El ex zar antidrogas de Estados Unidos y ex jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadunidenses, el general Barry McCaffrey, no tuvo empacho alguno en llamar narcoterrorismo” a las explosiones de coches bomba que se han registrado en los últimos dos meses en Ciudad Juárez, Monterrey, Culiacán, Ciudad Victoria y Reynosa, así como los granadazos del 15 de septiembre de 2008 en Morelia y los ataques al consulado de EU en Juárez, Chihuahua.

El término ha sido retomado por los servicios de inteligencia de los gobiernos de Francia, Alemania e Israel. Este último, inclusive, ha intentado establecer una conexión entre los grupos terroristas de medio oriente y las bandas criminales mexicanas, especialmente Los Zetas y el cártel del Pacífico. No sólo habría intercambio de drogas por armas, sino entrenamiento en cuestiones de ataques, armado de bombas y estrategias para provocar terror y desestabilización entre la población.

El más reciente señalamiento sobre la narcoinsurgencia mexicana fue hecho el pasado fin de semana por el senador republicano Richard Lugar, del Comité de Relaciones Exteriores del senado estadunidense. “La guerra contra las drogas en México ha adquirido características de narcoinsurrección. Aunque no tenga intenciones ideológicas o revolucionarias, los cárteles persiguen objetivos políticos, además de económicos… Están intentando limitar o negar el control gubernamental en regiones de México”. Pero el centro de su acusación es la conexión entre narcoinsurgencia y narcocampañas: “Una variedad de reportes indican que al buscar el consentimiento gubernamental para sus actividades, por lo menos un cartel ha complementado la intimidación y esquemas de sobornos con el apoyo activo de candidatos amigables a la organización criminal”.

Para el senador Lugar, la narcoinsurgencia es un desafío directo a la seguridad nacional de su país. “El problema ya está en el interior de Estados Unidos. No es sólo un problema fronterizo”. Y a pesar de estar a favor de un mayor apoyo al gobierno mexicano en su guerra contra el crimen, lanzó una clara advertencia: “el mayor riesgo es que el poder de los cárteles en la vida diaria de México llegue a ser tal que las autoridades pierdan la capacidad de mantener la seguridad”.

Caracterizar la violencia que actualmente golpea al país como narcoterrorismo y narcoinsurgencia, desde diversas instancias del gobierno estadunidense, no tiene otro propósito que exhibir al gobierno actual como inepto en su guerra contra la drogas y preparar una mayor injerencia militar y policiaca de Estados Unidos en nuestro país, como si no fuera suficiente con la que ya existe.

El gobierno mexicano debe comprender que detrás de las comparaciones con la Colombia de hace 20 años, con los Estados fallidos de hoy y con los calificativos de narcoinsurgencia y narcoterrorismo, no hay una simple advertencia académica: está todo el interés político de entrar hasta la cocina de la seguridad pública y hasta la recámara de la seguridad nacional, para conducir las política del gobierno en esta materia, sin necesidad de invadir al país. Es, precisamente, lo que en la geopolítica contemporánea se conoce comoneocolonialismo militar.

Hasta el momento, la respuesta de la cancillería mexicana a todas estas caracterizaciones que afectan al país, ha sido timorata, candorosa y pusilánime. Tal vez porque, en el fondo, coincida y comparta estos posicionamientos, o porque carezca de argumentos y pruebas para refutarlas. Es urgente desnarcotizar la relación bilateral México-EU y desactivar el coche bomba con placas diplomáticas que se ha colocado frente a la puerta principal de la política exterior mexicana con el tema de la narcoinsurgencia terrorista. Sería lamentable que además de ir perdiendo internamente el control de las calles, carreteras y territorios, por la guerra fallida contra el narco termináramos cediendo también las fronteras.