Enclavado en el Valle del Mezquital, en Tlaxcoapan, de casi 30 mil habitantes, ningún varón quiso ser jefe de la policía, tras el ataque que sufrieron el 3 de julio del año pasado los mandos de seguridad de Actopan, al ser emboscados por un grupo armado.

Cada uno de los 25 policías es responsable de velar por la seguridad de mil 200 habitantes, cuando la media recomendada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es de un oficial por cada 357 personas.

Vecina de un municipio que apenas en enero vivió un atentado con coche bomba en contra de mandos policiales, una mujer destaca por su valentía. Se trata de Denya Díaz Cerón, una madre soltera de 34 años de edad, quien en noviembre del año pasado asumió las riendas de la Policía en Tlaxcoapan.

Otro ejemplo de gallardía femenina está a unos 100 kilómetros de este municipio, en Mineral del Chico, donde la jefa de la Policía es Anayeli Altamirano Hernández, con apenas 27 años de edad.

Ambas tienen la responsabilidad de enfrentar a la delincuencia, que en los últimos meses ha aumentado en estos ayuntamientos.

En entrevista, Díaz Cerón recordó cuando llegó a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, como regidora, y cómo se interesó en el tema de la seguridad.

“Esta oportunidad se me da a través de dos años de incorporación a la policía, de subir al mando y es obvio que tienes que asumirlo con responsabilidad, porque las situaciones son críticas. No es el caso del municipio aún, pero nosotros en Tlaxcoapan no estamos exentos de una situación así”, confesó.

“Yo desde años atrás quería trabajar en la policía, pero mi familia no me dejaba. Tengo un hijo de 17 años, que se preocupa mucho, pero yo le digo que tenemos que trabajar, porque tenemos que salir adelante. Le digo que no se preocupe, que él le eche ganas a la escuela y yo tengo que trabajar para poderle dar la escuela”, acotó.

A pesar de que Tlaxcoapan es limítrofe con Tula, donde se registró el atentado con coche bomba que le quitó la vida al comandante Víctor Peña, Díaz Cerón sostuvo que en su municipio no hay amenazas.

“Tenemos problemas, alcoholismo, riñas intrafamiliares, los robos a casa habitación que es lo más recurrente. No somos suficientes los elementos para afrontar estas situaciones; sin embargo, hacemos todo lo que está en nuestras manos”, aseveró.

Aclaró que “de uniformes ya nos equiparon, se adquirieron unos radios; nos hace falta personal para vigilar como se debe a las tres comunidades, Doxey, Teocalco y Teltipan”.

Desde el 1 de noviembre de 2010, día en que Díaz Cerón ocupa la jefatura de la Policía de Tlaxcoapan, su mayor preocupación es que el crimen organizado se desborde en su municipio.

“Mi preocupación principal es que la delincuencia nos rebasa, pero le pido a la población que confíe en nosotros, nos preparamos todos los días. Esperamos dar buenos resultados, no es fácil, pero tenemos la capacidad para hacerlo”, reveló.

Según un balance de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), Tlaxcoapan registró el año pasado 100 averiguaciones previas por robo, 34 por lesiones, 25 por daños a la propiedad, 10 por amenazas y nueve por fraude.

Asimismo, tres por despojo, dos por privación ilegal de la libertad, una por extorsión, ocho por delitos sexuales, cinco por homicidios y tres por abuso de confianza.

En tanto, a menos de 100 kilómetros de este lugar, Anayeli Altamirano Hernández es la responsable de la seguridad pública de uno de los municipios con mayor presencia de Zetas en la entidad.

Abogada de profesión, a Anayeli nunca le interesó ejercer de abogada. Desde pequeña siempre quiso ser policía y cuando egresó de la universidad, hace cuatro años, se trazó la meta de dirigir a los policías en estrategias contra la inseguridad.

En agosto de 2010, la jefa policial se enfrentó al hallazgo de siete asesinados al interior de tiros de minas de 80 metros de profundidad, y en cuyo caso estuvo involucrado al menos uno de sus subordinados.

Anayeli tiene a su cargo a 18 elementos policiales, además de tres patrullas, una ambulancia y dos cuatrimotos.

En el municipio anualmente se registran 50 puestas a disposición ante el juzgado conciliador del ayuntamiento por faltas administrativas, otras 11 al agente del Ministerio Público del Fuero Común y al Federal por delitos contra la salud y saqueo de carbón vegetal.