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26/07/2006 | EL SALVADOR - El fantasma de la violencia

Juan José Dalton

El pasado 5 de julio puede ser una fecha histórica: podría definir el camino hacia una nueva guerra o el trayecto para enderezar el hasta ahora frágil proceso democrático en El Salvador.

 

Ese día se realizaba una manifestación estudiantil que protestaba contra el alza del transporte público. De repente aparecieron individuos armados (dos de ellos captados por cámaras de televisión) que dispararon con un fusil de guerra y supuestamente mataron a dos agentes antimotines e hirieron a otros 10.

Ante el caos existente en la zona alrededor de la Universidad de El Salvador (UES) –escenario de enfrentamientos en los años previos a la guerra civil (1980-1992)–, el gobierno ordenó vuelos de helicópteros policiales artillados y vehículos militares. La policía apostó francotiradores en edificios altos. Las autoridades de la UES creen que los francotiradores o policías desde los helicópteros hirieron de bala a uno de sus funcionarios que estaba en la rectoría.

La refriega dejó más de 30 detenidos. Se desarrolló una cacería contra un tirador de un rifle M-16, identificado como José Mario Belloso, de 29 años de edad, activista del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), segunda fuerza local y partido político legalizado.

Desde entonces, existe crispación política en este país. No es para menos: ha estremecido los cimientos de esta sociedad que hace 14 años concluyó una cruenta guerra civil que duró más de una década, con un saldo de 75 mil muertos, 12 mil lisiados y 8 mil desaparecidos.

Después de dos semanas del hecho, la desconfianza y la tensión se mantienen entre las dos principales fuerzas políticas: la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en el gobierno, y el FMLN. Este último partido tuvo que desconocer a Belloso (quien se encuentra prófugo) y a su cómplice capturado, Luis Antonio Herrador Funes. Además, se vio obligado a condenar el asesinato de los dos policías.

Ánimos calientes

“La primera lección que sacamos de estos hechos es que se ha podido apreciar que la violencia política está a la espera de explotar en este país. Como que los ánimos se están calentando en diversos sectores, tanto en grupos de la izquierda –muy pequeños, pero muy radicalizados–, como en parte del gobierno, con intentos, repito, de querer que la violencia política irrumpa de nuevo”, aseveró a Apro el analista Luis González, director del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación (CIDAI), de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA).

González enfatiza que, en anteriores manifestaciones, se vivieron momentos “difíciles”, sobre todo cuando las marchas eran cercadas por la policía. “Aparecían algunos manifestantes incendiando cabinas telefónicas, lanzando piedras (...) Durante las elecciones (en marzo pasado), un grupo de simpatizantes del FMLN se fueron al hotel donde se hacía el conteo de votos para defender el triunfo de la candidata a la alcaldía de San Salvador, y estuvieron cara a cara con los antimotines. Es decir, ya habían ánimos caldeados”, agregó.

Lo que nadie imaginó es que apareciera un manifestante disparando con un fusil M-16 (de uso exclusivo de la Fuerza Armada) y matara a dos policías antimotines. Pese a que un pelotón de antimotines fue prácticamente diezmado (2 muertos y 10 heridos), la policía no repelió el ataque con fuerza desproporcionada. De lo contrario, se hubiera protagonizado una masacre como las que se acostumbraban a ver en la década de 1970.

“Lo que ocurrió ese día no es un punto de partida, sino una continuidad, que expresa el desarrollo de un proceso de una transición, de un régimen a otro régimen, que en el caso de El Salvador contiene una liberalización y no una democratización. Dicha liberalización está controlada por el régimen anterior (de dictadura militar) (...) Entonces, lo que vemos es la consolidación del antiguo régimen, pero en este caso neoliberal, privatizador, con reducción de la participación política de la sociedad. Lo sucedido tampoco fue una amenaza a la paz, porque no se amenaza lo que no existe”, expresa Dagoberto Gutiérrez, exdirigente del FMLN, analista y fundador de una corriente considerada radical del movimiento social conocida como Tendencia Revolucionaria (TR).

No obstante a lo que Gutiérrez expresa, en El Salvador las fuerzas sociales han mostrado preocupación por la polarización existente. Apenas cuatro días antes de los sucesos mencionados, una pareja de ancianos, Francisco Manzanares y su esposa Juana de Manzanares, colaboradores históricos del FMLN, fueron asesinados en la apacible y turística ciudad de Suchitoto. El crimen fue con lujo de barbarie, antecedido por torturas, según las huellas en los cadáveres. Previamente, los ancianos y sus familiares, entre ellos una de sus hijas, Marina, quien fue locutora de la radio guerrillera Venceremos, habían sido amenazados por desconocidos.

El reclamo de la paz

Quizás un signo de grave preocupación lo refleja el reciente surgimiento de un grupo espontáneo, heterogéneo y amplio de ciudadanos y representantes de diversas instituciones que se han reunido para redactar una “Carta de compromiso con la paz”, en la que rechazan “cualquier tipo de violencia” sin importar motivación o procedencia. Además, hacen un llamado al diálogo nacional en el que estén todas fuerzas representativas del país para buscar soluciones y alternativas a los graves problemas nacionales.

Pero la situación no se plantea fácil. Dagoberto Gutiérrez plantea, por ejemplo, que El Salvador vive “una situación de guerra”: funcionarios del gobierno, en varias ocasiones, han hablado que “estamos en guerra” y existen altos niveles de armamentismo en amplios sectores sociales: más de diez asesinados diarios; en los fines de semana mueren hasta 40 personas. Se estima que unas 500 mil armas circulan en manos de civiles en el país, en su mayoría ilegales, con una población de 6.4 millones de habitantes.

“Tenemos que ver que existe un retroceso en El Salvador. Aspectos de los Acuerdos de Paz --pacto con el que finalizó la guerra civil-- no se cumplieron, como el Foro Económico Social, en el que se debatirían temas sensibles como el de articular un modelo que no dejara fuera a la mayoría. Estamos pagando caro por cosas que no abordamos en aquel momento”, señala González.

Añade que la derecha ha atacado la institucionalidad del país y atentado contra los Acuerdos de Paz. “En las áreas que éstos se cumplieron, se está sufriendo un daño muy fuerte. El tema de la policía se ha pervertido. Por ejemplo, que el presidente decida qué tipo de policía quiere el gobierno no es bueno para la sociedad. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) sufre severos ataques del gobierno. Eso debilita la institución y le resta capacidad”, insiste el analista.

“Si no se cambian las reglas del juego, podemos tener una situación de irrupción de los militares. Por supuesto, en la izquierda habría sectores que no pensarían dos veces en defender lo que han conseguido. Esto nos llevaría a desbordes violentos, incontrolados, en el que tendrían las de ganar los que tienen más armas”, finaliza.

Revista Proceso (Mexico)

 



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