Siempre he sostenido que el clima de inseguridad y violencia en México tiene su origen en una perversión de todo el círculo realmente vicioso, que va de las policías a las leyes, pasando por los órganos encargados de procurar e impartir justicia, y los sistemas penitenciarios.
En los
primeros cuatro factores, policía, procuradurías, Poder Judicial y cárceles, el
común denominador es la corrupción, y en las leyes, la protección más al
victimario que a la víctima.
En
México, a lo largo de los años, y de los gobiernos, nunca se ha dado un enfoque
global a este problema: o se atiende a las policías, o a las procuradurías, o a
los jueces o a los sistemas penitenciarios o a las leyes. Se ha tratado de
avanzar en una o dos, pero nunca de un modo totalizador.
Así,
vemos las cifras de los detenidos que son sentenciados, que hay quienes las
ubican entre 1 y 3 por ciento; o la debilidad, cómplice, de las consignaciones,
o las desviaciones de algunos malos integrantes del Poder Judicial, así hasta
llegar al sistema carcelario que podría decirse es el peor de los cinco
elementos.
En los
sistemas penitenciarios estatales lo que priva, además del hacinamiento y
sobrecupo, es el autogobierno de los internos y la corrupción, hablar de
readaptación es un ejercicio inútil: no la hay a ningún nivel.
Por eso
no me acaba de sorprender el que para ocultar una fuga de 30 reos, hayan
ejecutado a otros 44 en la penitenciaría de Apodaca, en Nuevo León.
Y no me
asombra porque en los últimos cinco años se han registrado 20 motines en
penales estatales con un saldo de 271 muertos, en todos los casos, consecuencia
de la corrupción de los que están dentro, y de éstos con los que, autoridades,
están afuera.
De lo
contrario sería imposible.
Y
mientras no se le dé un enfoque global, seguiremos así, o peor.