La diáspora que las elecciones primarias continúan produciendo en las filas del oficialismo tuvieron su fotografía más explícita en la reunión de empresarios convocada por doña Cristina en Tecnópolis; las ausencias más notorias fueron las de Méndez, de la UIA, y Brito, de la Asociación de Bancos, pero más de cien capitanes de la industria faltaron a la cita.
Ese gesto,
impensable hasta julio, da cuenta de la soledad en la que se encuentra un
gobierno transformado en un pote de yogurt, con fecha cierta de vencimiento, y
del cual ni Gardel ni Lepera pensarían que puede “Volver”. Si a ello se les
suman los agravios que Patotín Moreno infirió durante años a esos mismos
invitados ausentes, la explicación resulta innecesaria.
El procesamiento
del energúmeno funcionario fue otra de las muestras de la pérdida de poder del
kirchnerismo, tan lejano a sus épocas de gloria, cuando todos se inclinaban a
su omnímoda voluntad. En el terreno de la Justicia, por supuesto aparte de las
derrotadas batallas contra la prensa, será donde se librarán las campañas
futuras de la banda de delincuentes que hoy nos gobiernan, aterrados ante un
horizonte de condenas que, seguramente, incluirán a sus hijos y parientes,
comenzando por los presidenciales, los “jaimitos” y la princesita del
titular de la AFIP, tan necesitada de movilización.
Desde el origen
de la década ganada por tan pocos, don Néstor (q.e.p.d.) y su viuda se
exhibieron como víctimas de los gobiernos anteriores, causantes de todos los males
de la Argentina, que habían contraído obligaciones que ellos debían afrontar.
La actitud de quien tantas veces se autotituló abogada exitosa presenta
dos opciones: ignora que los compromisos asumidos por un gobierno obligan a su
país, con prescindencia de quien sea su presidente, o bien es una muestra más
de la mala fe del relato. De allí la novedad de la semana en la materia;
decir, como lo hizo, que aceptó el gobierno sin beneficio de inventario es una
estupidez sin nombre, ya que no se trata de una herencia privada sino de un
rarísimo sucesorio que, pese a contener tantas bombas de tiempo –como las que
dejará el kirchnerismo- convoca a tantos voluntarios a recibirlo.
Finalmente, una
breve anotación para la polémica calificación como década ganada que
otorgó doña Cristina a la producción de leche: si bien la producción se ha
incrementado, la realidad indica que se ha producido a costa de una enorme
concentración –como ha sucedido en muchísimas otras ramas de la industria- que
ha implicado la desaparición del 90% de los tambos, con el consiguiente
desarraigo de familias rurales y la desocupación que eso entraña.
Dedicaré, ahora,
unos párrafos a mis sugerencias para la imprescindible renovación de la
Justicia. Sin pretender dictar cátedra sino, simplemente, realizar propuestas
para su discusión inmediata, comenzaré entonces diciendo que, en la Argentina y
en cualquier otro país, “con Justicia, todo es posible; sin Justicia, nada
es posible”.
No descubro
pólvora alguna cuando sostengo que la inseguridad, la impunidad, la corrupción,
son los temas que más preocupan a los ciudadanos hoy en día; todos ellos, entre
otros no menos importantes, son temas sobre los cuales una Justicia
verdaderamente independiente, seria y rápida podría accionar muy rápidamente.
Piénsese, sólo,
en qué sucedería con la seguridad si la Justicia se sintiera independiente del
poder político y llegara al fondo de la alianza real entre los malos policías,
los punteros locales y los delincuentes, aplicando a todos ellos el peso de la
ley vigente, sobre todo en materia de narcotráfico. Piénsese en qué sucedería
si todos los funcionarios, a partir de cierto rango, tuvieran que pasar por un
juicio de residencia, como aquél al que eran sometidos los representantes de la
Corona al dejar sus cargos.
Por lo demás, la trascendencia pública
internacional de la independencia del Poder Judicial en Argentina, y el apego
obligado del país a sus leyes, no solamente prestigiará nuestra imagen en el
mundo sino que, con ello, comenzarán a aparecer las inversiones, tan esenciales
para el desarrollo económico. Si los argentinos nos convencemos que nunca más
las reglas serán cambiadas por quien ejerza el Ejecutivo, o por el absoluto
desprecio del partido mayoritario ocasional por el interés público, regresarán
los capitales hoy depositados en el exterior, y de su mano volverán los
extranjeros.
Pero, ¿cómo
hacer para cambiar, en tan breve plazo como el que el país necesita, la
Justicia que hoy tenemos? No servirá para ello el procedimiento que intentó
utilizar hasta ahora el Gobierno, pese a su previamente declamada voluntad de
transparencia, para la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura
o para la propuesta de candidatos a jueces, desoyendo e ignorando las críticas
públicas o alterando, por su sola voluntad, el orden de mérito en los
concursos.
Tengo la
certeza, después de más de cuarenta años de ejercicio de la abogacía, que la
enorme mayoría de los jueces son individuos probos y capaces, y que en cada uno
de los fueros y jurisdicciones se conoce perfectamente a los mejores y a los
peores de sus propios integrantes. Los miembros de las diferentes cámaras
debieran ser elegidos por el voto secreto de los jueces inferiores; no se trata
de proteger a la familia judicial sino de permitir que sea la excelencia
y el reconocimiento y el respeto de sus pares quienes otorguen los ascensos
necesarios. Por su parte, los jueces inferiores debieran pasar, para su
designación, por exámenes públicos y transparentes de antecedentes y
conocimientos, y exigirles, una vez nombrados, la permanente actualización de
los mismos como requisito para su permanencia.
Para que esta
propuesta tuviera éxito, el procedimiento debería replicarse en todas y cada
una de las provincias, para evitar la manipulación caudillista y clientelista
de sus realidades sociales y políticas y, por supuesto, una constante vigilia
ciudadana sobre el comportamiento de los políticos, que intentarán influir en
los procesos para buscar, a través de la connivencia corrupta, la protección de
sus intereses espurios. El mero hecho de contar con una Justicia a prueba de
corrupción, sea ésta monetaria o política, permitirá a la población volver a
confiar en un futuro posible para nuestra Patria.
Pese a las
naturales exigencias cotidianas de quienes padecen la inseguridad en carne
propia no creo necesario modificar las leyes existentes sino, simplemente, aplicarlas
con rigor y equidad. Pero sí habría que enmendar aquéllas que se refieren a los
delitos de corrupción ya que, por su misma naturaleza, muy difícilmente se
encuentran pruebas concretas, ciertas e indubitables, de la comisión de estos
hechos.
Piénsese cómo
mejoraría la administración pública si una Justicia independiente y proba se
encargara, eficientemente, de investigar las denuncias de corrupción y el
enriquecimiento indebido de algunos. En este punto propongo dos medidas; la
primera, tomada de la Italia que encaró el proceso de mani pulite contra
sus más importantes políticos y empresarios. Para poder condenarlos, sustentó
las sentencias en indicios graves y concordantes, sin requerir pruebas
concretas, de casi imposible obtención en estos casos. En Argentina también esa
forma ha sido analizada; la inversión de la carga de la prueba –o sea, que
quien no prueba que es inocente es culpable- nunca fue aplicada por los jueces
de Comodoro Py, a punto tal que fueron invalidados 4000 mails encontrados en
las computadoras del socio de Jaimito. La segunda, es la inmediata
implantación del juicio por jurados para este tipo de delitos aberrantes, sobre
todo cuando tantos niños (dos por ciento) hoy mueren de desnutrición en la
Argentina, mientras sus funcionarios se dedican a engrosar sus fortunas más
allá de cualquier límite. Deben ser los propios ciudadanos quienes digan si
cada uno de ellos es culpable o inocente de los delitos que se le imputan, y el
juez quien se limite a fijar el monto de la condena.
Octubre se
aproxima y, antes de terminar, dejará un perfume a frentes marchitas que
impregnará los dos últimos años del kirchnerismo en el poder, si es que el olor
a chamusquina no lo supera antes.
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