Sin embargo, según el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), la propuesta de referéndum viola los derechos de los pueblos indígenas, porque superpone un supuesto interés de los departamentos de Cochabamba y Beni, frente a territorios indígenas con reconocimiento de derecho propietario y de titularidad legalmente constituida.

Convenios y normas constitucionales sostienen que se debe “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”, como es el caso de la construcción del segundo tramo de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.

A su vez, según ANF, se estaría desconociendo la libre determinación y la territorialidad de los pueblos indígenas, consagrados en el Artículo 30 de la Constitución Política del Estado (CPE), inciso 4 y se estaría negando el precepto y derecho constitucional a la pre existencia enmarcado en el artículo 2 de la misma Constitución.