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08/11/2009 | Argentina - El oligopolio de la fuerza

Silvio Santamarina

La novedad de esta semana no es la avanzada de camiones oficialistas contra empresas periodísticas para complicar la salida de diarios y revistas con “malas noticias”. Tampoco es sorpresa el bloqueo de la avenida 9 de Julio por parte de piqueteros K, ni la patoteada que sufrió gente del gremio de subterráneos a manos de sindicalistas filokirchneristas. Mucho menos calificó como primicia el festejo de Luis D’Elía ante el permiso de la Justicia para cortar las calles porteñas a piacere.

 

 La noticia de la semana es precisamente lo que pasó del otro lado, en el bando piquetero y gremial no alineado con la Casa Rosada. Aunque no es la primera vez que surgen protestas sociales contra la gestión Kirchner, en las últimas horas parece estar coagulando un frente de dirigentes dispuestos a pelear cuerpo a cuerpo el dominio kirchnerista de la calle.

A diferencia de las coordenadas ideológicas en las que se mueve la oposición tradicional (los partidos, asociaciones empresarias y medios de comunicación que el kirchnerismo tilda de “derechistas”), este incipiente frente social está en condiciones de correr al Gobierno por izquierda, y de hacerlo como le gusta al oficialismo: a los empujones, literalmente. Es más, muchos de sus referentes son aliados ocasionales de Olivos, tanto en el Parlamento como en los debates mediáticos. Pero esta vez, algo se fue de cauce. O sencillamente, el Gobierno está probando, sin querer, su propia medicina.

Luego de varios años de crisis sistémica posmenemista, los Kirchner creen haber encontrado un camino de retorno para revertir la dinámica del modelo “neoliberal”. El modelo K es un esquema de pinzas que controla la iniciativa privada (buena o mala, lo que importa es el control) desde arriba, desde abajo y desde los costados. Por arriba, el Estado maneja a discreción premios y castigos a empresarios, gobernadores y cualquier dirigente con peso económico y/o territorial. Por abajo, fogoneó hasta devolverle su dureza histórica al sindicalismo oficial cegetista: la presión gremial es hoy por hoy la clave de la hegemonía K ante cualquier pulseada nacional. Por los costados, la propaganda ideológica más el clientelismo gubernamental han logrado disciplinar a una fuerza disuasiva que marca presencia física en la calle cada vez que el termómetro de la opinión pública alarma al matrimonio presidencial: los piqueteros amigos están siempre listos a tomar la Plaza de Mayo para dispersar caceroleros de clase media o piquetes de la abundancia ruralista. Y para limitar la autonomía empresarial, el oficialismo diseñó una herramienta persuasiva específica: la estatización de algún negocio privado, con el respaldo financiero de las arcas públicas.

Al cabo de los años, el esquema se fue fortaleciendo, al tiempo que alimentó económica, legal y políticamente la impunidad de sus ejecutores para disponer del espacio público y de los bienes privados, más allá de los códigos habituales. La simple y tradicional definición del Estado como “monopolio de la fuerza” pasó a ser, en el Estado K, un oligopolio de la fuerza, con agentes paraestatales encargados de conservar el orden pingüino. Ante esa sofisticada red de control político, económico y social, la oposición partidaria y el resto de la sociedad civil no oficialista se enredó en la impotencia y hasta el rencor anti- K. Esa pared de antipatía contra todo lo que huela a pingüino se está volviendo cada vez más impenetrable, según marcan las encuestas y las urnas. Día tras día, el Gobierno gasta dinero y argumentos en perforar ese muro opositor comprando algunos “borocotazos” que, aunque desorientan a los referentes de la oposición, no cambian la tendencia de cara a 2011. El otro instrumento para agujerear el descontento social es el copamiento piquetero y gremial de la calle, un recurso que, de tanto usarlo y legitimarlo desde el Estado, ahora empieza a volverse en contra, y a los topetazos ruteros de la Sociedad Rural se suman los copamientos del sindicalismo y el piqueterismo izquierdistas, que el Gobierno ya está siguiendo con preocupación. Incluso en las empresas estatales suena la alarma: el 5 de noviembre, el directorio K en Aerolíneas Argentinas encabezado por Mariano Recalde emitió un comunicado peleándose con sus propios clientes, a los que acusa de “insistir en su teoría del embarco de funcionarios”, por miedo a que se vuelva costumbre el escrache a la tripulación cada vez que se demore un vuelo. El kirchnerismo está descubriendo que el disfrute privado de los bienes públicos por parte de soldados oficialistas es tanto o más irritante que las injusticias de la era “neoliberal”.

Crítica Digital (Argentina)

 


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