Gobernar es mandar u ordenar con autoridad. Por antonomasia esa función es propia del Gobierno, como este nombre lo indica; pero a veces ello se queda en semántica porque hay Gobiernos que no gobiernan.

Ejemplo al canto: el pasado jueves 26, por enésima vez, unos sujetos obstruyeron por horas una autopista en Caracas. En cualquier ciudad del orbe eso causaría escándalo; pero no en "nuestra" bellísima capital puesto que, al hilo del ideario de la notable intelectual judía Hannah Arendt, la reiteración del mal lo banaliza y aquí esa desgracia es harto frecuente.

Empero, una circunstancia llama poderosamente la atención, a mí al menos: la obstruida fue la "Valle-Coche" en sentido Norte. Y cuando un Gobierno se deja cerrar la autopista en cuyo frente yérguese el fuerte militar más importante del país e impedir la entrada y salida a tan vital instalación, es que su pasividad llegó al colmo.

El art. 68 constitucional permite las manifestaciones pacíficas. Igual las leyes y tratados internacionales. El art. 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos lo restringe si afecta la seguridad nacional y pública, la salud y los derechos y libertades de los demás. También el art. 15 de la Convención Americana de DD.HH. Es violento trabar el derecho de rango constitucional (art. 50) al libre tránsito. Esto no es una perturbación social de bagatela sino un atroz e incivil acto de barbarie, cuya dañosidad social es evidente. Basta pensar en las personas fallecidas porque se les impidió llegar a un hospital. Además eso propicia en Caracas el asaltar y hasta matar la gente así represada. Si un delito (¿acaso el confuso art. 357 -por su torpe redacción- del Código Penal?) no se castiga, la impunidad estimula más y mayores crímenes y los mismos energúmenos que obstruyen vías podrían llegar a destruir autos, apalear pasajeros y aun asesinarlos. La mejor prevención, por eso, es que al delito siga una infalible represión penal.

El Derecho penal debe garantizar la pacífica coexistencia. En la teoría del Estado los ciudadanos le atribuyen tánto poder cuanto sea necesario para asegurar la paz social. Los derechos ajenos son deberes propios. Exigir un derecho sin respetar el de los demás, es conducta antisocial y contra la libertad. La esencia del Derecho es el bien común o telos o ideal fin último. El no permitir a la mayoría el tránsito viario es antítesis de la vida humana en libertad y tolerarlo es negar la convivencia pues la suprimirían la anarquía y el todos contra todos.

Y como sin paz pública es inconcebible un sistema social liberal, el Estado siempre debe penar conductas como ésa. Un Gobierno inhibido ante tan graves arbitrariedades no protege el orden jurídico ni público ni la libertad de la ciudadanía.

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