05/11/2013 | Argentina apuesta por Socialismo del Siglo XXI
Asdrúbal Aguiar
Venezuela es el paradigma. Argentina pretende tomar ese camino, de manos de sus jueces.
La reciente decisión de la Corte Suprema de
Justicia argentina en el asunto de la inconstitucionalidad de su Ley de Medios,
cuya mayoría vota a favor de declararla conforme a Derecho, es un severo
retroceso en su ejemplar acatamiento de los estándares interamericanos de la
democracia.
La cuestión, como lo reconoce el mismo Presidente de la Corte, Ricardo
Lorenzetti, tiene una grave importancia institucional. No se trata de un debate
entre pulperos. El tema desborda, incluso, a la consideración de los artículos
demandados por falencias constitucionales por parte del Grupo Clarín y
defendidos acremente por el gobierno de Cristina Kirchner, ayer derrotada
electoralmente y hoy consolada por la Justicia.
La mayoría judicial, no obstante, al decidir como lo hace parece haberse
limitado a poner sobre la balanza al medio demandante -muy poderoso, es verdad-
y al Estado, con vistas a determinar de qué lado se encuentra la
"institucionalidad" que cabe defender. Y así pudo ser, pues obvian
los jueces apuntar el asunto de fondo comprometido, a saber que el ejercicio de
la libre expresión es la columna vertebral de la democracia. Pero no debe
sorprender la decisión pro Status. Desde hace algún tiempo las nuevas
coaliciones regionales que nacen o se reformulan oponiéndose ideológicamente al
Sistema Interamericano -léase la Unasur o el mismo Mercosur- optan por
desplazar el principio pro homine et libertatis sobre la
cual se funda la cultura de derechos humanos posterior a la Segunda Gran Guerra
del siglo XX.
La cuestión no es baladí. El tema no se reduce a mantenerle o no el poder al grupo
editorial citado a la luz del alegado propósito de democratizar el acceso a los
medios de comunicación social. Hay algo vertebral que probablemente vieron y no
estimaron o que acaso no vieron o pasaron por alto los señores ministros de la
Corte, en su mayoría. Se trata del argumento o confesión que les lleva a la
mesa la Procuradora Gils Garbó, en defensa de la ley. Ella considera
inadmisible que un actor social o político tenga prevalencia o capacidad para
incidir en la opinión pública o sobre las políticas del Estado.
Es el mismo argumento que el presidente ecuatoriano Rafael Correa hace
inscribir en el encabezamiento de la ley de medios aprobada recién por su
Asamblea y que reza así: "los ecuatorianos... apoyaron masivamente la
erradicación de la influencia del poder económico y del poder político sobre
los medios de comunicación". En otras palabras, todo empresario o todo
político, si acaso se advierte desde el Estado que adquiere adhesión por la
opinión mayoritaria, ha de ser silenciado, declarado muerto civil, por enemigo
de la democracia.
Las leyes de medios aprobadas bajo el molde del Socialismo del Siglo XXI -la
argentina no es la excepción a pesar de sus matizaciones- todas a una, dicho en
términos coloquiales, comparten un criterio inaceptable para la Convención
Americana de Derechos Humanos, por lo mismo "inconvencional":
Encabezan sus normas rindiéndole culto a la democracia; pero acto seguido, por
considerar que es el Estado quien distribuye las libertades, como si fuesen un
objeto y no atributo de la persona como derecho inmanente, toda actividad
relacionada con los medios es declarada bien público o de interés público. De
allí que quien pretenda ejercer tal actividad lo hace en calidad de prestador
de un servicio público y el Estado, por ende, tiene autoridad para regular los
contenidos, lo que dicen u opinan tales medios y sus comunicadores.
La apuesta de la Corte argentina por la constitucionalidad de la ley de medios
es así una opción extraña a la filosofía jurídica y política sobre la cual se
construye la doctrina sobre libertad de prensa en las Américas. Y acerca de la
intervención del Estado en la administración del llamado "espectro
radioeléctrico", nadie discute que se trata de un bien escaso que ha de
manejarse con equidad. Pero tal premisa, que confirma la Unión Internacional de
Telecomunicaciones y tiene un carácter técnico, no autoriza al Estado para ir
más allá. A la vez, la tecnología hoy permite la expansión creciente de las
señales de los medios radioeléctricos, todavía más si usan vías físicas. Y eso
no lo observa la Corte.
Hay espacio suficiente y tecnológicamente creciente para democratizar el acceso
a los medios sin quitarle sus espacios a quienes ya los tienen; a menos que el
propósito sea el ya indicado, es decir, bajarle el volumen y hasta silenciar a
quienes hablan más alto que los príncipes del Estado. Y eso es lo que busca el
comunismo del siglo XXI, la hegemonía comunicacional pública. Venezuela es el
paradigma. Argentina pretende tomar ese camino, de manos de sus jueces.
El Universal (Ve) (Venezuela)
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