“Paramos la guerra civil hace 20 años, ahora estamos enfrascados en detener una nueva guerra: la de las maras”, dice Raúl Mijango, exjefe guerrillero y uno de los artífices de “la tregua” que viven ahora las pandillas violentas en El Salvador, que ha reducido drásticamente la violencia.

Mijango fue uno de los comandantes del Ejército Revolucionario del Pueblo, integrado en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); participó en el proceso de paz, fue diputado, disidente dentro de la ortodoxia izquierdista y pequeño comerciante. En la actualidad, media en la pacificación entre maras.

Esos grupos violentos nacieron en los años ochenta en EE UU. “Estaban integradas por jóvenes salvadoreños y centroamericanos, residentes ilegales en los barrios bajos de Los Ángeles. Se defendían así de las mafias mexicanas”, dice Mijango. “Desde entonces, hasta hoy, las pandillas han convertido a El Salvador en el segundo país más peligroso del mundo, tras Honduras. Hay más muertes violentas que en Afganistán”. En 2011 se inician gestiones alternativas para frenar la sangría: una tasa anual de casi 70 homicidios por 100.000 habitantes, extorsiones, secuestros, violaciones. Los mareros han perpetrado matanzas y crímenes bárbaros, con decapitaciones y mutilaciones.

Mijango sufrió las extorsiones de las pandillas siendo comerciante de gas propano. “Me robaron en tres ocasiones y en otra me secuestraron. Esto es lo que a diario viven los comerciantes salvadoreños. Si quería seguir en mi comercio, tenía que negociar con los mareros”, explica Mijango. Por eso no dudó en aceptar la oferta del ministro de Defensa, el general retirado David Munguía, para que lo asesorara. “Ahí sale la idea que después resulta en el proceso vigente de tregua entre las pandillas”.

Mijango y monseñor Fabio Colindres, capellán del Ejército, comenzaron a dialogar con los líderes pandilleros presos en el penal de máxima seguridad conocido como Zacatrás (en alusión a la antigua cárcel norteamericana de Alcatraz). El pasado febrero, las principales maras —Salvatrucha y Barrio 18— firmaron “una tregua”. Dejaron de matarse entre ellos y a los ciudadanos que no pagaban las extorsiones. Luego ordenaron el cese del reclutamiento de menores, las acciones contra escuelas y la violencia contra las mujeres. El Gobierno, a cambio, trasladó a 30 jefes de pandillas a penales con regímenes más flexibles. En estos meses, los homicidios han bajado de 15 diarios a 5. “Aún hay crímenes, pero es un proceso complejo que lleva 30 años, en el que los experimentos represivos han fracasado”, dice Mijango. ¿Mesa de diálogo? No necesariamente, dice el exguerrillero, que habla de una “acción pendular” entre las partes con el apoyo de la Organización de Estados Americanos.

“El Gobierno podría pedir que los pandilleros entreguen los cementerios clandestinos, el armamento y a los individuos que tienen deudas con la justicia, y dar respuesta al pliego de peticiones que le ha llegado.Tienen que llegar a acuerdos y no puede ser de otra manera”.