Es el caso del gobierno cubano. El 23 de febrero Orlando Zapata Tamayo murió tras una huelga de hambre de 86 días en la cárcel. A la mañana siguiente, otro opositor cubano, Guillermo Fariñas, inició un nuevo ayuno que, en 16 días, le provocó dos colapsos y dos hospitalizaciones en la clínica provincial de Santa Clara. Al momento de escribir este artículo es imposible predecir el desenlace de la huelga de Fariñas, pero sí podemos evaluar el comportamiento del gobierno cubano ante ambas acciones políticas.

Dos artículos aparecidos en Granma, “Para quién la muerte es útil” de Enrique Ubieta (27 de febrero, 2010) y “Cuba no acepta presiones ni chantajes” de Alberto Núñez Betancourt (8 de marzo, 2010), transmiten con nitidez la racionalidad del poder. Ambos definen a Zapata y a Fariñas como delincuentes —el sociólogo argentino Atilio Borón (Página 12, 1 de marzo, 2010) hizo su contribución desempolvando la teoría estalinista del “lumpen proletariado” como base social de la “contrarrevolución”—con el propósito de justificar el no reconocimiento de Zapata como preso político y de Fariñas como opositor pacífico.

Sin embargo, ni Ubieta ni Núñez ni Borón pueden prescindir de los calificativos de “contrarrevolucionarios” y “mercenarios”, términos con que la retórica oficial designa a los disidentes. De manera que en buena lógica, si Zapata y Fariñas son “contrarrevolucionarios” y “mercenarios” entonces no son delincuentes o lumpens sino activistas de la ampliación de los derechos civiles y políticos en Cuba. El primero, desde su celda; el segundo, desde su casa. Es decir, sin “daños a terceros”, como establecería cualquier Estado de derecho.

La trayectoria de esos disidentes es conocida y perfectamente documentable a partir del propio expediente oficial, donde consta que ambos fueron procesados de acuerdo con la Ley 88 de 1999, plataforma jurídica de la represión de opositores en Cuba. Pero aun en caso de que esa disidencia no fuese documentable, las huelgas de hambre con que ambos arriesgaron sus vidas sólo pueden ser definidas como acciones políticas pacíficas. En la reacción oficial ante las mismas se condensa el totalitarismo cubano.

Granma asegura que el gobierno no puede alimentar por la fuerza a los huelguistas y que sólo le resta actuar cuando llegan desahuciados al hospital. 

Ese razonamiento es correcto, en parte, y corresponde al acuerdo tercero de la Declaración de Malta (1991), suscrita por la Asociación Médica Mundial, para el tratamiento de huelgas de hambre, en cautiverio o en libertad. Pero los restantes 20 acuerdos de la misma Declaración no se cumplieron en Cuba en la asistencia médica penitenciaria de Zapata ni en la asistencia de salud pública a Fariñas, ya que ambos fueron tratados como enemigos, no como ciudadanos con plenos derechos. La Declaración de Malta recomienda la generación de “confianza” entre los huelguistas y las instituciones médicas y políticas. Las autoridades de la isla hacen justo lo contrario: atizan la desconfianza.

El mismo gobierno que niega a los opositores toda autonomía —presentándolos histéricamente como ventrílocuos del “imperio”— decide respetar la voluntad del disidente cuando éste pone en riesgo su vida. En ese momento sí son personas, aunque la mera expresión de un deseo de cambio político los convierta, a los ojos del poder, en vulgares marionetas del “imperio”. De manera que para ajustarse al formato establecido por la comunidad médica mundial, en la relación de gobiernos con huelguistas de hambre, el régimen cubano tendría, primero, que democratizarse. Algo que, como sabemos, no está en los planes.

Todos los gobiernos que se han enfrentado a huelgas de hambre —Londres frente a Gandhi o los republicanos irlandeses, Washington frente a César Chávez, París frente a los campesinos de Larzac, el dictador Hugo Banzer frente a las madres de los mineros bolivianos— alimenten o no, por la fuerza, a los huelguistas, fueran estos pacíficos o violentos, nunca descartaron por principio la negociación, palabra maldita en la jerga fidelista. Lo que distingue el comportamiento del gobierno de Fidel y Raúl Castro es la ausencia de normas básicas para la negociación con opositores. Éstos, según el régimen, son agentes del “imperio”, por lo que si de negociar se trata, mejor hacerlo con el imperio mismo, realizando, de paso, la fantasía totalitaria de un gobierno sin opositores.

Luego de la criminalización y la deslegitimación del opositor —en eso el socialismo recoge el legado de la Capitanía General y de las dictaduras de Gerardo Machado y Fulgencio Batista— al gobierno cubano le queda un último recurso para justificar la represión: el inventario de abusos que se cometen —o se han cometido— en todas las cárceles del mundo, desde Abu Ghraib, Bagram y Guantánamo hasta los centros de detención de inmigrantes en Europa. Si el inventario se agota, entonces se puede echar mano de las demandas que el gobierno cubano le hace todos los días a Estados Unidos, no en la mesa de negociaciones, sino en su “campaña mediática”: fin del “bloqueo”, liberación de los “cinco héroes”, cierre de Guantánamo. 

Claro que es cierto que en todos los países del mundo, incluyendo Estados Unidos, se violan los derechos humanos. Pero justificar los males de una nación con los males del planeta sólo tiene un nombre: impunidad. La doctrina de la impunidad ha sido siempre la misma, en dictaduras de derecha o izquierda, en guerra o en democracia, en el terrorismo o en el narcotráfico: tratar al opositor como enemigo, despojarlo de toda humanidad y transferir la responsabilidad del Estado a una amenaza externa.