“El monto de la recompensa... corresponderá hasta por el equivalente de 25% del valor, conforme al avalúo realizado por los peritos de la procuraduría, a los recursos, derechos o bienes relacionados o susceptibles de ser vinculados en operaciones con recursos de procedencia ilícita se hayan logrado identificar y localizar”, precisa el acuerdo.

Para otorgar la gratificación, la PGR tomará en cuenta la utilidad de la información proporcionada, tanto de bienes ilícitos como de quienes se ostenten como su propietarios o estén encargados de su administración.

El acuerdo también establece que los gastos de administración, enajenación, adeudos y otros que se realicen, se deducirán del monto total a pagar a los informantes, conforme a la parte proporcional o porcentaje que corresponda entregar.

La recompensa podrá otorgarse sobre bienes asegurados bajo alguna de las tres modalidades previstas en la legislación mexicana, que establece la Procuraduría General de la República, y que son: que causen abandono en favor del Estado, que hayan sido decomisados, o que se haya declarado la extinción de dominio.

Hasta ahora, el programa de recompensas de la PGR estaba dirigido a obtener información para ubicar y detener a los líderes y principales lugartenientes de grupos del crimen organizado, por quienes se ofrecen sumas que van de los 3 millones de pesos a los 30 millones de pesos.

El programa no ha tenido una respuesta amplia de la ciudadanía, pues desde su puesta en marcha sólo se han pagado dos recompensas de monto reducido, ya que las capturas de los delincuentes que figuran en las listas de los más buscados de la PGR se han dado en operativos de la Policía Federal y las Fuerzas Armadas.

Esta nueva modalidad, que pretende seguir la pista al dinero ilícito, fue aprobada por el Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas de la PGR.