Nunca antes desde que concluyó la guerra civil, en 1992, los militares se habían movilizado por acciones de seguridad pública. En noviembre pasado, cuando la violencia alcanzó un nivel insoportable, el presidente, Mauricio Funes, ordenó el despliegue de 2.500 soldados para apoyar a la policía en el combate antidelincuencial, especialmente en patrullajes disuasivos y en control de zonas de alto nivel de violencia. Los nuevos militares se sumaron a otros 1.600 que ya actuaban con el Gobierno pasado. Es decir, de un total de 15.000 efectivos con que cuenta el actual Ejército, unos 6.600 están en función permanente en la seguridad pública. Se trata del 44% de la tropa.
Antonio Martínez-Uribe, académico y experto en temas militares de la región centroamericana y de El Salvador, señaló a EL PAÍS: "Esta es una acción política más que demostrará que lo que existe es un juego de guerra más que efectividad en el combate de la delincuencia".
"Se están aplicando, quizá como sucede en México, políticas emanadas desde el Pentágono, de Estados Unidos, para militarizar la seguridad pública, pero con la finalidad de demostrar que los militares sirven para algo. Nuestros Ejércitos son muy pequeños y están prácticamente en desuso; por lo tanto, la línea de Washington es darles funciones de seguridad pública, y es su forma también de tener presencia en la política", aseguró Martínez-Uribe.
Plan global antidelincuencia
El intenso movimiento hacia las fronteras es parte de un plan global antidelincuencia diseñado por el Gobierno de Mauricio Funes para tratar de frenar la acción de bandas violentas conocidas como maras, así como el crimen organizado, que mantienen El Salvador desde hace más de una década en el nada honroso primer lugar como país más violento de Latinoamérica.
El despliegue se hizo oficial este lunes en la frontera de Las Chinamas, en la provincia o departamento occidental de Ahuachapán, que divide El Salvador y Guatemala. El Salvador comparte 545 kilómetros de frontera terrestre con los dos vecinos. Con Guatemala tiene cuatro fronteras legales, mientras que con Honduras son solamente dos. "Con esta medida se ayudará a combatir la trata de personas y el tráfico de drogas, principalmente", dijo el director de Migración y Extranjería, Rubén Alvarado; en términos más o menos parecidos se manifestó el ministro de Defensa, general David Munguía Payés.
No obstante, "esta labor era ya asignada constitucionalmente, ya que es el Ejército el encargado de proteger las zonas fronterizas, y no se explica ese aspaviento", cuestionó el experto Martínez-Uribe.
El Gobierno salvadoreño asegura que entre las funciones que cumplirán los soldados en las zonas fronterizas están las contenidas en el Decreto Ejecutivo número 70, que contempla el registro de personas y vehículos sospechosos, capturas y decomisos, con el fin de combatir los diferentes tipos de contrabando, aunque está probado que gran parte del contrabando de mercadería y droga pasa por los puntos legales, en los que habitualmente existe corrupción.
Antes de iniciar esta nueva tarea, los militares recibieron formación sobre legislación y control migratorio, trata de personas y contrabando. Los efectivos militares estarán en constante contacto con empleados fronterizos, comentó el jefe de Migración y Extranjería. Según cifras oficiales, el monto de la evasión, elusión y contrabando en El Salvador alcanza anualmente más de 700 millones de dólares.
