Consternados, los inversores que participaron en los 2 canjes de deuda y temen que el país entre en una cesación de pagos técnica sobre bonos reestructurados por alrededor de US$ 24.000 millones. Esos inversores ingresaron una moción en la Corte de Apelaciones del 2do. Circuito buscando frenar la orden de Griesa.

La situación es conocida: Una década después de declarar la mayor cesación de pagos de su historia, la Argentina se enfrenta a una dura elección entre depositar fondos antes del 15/12 para pagar a los acreedores "excluidos" -los que rechazaron 2 ofertas para reestructurar la deuda impaga- o arriesgarse a caer en una cesación de pagos técnica con todos los tenedores de bonos.
    
Los inversores que tenían cerca del 93% de los títulos incumplidos acordaron canjear esa deuda por papeles nuevos, aceptando una gran pérdida de capital.
    
Pero la decisión de la semana pasada del juez Thomas Griesa fue una gran victoria para los acreedores que no participaron, liderados por NML Capital Ltd -filial de Elliot Management Corp- y Aurelius Capital Management, quienes siguieron por 10 años luchando en los tribunales para conseguir un reembolso total por sus papeles.
    
En otra victoria, NML logró la confiscación de una nave emblema de la Armada argentina durante una visita a Ghana. 2 meses más tarde, el buque sigue retenido.
    
El fallo de Griesa es un retroceso no sólo para la presidenta argentina, Cristina Fernández, quien llama a los acreedores excluidos "fondos buitres" y ha prometido no pagarles.
    
También ha consternado a los inversores que participaron en los 2 canjes de deuda y temen que el país entre en una cesación de pagos técnica sobre bonos reestructurados por alrededor de US$ 24.000 millones.
    
Esos inversores ingresaron una moción en la Corte de Apelaciones del 2do. Circuito buscando frenar la orden de Griesa.

El gobierno argentino apeló el fallo del juez Thomas Griesa, que ordena depositar el 15/12/2012 un pago de US$ 1.330 millones en una cuenta escrow (en garantía del cumplimento de la sentencia). Los escenarios posibles provocan especulaciones diversas.

En el escrito presentado, el Estado argentina plantea, por primera vez, la posibilidad de un pago de su deuda en default. Expresa que se podría relizar una propuesta consistente con la legislación argentina, para luego ser debatida en el Congreso, pero sólo en el caso que lo dispuesto por el magistrado respetara los intereses de quienes entraron al canje de deuda de 2010.

Aparentemente, algo tan sencillo fue muy dificultoso de aceptar dentro de la propia Administración, y resultó más una recomendación de los abogados del estudio Cleary Gottlieb que una convicción de los funcionarios argentinos.

Urgente24 entrevistó al economista Agustín Monteverde

-Para comenzar, ¿son buitres o no son buitres?

-El Gobierno argentino quiere instalar lo de 'buitres' porque es un concepto peyorativo. Pero no todos los que litigan como holdouts son fondos de inversión. Luego, hay fondos equivalentes a los que litigan, que aceptaron convertirse en holdins. El problema central es que las reestructuración argentinas de 2005 y 2010 fueron unilaterales. Y la Argentina necesitó elaborar un discurso político interno para presionar a aceptar las condiciones (básicamente las AFJP, que tenían bonos en sus carteras), para lo cual quien no ingresaba era un 'buitre'. Pero recordemos la imposición del Gobierno argentino: reconoció US$ 30 por cada US$ 100 de deuda. Los llamados 'buitres' compraron sus bonos a US$ 38. Pero ¿quién es más buitre? ¿El que pagó US$ 30 por cada US$ 100 o el que pagó US$ 38 por cada US$ 100?

-Luego, la cuestión de la jurisdicción extranjera. El ministro Julio De Vido y otros funcionarios han afirmado que es una herencia que se remonta a José Martínez de Hoz o bien a Domingo Cavallo, a quienes en ese contexto se considera algo así como  "traidores a la Patria".

-El tribunal de jurisdicción tiene que ser aquel que le garantice al emisor de deuda obtener el volumen de capital que precisa. El tribunal de jurisdicción no lo puede imponer el deudor sino que se negocia entre el deudor y los bancos que colocarán la deuda. Ahora, cuando un deudor pierde toda credibilidad financiera —la Argentina tiene una historia con varios defaults desde su constitución a la fecha— los prestamistas exigen contar con una justicia que atienda sus eventuales reclamos. Es decir, si la jurisdicción no les resulta confiable, no participarán de la suscripción de deuda. Luego, algo irrefutable: tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández de Kirchner han emitido deuda bajo jurisdicción extranjera, con expresa renuncia de la inmunidad soberana argentina. Habría que recordarle al ministro De Vido el texto del decreto Nº 319/2004 firmado por Kirchner y Roberto Lavagna: “Artículo 8º: Autorízase la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales estaduales y federales ubicados en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, y la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana.”

-Vamos a la presentación argentina ante la Corte de Apelaciones de New York: hizo eje en las deficiencias de las medidas dispuestas por Griesa y, en particular, en el supuesto de que éste carecería de las competencias necesarias para disponer la suspensión de la medida de no innovar que estaba vigente. También opinaron, en una presentación independiente, bonistas que aceptaron el canje...

-El Exchange Bondhoder Group (EBG), un grupo de fondos de inversión con deuda argentina, también apeló la medida de Griesa en calidad de tercero interesado. Constituyen ese grupo, los fondos de inversión Gramercy, Meridian y Alliance Bernstein. Ellos consideraron que la orden del juez Griesa “carga los derechos de acreedores inocentes, para cobrar pagos que la República adeuda a los demandantes”. EBG entiende que los fondos sobre los que el juez trabaría embargo, en caso de que la Argentina no pagase a los demandantes, son de los bonistas hold-in y no dinero del país. Es lógico: cada uno defiende sus intereses según una escala de prioridades estratégicas.

-¿Ud. qué prevé acerca de la apelación argentina?

-Hay una probabilidad no menor de que el pedido argentino sea rechazado. En ese caso, el gobierno presentará un recurso de apelación ante la Suprema Corte estadounidense. Pero la Corte federal aplica el 'certiorari' (derecho a seleccionar las causas que acepta) con un criterio sumamente restringido. Hay como antecedente un fallo de la Corte Suprema que involucró al Estado argentino. En el caso “Republic of Argentina and the Banco Central v. Weltover Inc.”, de fecha 12/06/1992, la Corte falló en contra del pedido argentino.

-Una opción con que los funcionarios han especulado para esquivar un embargo el 15/12 consiste en que el dinero se transfiera a un fideicomiso en territorio argentino y, luego, el Bank of New York le pague a los bonistas.

-He escuchado esa especulación: de esta forma, cuando los fondos llegasen a Nueva York ya pertenecerían a los acreedores. Pero es difícil que el Bank of New York se preste a este procedimiento, pues esto podría ser interpretado como una complicidad del agente de pago para eludir la acción de la justicia. Debe destacarse un punto que en general no es tomado en cuenta: depositar los fondos en la cuenta escrow no representa oferta de pago alguna a los holdouts sino que consiste meramente en el cumplimiento de la orden judicial, haciendo efectiva la garantía exigida.

-En definitiva, ¿qué sucedería el 16/12/2012 si el país cae efectivamente en default técnico?

-En esa fecha comenzaría a correr el período de 30 días de que dispone el gobierno para regularizar la situación. Pasado ese plazo, el 25 % ó más de los tenedores de cada especie de títulos podrán pedir la aceleración de los plazos. Paralelamente, las calificadoras de riesgo procederán a castigar la nota de nuestra deuda soberana. Ello obligaría a los fondos de inversión a vender masivamente títulos argentinos para cumplir con su reglamento de inversión, lo que propinaría un golpe adicional a los bonos. Los tenedores de credit defaut swaps (CDS) podrán reclamar el pago del seguro que contrataron contra este evento (no es ésa una deuda a cargo de la Argentina) .

-Esos pagos rondarían US$ 2.000 millones...

-... Y la decisión al respecto le corresponde al directorio de la International Swaps and Derivatives Association.

-¿Qué consecuencias tendría?

-La consecuencia práctica sería que se interrumpirían líneas de crédito comercial, líneas de bancos multilaterales y proyectos de inversión. Obviamente, esto acarrearía una reducción de los flujos de comercio exterior. La emisión de bonos nacionales, provinciales y corporativos quedaría prácticamente suspendida. Se produciría asimismo una fuerte suba de la tasa de interés local. El proyecto YPF y la explotación de Vaca Muerta perderían toda posibilidad de financiarse. Ante la carencia de fondos prestables, el Estado terminaría desplazando al sector privado y absorbiendo la mayoría de los recursos disponibles.

-Dicen que si la sentencia quedase firme, se podrían activar demandas de otros holdouts...

-Por al menos US$ 6.500 millones, el monto restante de títulos bajo jurisdicción neoyorquina que tienen otros holdouts. Luego de la reapertura del canje de deuda en 2010, quedaron sin ingresar bonos que a diciembre del año pasado sumaban US$ 11.200 millones. Y 66% de ese total correspondió a títulos amparados por leyes estadounidenses.

-Entonces, ¿de qué monto de demandas se estaría hablando?

-Téngase en cuenta que el juez actualizó la deuda aplicando una tasa de interés de 12% anual al capital original, lo que triplicó el monto. Si se sumaran todos los potenciales demandantes por bonos nominados en dólares, esos US$ 7.500 millones representarían la mitad de los servicios de deuda que pagará el gobierno este año. Las demandas contra la Argentina podrían extenderse, hasta representar US$ 12.500 millones, si se incluyesen los bonos en default nominados en euros... De todos modos, creo que los abogados de la Argentina se encuentran aconsejándole a los funcionarios evitar toda esa locura. Espero que los escuchen.