Este debate ya se había dado durante el inicio de su primer periodo, cuando sus antecedentes como gobernador de Texas y la alusión en su campaña presidencial a la necesidad de un fortalecimiento de las relaciones con los países al sur de los Estados Unidos, generaron discusiones acerca de cómo se aproximaría el nuevo gobierno republicano hacia el resto del continente.

Con la inauguración de su segundo periodo, el debate reapareció con una mayoría apuntando al sostenimiento de la agenda desarrollada durante los primeros cuatro años de Bush, para muchos caracterizada por cierta apatía hacia América Latina y el Caribe. Sin embargo, los postulados de la política exterior estadounidense y los pronunciamientos de los principales funcionarios encargados de esta, empiezan a mostrar un interés creciente por la situación en la región (manteniéndose en un plano secundario), vista desde el lente de la seguridad.

• Una política exterior condicionada por el terrorismo

El inicio del primer periodo de Bush estuvo acompañado del reconocimiento de la importancia de mantener una relación estrecha con Latinoamérica, como quedo demostrado en su primer discurso ante los empleados del Departamento de Estado -DOS-, en el cual indicó que al sur de los EEUU se encontraba una región a la que consideraba una fuente de "oportunidades y potencial", que había sido olvidada por la Casa Blanca1; así como con su primer viaje al exterior a México, que además de ser un importante socio bilateral es la puerta al sur.

Ésta indicación de Bush al Departamento de Estado sobre Latinoamérica y el Caribe, se vio inmediatamente reflejada en la política oficial hacia la región dictada por el Departamento de Estado2, la cual se debería concentrar en el fortalecimiento de la democracia en colaboración con los socios regionales, el fomento el desarrollo económico y el desarrollo de una respuesta hemisférica integrada y efectiva a las cuestiones transnacionales importantes, especialmente al narcotráfico.

Asimismo, el Presidente Bush recibió en Washington a siete presidentes latinoamericanos durante sus primeros seis meses de gobierno, con quienes discutió la importancia de avanzar en la consolidación del libre comercio en el hemisferio y de impulsar la agenda de la cumbre de las Américas3, lo que en la visión del Secretario de Estado de EEUU Colin Powell4, indicaba como el Presidente Bush trabajaba consistentemente en sus postulados de enero de 2001 sobre "oportunidades y potencial" en América Latina.

Para Powell, estas reuniones eran una demostración del trabajo del gobierno estadounidense en la consolidación de una red hemisférica para la defensa de la democracia, con base en el reconocimiento de la corrupción y los desajustes económicos como amenazas latentes para la estabilidad en la región. Esto sería reiterado en la tercera Cumbre de las Américas de Québec, donde la delegación estadounidense encabezada por Bush propuso la consolidación de una bitácora de trabajo en este sentido, que tomara el impulso del Área de Libre Comercio de las Américas -ALCA-, como un mecanismo para el fortalecimiento económico de la región y la generalización del buen gobierno en todos los niveles, y un seguro para el sostenimiento de las democracias5.

El trabajo de la delegación estadounidense en Québec confirmó la preocupación del gobierno Bush por neutralizar de manera oportuna cualquier crisis democrática en América Latina, que podría convertirse en un escenario potencial para el desborde de lo que el Departamento de Estado había llamado "asuntos transnacionales", como el narcotráfico y las migraciones, entre otros.

La agenda de los Estados Unidos hacia América Latina, se dedicaba entonces en la práctica a desarrollar objetivos como: desempantanar las negociaciones del ALCA, (la cual había sido proyectada para el año 2005 pero que sin lugar a duda presentaba un retrazo sustancial); las crisis de gobernabilidad en Ecuador, Haití y Perú principalmente; la crisis financiera Argentina; el sostenimiento de la cooperación para la lucha contra el narcotráfico en el área andina; el aumento de la presión para una transición hacia la democracia en Cuba; la atención a desastres naturales en Centroamérica y el Caribe; y el mejoramiento de la situación migratoria y la lucha contra el crimen en México.

Además de lo que se vislumbraba como la aceptación del gobierno Bush de la existencia de una agenda diversa con la región, el Departamento de Estado dio un paso adicional hacia la consolidación de una relación más fluida y una participación más activa en el ámbito hemisférico, con el reconocimiento6 de la importancia de la OEA como el foro de mayor importancia para la búsqueda de soluciones multilaterales a los asuntos que afectaran la estabilidad hemisférica, lo que se vio reflejado en el apoyo de los EEUU a la aprobación de la Carta Democrática Interamericana, en Perú el 11 de septiembre de 2001.

Este breve recuento de la consolidación de la política estadounidense hacia la región durante los primeros nueve meses de gobierno, permite ver como todos los pasos de la Casa Blanca en esa dirección demostraban lo que un buen número de analistas vislumbraba como una oportunidad histórica para las relaciones continentales en el marco del comercio y la consolidación de la democracia.

Sin embargo, la ruta que apenas empezaba a remontarse quedo bloqueada tan solo nueve meses después de iniciada, como resultado de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra Nueva York y Washington, los cuales causaron el cambio inmediato de las políticas del gobierno Bush, redireccionando los esfuerzos de la Casa Blanca hacia el aplastamiento de los enemigos involucrados en estos actos.

A partir de esa fecha, la política exterior estadounidense se concentró exclusivamente en la seguridad global y la defensa de su territorio, por lo cual todos los esfuerzos financieros y políticos que requería la diversa agenda de América Latina y el Caribe dejaron de ser una prioridad. Tras la invocación del Tratado de Rió7, como una respuesta a los terroristas y la reiteración de que el ataque a cualquier miembro del Tratado es un ataque contra todos, la agenda en construcción pasó a un segundo plano y las prioridades cambiaron definitivamente.

Durante los tres años siguientes el Gobierno de EE.UU. declaró una guerra global contra el terrorismo, en la que sus prioridades eran garantizar su seguridad interior, consolidar una alianza internacional para librar la guerra y cumplir con su misión contraterrorista en Afganistán e Irak. Sobre estas prioridades la administración de Bush encuadró su agenda para América latina y el Caribe, privilegiando las relaciones con sus aliados regionales en la guerra global contra el terrorismo y actuando en respuesta a los factores potenciales de inestabilidad en el continente. De hecho, el terrorismo y la seguridad son los temas más repetidos en los discursos y comunicados de la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado a partir del 11 de septiembre de 2001.

De las prioridades trazadas antes del 11 de septiembre, el gobierno estadounidense mantuvo algunas que consideraba enmarcadas en su nueva agenda internacional y en la guerra global contra el terrorismo, como la ampliación de la cooperación para la lucha contra el narcotráfico en Colombia a la lucha contra los grupos armados ilegales.

Asimismo, aumentó su presión sobre el régimen de Fidel Castro, señalándolo como auxiliador del terrorismo internacional8, desplegó sus tropas en Haití en la crisis que generó la dimisión del presidente Aristide, apoyó políticamente las labores de la OEA en la crisis boliviana que derivó en la renuncia del Presidente Gonzalo Sánchez de Losada, reforzó su acción política para el sostenimiento de los gobiernos en Ecuador y Perú, y se concentró en los efectos externos e internos del gobierno del presidente Chávez. Todas estas acciones encaminadas a prevenir y neutralizar cualquier amenaza contra la estabilidad del continente y por ende, contra la seguridad de los EEUU, la cual ya estaba bastante afectada por al amenaza terrorista.

Igualmente, aumentó su atención sobre México y subrayó la necesidad de fortalecer la acción bilateral en el tema fronterizo con el fin de neutralizar la posible entrada de terroristas y armas a los Estados Unidos por esa frontera de reconocida permeabilidad.

En un segundo plano quedaron la crisis financiera argentina; la atención a desastres naturales en Centroamérica y el Caribe; y el ALCA, privilegiando las negociaciones bilaterales o regionales de libre comercio; temas de alguna importancia para EEUU, pero que al no significar un factor de inseguridad latente, dejaban de ser una prioridad.

Ante el inicio de la campaña electoral estadounidense y la postulación de Bush para un segundo periodo, una vez más el tema de la agenda de EEUU para la región se puso sobre la mesa, y debido a la importancia creciente del electorado de origen latino en las votaciones de los Estados Unidos, los partidos crearon en cada una de sus campañas grupos de trabajo sobre América Latina y el Caribe.

No obstante, la región siguió siendo un tema secundario frente a la importancia innegable que tenia para los candidatos definir la pertinencia o no de la guerra en Irak, la eficiencia de la guerra global contra el terrorismo y el control de la proliferación nuclear, en cuanto a la agenda internacional atañía. Esto quedó demostrado en el primer debate público de los candidatos republicano y demócrata, quienes utilizaron el escenario de la Universidad de Miami para hablar de los temas internacionales, sin tener en cuenta ni una sola vez los asuntos de América Latina y el Caribe.

La campaña electoral terminó con la elección de Bush para un segundo periodo, quien durante su campaña propuso definir una "nueva dirección" en las relaciones con la región, lo que podría significar el reconocimiento de la pobre interacción con el sur durante su primer periodo.

Dicha "nueva dirección" de las relaciones, enmarcada en lo que la nueva Secretaria de Estado Condoleeza Rice señalaría como las tres grandes tareas de la diplomacia estadounidense en el mundo: la construcción de un sistema internacional basado en el cumplimiento de la Ley; el fortalecimiento de las democracias que luchan contra las amenazas a la seguridad, el terrorismo y la solución de los factores que dan origen al terror; y finalmente, expandir la libertad y la democracia por todo el mundo.9

Estos parámetros fueron ratificados por el embajador Roger Noriega, en una audiencia ante el Comité de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de los EEUU en abril de 200510, donde resaltó la preocupación por el mantenimiento de un ambiente de seguridad y el sostenimiento de las democracias, como las prioridades del Departamento de Estado hacia el continente.

La consolidación de una agenda vista con el lente de la seguridad en el gobierno de Bush, del cual se esperaban avances en otros temas, ha causado referencias cada vez más comunes entre los analistas, sobre la militarización de la agenda en la región y el aumento del protagonismo del Comando Sur de los Estados Unidos en la diplomacia hacia América Latina y el Caribe, desplazando la acción del Departamento de Estado. Sin embargo, los desarrollos políticos desde la posesión de Bush en el 2001 hasta el momento, demuestran como el Departamento de Estado mantiene al mando de la agenda hacia la región, utilizando como operador de dicha política al Comando Sur, en consonancia con sus prioridades de política exterior.

Este esquema ha sido utilizado desde el gobierno Clinton con la cooperación para el Plan Colombia -un plan antinarcóticos del gobierno colombiano apoyado por el Departamento de Estado-, que fue administrada y operada por el Departamento de Defensa dada su naturaleza y sus características. El programa de asistencia para la lucha contra el narcotráfico en Colombia, nunca significó la sustitución del Departamento de Estado en la administración de la agenda internacional antinarcóticos, solo la utilización del Departamento de Defensa como operador parcial de la cooperación y por tanto de la agenda inmediata con Colombia.

Los retos de la política exterior del primer gobierno de Bush estuvieron determinados por sus necesidades relacionadas con la guerra global contra el terrorismo y la salvaguarda de la seguridad del territorio estadounidense, estableciendo una simplificación de su agenda internacional. Dicha simplificación no ha significado la desaparición de la región en la agenda estadounidense, en la medida que muchos de los temas están relacionados con las prioridades de Washington, sino una reclasificación determinada por la gravedad de cada amenaza contra sus intereses dentro y fuera de los EEUU.

Fuente: Fundación Seguridad y Democracia (Colombia)