Verdaderamente ha sido una decisión muy positiva del presidente Morales retornar al plano bilateral, ya que es el medio más práctico y seguro de encontrar soluciones a los variados problemas existentes entre los dos países, entre ellos, el del Silala, el del río Lauca y el marítimo nacional.

Hay gente ingenua que aún cree en la justicia internacional y propugna la continuación de la senda hacia los tribunales de La Haya. Pero dicha justicia es muy relativa. Además, en lo que respecta a nuestro magno problema, éste no está fundamentado en derechos jurídicos sino sólo en históricos y morales. Y estos últimos muy difícilmente pueden ser tratados por tribunales internacionales.

Nuestros derechos históricos provienen del hecho de que Bolivia nació siendo un país litoral, poseyendo una costa de más de 300 kilómetros de ancho, reconocida por Chile. Y los derechos morales, en las veces en que la comunicad internacional, principalmente la OEA, y el propio Chile, apoyaron la existencia del problema marítimo. Cabe reafirmar que la OEA en 11 oportunidades emitió resoluciones instando a los dos países a que resuelvan directamente la mediterraneidad de Bolivia. Y últimamente, muchos de los cancilleres americanos reunidos en la Asamblea General de El Salvador, incluido el representante de EEUU, han reiterado esa disposición, insistiendo en la necesidad de que se busque un arreglo en forma bilateral.

Evidentemente, el inicio del camino bilateral será ahora más duro de transitar, ya que Chile se considera ofendido desde la ruptura del diálogo. Prueba clara son las declaraciones del canciller Moreno de que “Chile tiene la mejor voluntad de colaborar para que Bolivia tenga un mejor acceso al mar”, pero reiterando que “Chile no le debe nada a Bolivia”. En verdad, el Gobierno de La Moneda no debiera quejarse por lo sucedido el 23 de marzo, ya que la misma prensa chilena menciona que una de las causas de la ruptura del diálogo fue el “caso Sanabria”, es decir, que el Gobierno trasandino no informó al de Bolivia sobre ese operativo organizado conjuntamente con la DEA. Ese hecho fue calificado por el presidente Morales como una deslealtad.

Retornando a los tribunales internacionales, es menester señalar que ni siquiera un dictamen de la Corte Internacional de La Haya es definitivo. Los países muy bien pueden eludir su cumplimiento. Basta citar el “Caso del derecho de Asilo” de Haya de La Torre, en 1950, entre Colombia y Perú. La sentencia de la Corte negó el derecho de asilo a Colombia y, por tanto, este país debía entregar a las autoridades peruanas a ese conocido político, quien estaba refugiado en la embajada colombiana en Lima. Pero Colombia nunca cumplió la sentencia.

Actualmente, Chile y Perú han llevado el problema de su delimitación marítima a la Corte de La Haya. ¿Habrá gente tan cándida de creer que si el dictamen de la Corte es adverso a Chile, este país acataría su cumplimiento, tomando en cuenta que el dominio del territorio marítimo disputado lo tiene desde hace ochenta años?

Si ahora unos disturbios de chiquillos de colegio están trastabillando al gobierno de Piñera, ¿qué le sucedería si aceptara el dictamen y redujese su territorio marítimo de la zona de Arica? Lo más probable sería que el pueblo chileno y sobre todo sus poderosas Fuerzas Armadas lo defenestrarían de La Moneda, lo tacharían de traidor a la patria y lo cubrirían de oprobio.

En consecuencia, deberíamos dejar de lado los ingenuos anhelos de una justicia internacional, y abocarnos a solucionar nuestro problema marítimo en forma pragmática, mediante una negociación bilateral, directa, franca y amistosa; y ello porque Chile necesita de Bolivia, tanto como Bolivia necesita de Chile.