Contra esta Corte Suprema, tan loada en los primeros ocho años del neo-imperio ganancial de los Kirchner, tengo viejos agravios como abogado y,  especialmente, como ciudadano. Critiqué fuertemente, y aún lo hago, haber destruido, a través del tema de los derechos humanos (de los que interesan a Olivos), toda la estructura jurídica que nos regía –principios de inocencia, de legalidad, de juez natural, de ley anterior al hecho del proceso, etc.-, no haber reaccionado ante el desconocimiento flagrante de sus sentencias por el Poder Ejecutivo –casos Badaro y Procurador Sosa-, no haber defendido a los jueces inferiores ante las persecuciones policiales y de los servicios de inteligencia a que fueron sometidos por no fallar como la Casa Rosada pretendía –las reservas del Banco Central, el caso Ciccone y las cautelares al grupo Clarín- aún cuando ello implicara arrasar con un fuero completo, o no adoptar una posición común –de expulsión o de renuncia colectiva- ante el descubrimiento de la propiedad de prostíbulos del Juez Zaffaroni o de su evasión fiscal.

En cualquiera de esos temas, en todos, la Corte debió formular las pertinentes denuncias y solicitar al Poder Legislativo el juicio político de los inquilinos de la Casa Rosada, aún a sabiendas que las mayorías oficialistas bloquearían el proceso. A cambio de una actitud tan noble y constitucional, se han dejado insultar –y la sociedad lo ha permitido- impunemente por personeros de un régimen en el cual nadie habla sin pedir permiso.

Hoy, alguien que hubiera podido merecer algún respeto por su coraje personal, pero que lo ha malversado con su recalcitrante oficialismo y, sobre todo, con la corrupción que envuelve a las Madres de Plaza de Mayo desde que las asoció con Shocklender para robar dineros públicos, se ha permitido amenazar a los integrantes de la Corte con tomar el Palacio de Justicia si no destraba de inmediato el tema de la inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley de Medios Audiovisuales, como si éste se tratara de una Bastilla reciclada y ella encabezara la Revolución Francesa. Pese a las horas transcurridas desde entonces, y el premeditado anuncio de su futura extorsión a los jueces con carpetas reales o inventadas -¿recuerda las cuentas atribuidas a Enrique Olivera y a Luis Juez, o el tráfico de drogas imputado a Francisco de Narváez?-, ningún juez ni fiscal de la Nación ha denunciado a Hebe de Bonafini por cometer el delito previsto en el artículo 209 del Código Penal.

Es cierto que esta energúmena mujer se siente, con la razón que le dieran don Néstor (q.e.p.d.) y doña Cristina, por encima de la Constitución y de las leyes, como lo estuvieron esos guerrilleros cuyos atentados con bombas y asaltos a cuarteles defiende a ultranza, como lo hizo con los de ETA en España o con las torres gemelas, y nunca fue reprimida por ello; antes bien, fue premiada pública y reiteradamente por decir aquello que se le ordenaba. También es cierto que los fiscales deben haber puesto sus barbas en remojo después que la oposición en el Congreso permitiera la designación como Procuradora General de la Dra. Gils Carbó, tan obediente a los designios de Olivos. Sin embargo, hubiera podido esperarse mayor coraje cívico de quienes tienen el deber de velar por las instituciones.

La verborragia twittera de ayer de la señora Presidente desde su “lugar en el mundo”, que hoy reproducen todos los diarios, no es más que el paroxismo de esa actitud, verdaderamente golpista y destituyente, de un Poder Ejecutivo que se niega a compartir la cabeza del Estado con los otros dos; con el Legislativo le ha resultado fácil, después del ya inexplicable 54% de su triunfo en octubre de 2011, pero ha encontrado en el Judicial más piedras que halagos. Tal como presumía cuando escribí la nota anterior –“La Nariz”- la Sociedad Rural Argentina obtuvo una razonable medida que impide a la Casa Rosada avanzar con este desaguisado jurídico (¡uno más!) con el que pretendía disfrazarse de nac&pop pero que terminó llevándola a una nueva derrota; ello bastó para el furibundo y renovado ataque presidencial sobre los jueces.

La autocalificada “abogada exitosa”, obviamente, ha olvidado hasta los más elementales principios de derecho constitucional, materia que debió rendir para recibirse en La Plata, si es que alguna vez lo hizo. El Profesor Segundo Linares Quintana debe haber anticipado su fallecimiento para que éste se debiera sólo a su mucha edad y no al asco que sentiría hoy si aún estuviera entre nosotros.

Pese a todas estas aberraciones del cristinismo, como la generalizada corrupción, la sociedad parece seguir adormecida. Obviamente, no bastó el éxito del 8N para traducir el descontento generalizado en una resistencia civil frente a los desmanejos del Ejecutivo. Está optando, la ciudadanía, por la actitud de la rana cuando comienza a cocinarse; se la sumerge en agua fría, a la que se va calentando de a poco hasta que el animal se adormece y pasa de la vida a la muerte sin notarlo; a este ritmo, pronto nos quedaremos sin Constitución y sin República.

Es necesario que todos nos pongamos frente al Palacio de Tribunales cada jueves, cuando se intenten las pseudo puebladas a las que convocó Bonafini, o nos reunamos en el sector militar de Aeroparque, cuando la señora Presidente viaje al exterior y nos deje en las sucias manos de Guita-rrita, para decirle a la señora Cristina E. Fernández W. de Kirchner que hasta aquí llegó, que no estamos dispuestos a permitir que continúe matando a la República, que hemos notado que el agua comienza a hervir, pero que resistiremos, como lo manda nuestra carta magna en su artículo 21. 

Espero, fervientemente, que el miércoles próximo, cuando la “Libertad” llegue a Mar del Plata, los argentinos nos pongamos de pie para repudiar los usos y abusos del Gobierno y no compremos, una vez más, el discurso falsamente nacionalista, agresivo y soberbio de quien ejerce, hoy, la primera magistratura.