Llano Grande–Guailá, que es el de mayor actividad, ya que en 2007 se registró un tránsito diario de 100 vehículos.

“De los tres puentes internacionales existentes en la frontera sur, el puente Dr. Rodolfo Robles, que comunica el municipio de Hidalgo, Chiapas, con la ciudad de Tecún Umán, de Guatemala, es vigilado por tres elementos que trabajan las 24 horas”, indica el texto de la Cuenta Pública 2007.

De los nueve puntos fronterizos formales, en cinco se detectó falta de seguridad, instalaciones y módulos de información turística o de control sanitario y fiscal, ya que son provisionales o móviles.

El órgano de fiscalización subraya que en 2007, no tuvo elementos para evaluar la eficiencia de las acciones, ya que no dispusieron de los sistemas de información, respecto del número de agentes migratorios y policías preventivos por cada punto de internación.

Por ello, la ASF recomendó al Inami y a la PFP que establezca sistemas de información en el número de agentes migratorios localizados por punto de internación para cumplir con la Ley General de Población en cuanto a la salida y entrada de extranjeros del país.

Inami cesó sólo a dos funcionarios en 6 años

Señalado y denunciado con frecuencia por cohecho, violencia y, de manera indirecta, trata de personas contra cientos de extranjeros que se internan sin documentos en México, en los últimos seis años el Instituto Nacional de Migración (Inami) ha destituido a un funcionario por cohecho y a otro por extorsión.

Con base en información solicitada a la Secretaría de la Función Pública (SFP), en total, desde 2003 han sido dados de baja cuatro funcionarios de ese organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), aunque en dos casos no se clarifican las causas de la baja laboral.

La respuesta a la solicitud al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) con folio 0002700297208, destaca que las destituciones se dieron en el sexenio de Vicente Fox, mientras que en el actual sólo se han elevado los años de inhabilitación por estas irregularidades. A cambio, se ha impuesto el criterio de endurecer penas a los funcionarios que hacen mal uso del presupuesto del Inami.

Como ejemplo está el delegado regional José Othón Mancera López, quien fue inhabilitado 10 años por violación a las leyes y las normas presupuestales. En contraparte, el 28 de junio de 2005 el agente Julio Francisco Barajas Velázquez fue suspendido 15 días por “abuso de autoridad”, según la lista de la SFP.

La normatividad de la Segob ha permitido a algunos servidores públicos de la dependencia ser acusados por abuso de autoridad y regresar para volver a ser sancionados, como ocurrió el 24 de mayo con José Abraham Rivera Flores, coordinador administrativo de la Subsecretaría de Población y Asuntos Migratorios. Fue inhabilitado un año según el expediente 131/2002.

Rivera Flores regresó al año para ser suspendido ocho meses por violación de leyes y abusos presupuestales, como lo establece el expediente 0006/2004.

Un excepción a este criterio es el ex inspector de servicios migratorios José Luis Galicia García, quien el 28 de junio de 2005 fue destituido por abuso de autoridad, como indica su historial ER-005/04.

El único caso por cohecho y extorsión que ha causado baja, es del expediente 74/03, del oficial de servicios migratorios Jorge Armando Bustamente Núñez, quien salió del Inami el 31 de mayo de 2004. De ahí a la fecha sólo hay inhabilitaciones o suspensiones.

Otro cese de funciones fue el de Héctor Julián Sánchez Ventura, agente de protección al migrante del Grupo Beta, que el 28 de noviembre de 2003, según su expediente 084/00, fue por negligencia administrativa, término que no clarifica el motivo del despido.

Uno más es el de Braulio Arturo Serrano, ex subdelegado regional en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; su asunto está empañado por haber sido registrado en dos ocasiones: en una se le inhabilita por un año y, en la otra, se le destituye por negligencia administrativa en el expediente 466/01, en ambos casos.

Pero hay distintos criterios para sancionar por cohecho y extorsión. En febrero de 2005, los agentes Guillermo Enrique Ancona García y Jorge Atila Sánchez Espinosa alcanzaron 15 días de suspensión, tras comprobarse que tenían como víctimas a los migrantes, mientras Mancera López podrá regresar como funcionario hasta 2015. Sin embargo, de 2003 a 2005 hubo otros 37 casos por ese delito, por los que según la lista de la SFP, hubo penalizaciones que no rebasaron la quincena.

En más de 20 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a partir de 2006, se han subrayado casos de extorsión, cohecho y abusos de autoridad, entre otros, del Inami que promueven escenarios de prostitución, trata de personas, e incluso decesos por negligencia.

El 11 de enero de 2009, EL UNIVERSAL entrevistó a la comisionada del organismo, Guadalupe Cecilia Romero, quien señaló: “No tengo idea de cuántos sancionados tengamos, pero hemos aceptado todas”.

“Hemos cumplimentado a cabalidad el 100% de ellas, ya que luego de una denuncia, ésta se turna al órgano interno de control del Inami para iniciar un procedimiento junto con la SFP, y hemos presentado a algunos ante el Ministerio Público y hay otros encarcelados”, respondió en aquella ocasión.

Por ello, desde el 15 de diciembre de 2008 EL UNIVERSAL solicitó la información por medio del IFAI; tuvo respuesta negativa luego de unos 70 días, ya que hubo vacaciones de fin de año, la espera por ley y una prórroga:

“Durante el año 2008 se aplicaron sanciones administrativas a cinco servidores públicos consistentes en amonestación pública, suspensión e inhabilitación y destitución por actos de corrupción contra connacionales o migrantes de otros países”. El Inami no profundizó, ya que clasificó su respuesta como reservada, con el argumento de que no han terminado los procesos.

Sin embargo, en una petición similar, la SFP entregó datos con una docena de casos por cohecho, negligencia administrativa y abuso de autoridad que, contrario a lo que dice el INM, ya están finiquitados. En ese periodo, si bien hay un par de registros con suspensiones hasta por 45 días por extorsión, otros fueron sancionados por 10 años o más.

Según la información cotejada, de 2006 a 2008 la SFP contabiliza 169 expedientes; de ellos 76 son de inhabilitación, 92 suspensiones y dos amonestaciones públicas, que a su vez contienen 20 denuncias por cohecho y 10 por abuso de autoridad. La mayoría de casos de abuso de autoridad y extorsiones están documentados en 2006, año en el que comenzó a enviar sus recomendaciones la CNDH, aunque también desde ese año no hay destituciones.

jose.mejia@eluniversal.com.mx