Para colmo de males para el gobierno, las actitudes poco profesionales de Hernán Lorenzino, Axel Kicillof y Guillermo Moreno que todo el mundo pudo observar en la semana por televisión, frente a una periodista griega el primero y en la asamblea del Grupo Clarín los otros dos, han sido para muchos la comprobación de que la economía está definitivamente al garete.

En cuanto al termómetro del dólar, en general el gobierno ha minimizado la escalada del "blue" hasta 9,35 pesos en la Capital Federal y de varios centavos más en el resto del país diciendo que se trata de una situación propia de un mercado chico y especulativo, aunque ya hay algunas voces más ultras que suponen que por detrás existe una conspiración en marcha de parte de fuerzas oscuras que buscan desestabilizar al gobierno.

En medio de esas tribulaciones de funcionarios en apuros y de personas que no quieren saber nada con el peso y atesoran dólares, no hay que rascar casi nada para encontrar un importante motivo de fondo para este último desquicio, que va más allá de la cuestión monetaria: el terremoto institucional que significó la reforma judicial, marketineramente vendida como una "democratización". Todo esto podría ser bien sencillo de explicar si se lo plantea como un simple ejercicio de causa y consecuencia en función de la inseguridad jurídica, tema central en el mundo en el que Kicillof no cree pese a que los demás países se desesperan por tener marcos jurídicos estables y reglas claras.

En cambio, la Argentina de hoy se empeña en jugar fútbol con el reglamento del cricket y luego, cuando observa que no progresa en el marcador, lo tira a la basura y se pone a jugar al pato. Es algo tan esquizofrénico que no hay quien entienda por qué y mucho menos los inversores, que quieren poner y sacar su dinero cuando les plazca.

En estas cosas tampoco tienen las ideas demasiado claras los muchachos del camporismo, quienes suponen alegremente, pese a que las condiciones internacionales siguen estando a favor de la Argentina, que la riqueza la puede imprimir el propio Estado y que, por lo tanto, la suba de precios no existe, no hacen falta inversiones del sector privado ni tampoco interpretaciones burguesas en defensa de la Constitución. Si así fuera el modo de crear riqueza, salvo dos o tres países el resto del mundo estaría totalmente equivocado.

Desde ya que todos estos opinadores de ocasión no serían capaces de hacer algún aporte propio que obligue a un cierto razonamiento, de la misma forma que otros callan aquellas cuestiones de las que "no se habla", si no fuese la propia presidenta de la Nación la que avala esas líneas dialécticas.

Tal como corresponde al verticalismo cristinista, la idea de "democratizar la Justicia" o de avanzar hacia el "constitucionalismo popular" no pudo haber salido de otra cabeza que de la de Cristina Fernández y, por lo tanto, ella es quien se lleva las eventuales flores del momento, pero es también a quien deberá considerarse responsable de los resultados de tamaño salto institucional. Otro tanto ocurre con los legisladores alineados, mucho menos ideológicos la mayoría, pero únicamente mano de obra fiel de la "corporación kirchnerista", quienes han convalidado en horas y con demasiado descaro lo que para los críticos del lado de la "corporación judicial" es un esperpento jurídico.

Pese al triunfalismo, el panorama resulta sombrío de ahora en más para el gobierno, porque una vez que todo el paquete termine de salir del Congreso, se reglamenten las leyes y se publiquen en el Boletín Oficial, una catarata de juicios lo meterá en una batalla sin fin y sus energías estarán ocupadas en declaraciones y broncas, tal como le ha ocurrido en el caso de la ley de Medios, más que en el manejo económico. Rumbo a las elecciones, el gobierno dispondrá entonces de un nuevo y gran enemigo para victimizarse, mientras se seguirán postergando decisiones de fondo.

El método electoral para elegir a abogados y jueces en el Consejo de la Magistratura, que deja afuera a los partidos que no tienen representación en 18 distritos pero que además parece vulnerar el espíritu del artículo 114 de la Constitución en cuanto a su elección popular, será la primera ley en caer bajo decenas de recursos de amparo que opondrán en todo el país partidos políticos y colegios profesionales.

Otro de los temas delicados de la reforma, que será recurrido de modo inmediato ante los jueces por quienes necesiten protegerse contra las arbitrariedades del Estado, es la cuasi eliminación de las medidas cautelares por cuestiones patrimoniales, que ataca de manera singular los derechos individuales de los ciudadanos y de las empresas y que vulnera varios artículos de la Constitución.

Es imposible que un avión que tenga en su cabina un comandante queriéndose bajar, un copiloto apichonado en su asiento y un ingeniero de vuelo que arranca alocadamente todos los cables llegue sano y salvo a destino. Sólo queda rezar pero, por las dudas, con los dólares guardados en el colchón.