Precisamente la semana pasada hablábamos de la violencia y quedó pendiente decir: ¿qué es lo que estamos haciendo para prevenir el delito? En tanto las autoridades de todos los niveles hacen diariamente su labor, cumplen con su responsabilidad, los ciudadanos no debemos quedarnos con los brazos cruzados.

La prevención del delito nos refiere a todas aquellas acciones que “disminuyan la posibilidad de que se presenten las conductas antisociales en la sociedad” (Peñaloza, 2004). De ahí que es necesario descubrir, a partir de los indicadores y estudios especializados, dónde, cómo y cuándo se realizan las conductas delictivas, para actuar más acertadamente. Mucho se especula sobre el motivo que lleva a las personas a delinquir: la pobreza, el desconocimiento de las leyes, el reconocimiento “social” que se adquiere al hacerlo, el entorno social y familiar o, inclusive, los factores genéticos. Pero, sea cual sea el origen, desde la familia y la comunidad sirve implementar nuestros modelos de prevención social del delito. Pero, ¿cuál o cuáles son nuestros modelos de intervención en ese aspecto?, ¿será necesario tomar la experiencia de otras regiones?

El principal programa instrumentado durante más de una década en Bogotá se inició cuando los alcaldes tuvieron mayores facultades para ejercer “el liderazgo” en sus competencias de seguridad y se sanearon sus finanzas con el fin de que sus recursos para los proyectos en ese ámbito y en la convivencia fueran más amplios. Curiosamente, Athanas Mockus, hoy candidato al gobierno de Colombia, tuvo bajo su mando la alcaldía de Bogotá entre 1995 y 1998 y acometió las primeras reformas: creó una oficina asesora especializada e implementó figuras para dar seguimiento a las actividades (por ejemplo, el Consejo Distrital de Seguridad, donde se analizaban, evaluaban y tomaban decisiones).

La seguridad pública fue ubicada como el tema más relevante en la agenda de los alcaldes y, por supuesto, también se incrementó el nivel de recursos. En este primer proyecto, en 1995, se invirtieron 39 millones de dólares para la alcaldía y, con miras al período 2001-2003, se incrementó a 55 millones.

Fue aumentado el gasto de la policía, pero no se descuidaron otros factores e inversiones: se promovió el desarme de los ciudadanos, la disminución del consumo del alcohol y su horario de venta; se fortalecieron programas de convivencia y de prevención de la violencia intrafamiliar y se impulsaron los mecanismos de mediación para resolver conflictos. Además, se promovieron políticas y leyes tendientes a recuperar espacios públicos y expropiar propiedades a la delincuencia organizada e implementaron sistemas para que los ciudadanos participaran en los programas de vigilancia vecinal y de policía comunitaria. La policía fue reestructurada y evaluada anualmente y se obligó, también, a que los ciudadanos fueran integrados a la prevención. Como resultado, en menos de diez años, en Bogotá, los índices disminuyeron de forma importante, de 1995, cuando 17 de cada 100 personas fueron víctimas de algún delito, a solamente 13 en 2004.

Somos diferentes a Colombia, su situación de inseguridad pública y violencia combinó tres elementos: la aparición de un grupo guerrillero armado identificado y activo, la existencia de estructuras de narcotraficantes que penetraron en todas las capas sociales y la participación de ex políticos en la delincuencia organizada. La mezcla de estos tres componentes mermó las estructuras sociales e institucionales de ese país. Ante tal declive en la esperanza, el discurso de Athanas Mockus y las acciones implementadas enfrentaron resistencias, pero con el paso del tiempo fueron salvando esas barreras.

En México estamos obligados a generar una balanza entre el combate al crimen organizado, la prevención del delito y la disminución de la violencia, en una agenda básica sustentada en una política de Estado para generar una nueva cultura de la legalidad. Sobre todo, ésta debe emanar de la educación en todos los ámbitos y es donde la Secretaría de Educación Pública juega un papel fundamental, porque sus programas escolares tienen que promover el rescate de valores y la prevención el delito desde el nivel preescolar hasta los superiores. Por otra parte, si bien es cierto que falta aprobar el marco legal desde la Cámara de Diputados y la de Senadores, también lo es que el Poder Ejecutivo ya podría estar generando una estrategia que obligue e incentive a todos los gobiernos, desde el nivel menor hasta el mayor, a implementar programas de prevención social del delito.

*Maestra en derecho constitucional por la UNAM

ruthzavaletas@yahoo.com.mx