“No tardan en que puedan matar a un gobernador”, aseguró ayer López Valdés, conocido como Malova.
“Ya nos mataron a un candidato que iba a ser presidente, un candidato a gobernador y recientemente a un alcalde. Falta poco para que maten a un gobernador, lo digo para que no pase, pero tenemos que estar alerta”, dijo en entrevista durante la Reunión Nacional de Autoridades Locales del PRD.
Por su parte, el presidente nacional del PRD, Jesús Ortega, dijo que el incumplimiento de obligaciones por parte de autoridades municipales y estatales permite la actuación de la delincuencia organizada.
“Hay algunos gobernadores que la política que aplican es la de dejar hacer y dejar pasar. Sí es seguro que algunos gobernadores dejan pasar el asunto, pero esa no es la solución y no es lo correcto, hay que evitar que eso suceda”, dijo el titular del sol azteca en entrevista.
A esto, dijo, se suman las amenazas y presiones de los grupos delictivos contra funcionarios, lo que calificó como “la amenaza de plomo”.
“Lo que pasó en el caso de Nuevo León, con el alcalde de Santiago, es frecuente que suceda en muchos otros municipios del país, que es la amenaza de plata o plomo: ‘O te ajustas a lo que nosotros decimos o te matamos’”, señaló.
Sin embargo, rechazó que mandatarios del partido de preside hayan sido víctimas de estas presiones, especialmente en Michoacán, Baja California y el Distrito Federal.
“No (hay denuncias de amenazas), de los gobernadores no, pero sí nos han planteado, como seguramente todos los gobernadores lo sienten, que en sus estados crece la violencia, que se observa un aumento de la actividad de las bandas de narcotraficantes”, dijo Ortega.
Aun con estas declaraciones, el perredista omitió mencionar nombres de servidores públicos que hayan sido víctimas de este tipo de presiones.
Ortega presentó ayer el Decálogo del buen gobierno de las administraciones perredistas.
En el marco de la Reunión Nacional de Autoridades Locales de su partido dijo que se pretende refrendar objetivos, principios y pautas de comportamiento con una orientación de izquierda, que los gobernantes electos y funcionarios asuman como ética pública.
