La secuencia cronológica es, más o menos, la siguiente: 1) el ingreso de China en la Organización Mundial del Comercio obligó a los países europeos a permitir la entrada de los baratísimos productos chinos; 2) ante la imparable ofensiva comercial, los fabricantes de zapatos europeos trasladaron sus fábricas a China y/o vendieron sus diseños y redes comerciales a las empresas de aquel país; 3) cuando todo el sector europeo está a punto de desaparecer, los escasos fabricantes que quedan piden auxilio a sus autoridades; 4) gran follón en Bruselas: mientras los países mediterráneos -bueno, sobre todo Italia: a España últimamente se le oye poco en el cuartel general de la Unión Europea- piden protección aduanera especial contra el calzado procedente de China, los países nórdicos reclaman el derecho de sus consumidores a comprar zapatos buenos, bonitos y baratos sin importar el lugar donde se fabriquen; 5) la Comisión Europea opta por utilizar una excusa exótica que le permite proponer un pequeño arancel aduanero, con la promesa de subirlo en el caso de que resulte insuficiente. Las cifras del conflicto, como he advertido al principio, no son espectaculares, pero en absoluto despreciables: en el conjunto de Europa y desde 2001 han desaparecido 40.000 puestos de trabajo en el sector zapatero (la mitad en España) y casi mil empresas han cerrado. Y en todo caso, sitúan a Europa frente a su propio futuro económico: por un lado, no puede aspirar a vender programas de ordenadores, aviones, productos de lujo, servicios financieros sin, correlativamente, admitir zapatos, muebles, ropa de vestir...

Por otra parte, a los consumidores europeos no se les puede impedir el acceso a los productos que mejor se adecuen a sus aspiraciones de calidad-precio. En el caso de los zapatos, y según cálculos del Gobierno danés, las importaciones de Asia ahorran a los europeos más de 250 millones de euros. ¿Por qué renunciar a ese ahorro, o a esa mayor riqueza? El proteccionismo con rostro solidario suele ser una trampa: su práctica impide el progreso económico puesto que convierte en enemigo a cualquier proceso innovador que ahorre costes y puestos de trabajo.

El proteccionismo no sirve, pero la liberalización produce daños inmediatos. ¿Qué hacer? Parece que lo primero sería aceptar que estamos ante un problema: resultan patéticas las manifestaciones de millones de estudiantes y sindicalistas franceses que rechazan un mínimo cambio en su régimen laboral, que se niegan a aceptar la realidad de que, económicamente también, el mundo es un pañuelo. En lugar de aferrarse a un pasado indefendible, Europa debería concentrarse en avizorar sus propias oportunidades en esa nueva realidad.

Hubo, hace seis años, un intento de insuflar a Europa más interés por el futuro que por el pasado. Fue en la primavera del año 2000, ¿pero quién se acuerda ya de la «Agenda de Lisboa»?, en la que con la aprobación de los jefes de Estado y de Gobierno se establecía una meta ambiciosa: nada menos que hacer de la Unión Europea «la economía del conocimiento más competitiva y dinámica», con propuestas en todo el arco de la política económica: innovación y espíritu empresarial, liberalización de los mercados laborales y de bienes, igualdad de géneros, etc. Estas seis primaveras transcurridas agostaron las ambiciones del proyecto y se han sustituido por prácticas cotidianas que sistemáticamente marchaban en la dirección opuesta, de forma que, al día de la fecha, el mercado único europeo debate su identidad entre declaración de intenciones o puro ente de razón. Si se hubiera avanzado sólo la mitad de las propuestas de la Agenda de Lisboa, el conflicto de los zapatos no se habría producido. Se espera del tradicional buen gusto europeo que no eche la culpa del mismo a los chinos.

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