En declaraciones al periódico, el ministro de Indigenización, Saviour Kasukuwere, informó que la decisión deberá ser acatada "por todos los nuevos proyectos del sector minero" una vez entre en vigor la norma a través de su publicación en el boletín oficial de Zimbabue. La decisión responde a la aplicación de la Ley de "Indigenización" aprobada en 2008 y por la cual los inversores extranjeros deben dejar en manos de zimbabuenses negros el 51% de sus propiedades. La norma prevé una "indigenización" completa de Zimbabue antes de 2013.

El ministro Kasukuwere informó de que las empresas que actualmente explotan las minas de Marange -en el este del país- "deberán sentarse a discutir [con el Gobierno] la composición de la propiedad de las empresas", refiriéndose a las dos compañías (una china y otra sudafricana) que trabajan en la zona minera, situada en el este del país, cerca de la frontera con Mozambique.

Con una extensión de 60.000 hectáreas, las minas de Marange han sido calificadas por el régimen como el "mayor yacimiento de diamantes de aluvión de la historia de la Humanidad". La primera dama de Zimbabue, Grace Mugabe, tiene además acciones en una de las empresas que tiene licencia para prospecciones en las minas de Marange, una explotación cuyos beneficios solo han beneficiado hasta el momento a altos cargos del partido de Mugabe, ZANU-PF.

Los diamantes de aluvión son aquellos que se hallan en la superficie de manera natural, gracias a la erosión del suelo o a las lluvias, y según afirman los expertos las minas de Marange tienen un potencial de entre 1.000 y 1.700 millones de dólares al año, cerca de la mitad de todo el PIB nacional de Zimbabue. Grupos de derechos humanos han denunciado persistentemente que las minas suponen el motor financiero de la campaña represiva que el régimen lleva a cabo desde su llegada al poder, hace tres décadas.

A finales del año pasado, el proceso de Kimberley (órgano que certifica que los diamantes no provengan de zonas de conflicto) suspendió la exportación de los minerales preciosos de Zimbabue tras las denuncias de abusos de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad del régimen. Sin embargo, el régimen de Mugabe recibió un nuevo espaldarazo a su política en agosto pasado, cuando el mismo órgano decidió levantar la prohibición, dando luz verde a los diamantes de Zimbabue en el mercado internacional. El Proceso de Kimberley se creó en 2002 con el objetivo de frenar la llegada al mercado de diamantes de sangre, aquellos procedentes de conflictos en África.

La nacionalización de los diamantes y las minas de Zimbabue responde a la política de naturalización que Mugabe inició a principios de la década, cuando el régimen inició una polémica reforma agraria que pretendía abrir el acceso a la tierra de los campesinos zimbabuenses. Sin embargo, la caótica norma se tradujo en la expulsión de facto de los granjeros blancos y la toma de las tierras por parte de altos cargos del círculo cercano a Robert Mugabe, en el poder desde 1980.