El presidente Bukele ha anunciado un nuevo reclutamiento de soldados para labores de seguridad, y la ha vendido como una apuesta novedosa. Omite decir que el uso de militares es una herencia de los gobiernos de Mauricio Funes y Sanchez Cerén que se le termina el 31 de diciembre. ONU y diversas organizaciones han recomendado al gobierno salvadoreño eliminar el uso del Ejército para labores de seguridad que le competen a la PNC.
El gobierno de Nayib Bukele ha anunciado que insistirá en
el uso del Ejército para combatir la delincuencia dentro del plan territorial
con el cual pretende recuperar territorios dominados por las pandillas. El
anuncio supone el reciclaje de una vieja práctica que implica el uso de la
Fuerza Armada en labores de seguridad pública, una medida amparada en un
decreto ejecutivo firmado en diciembre de 2018 por el expresidente Salvador
Sánchez Cerén.
Bukele dispone del Ejército hasta el 31 de diciembre de
2019 en todo el territorio nacional para
"patrullajes conjuntos de prevención, disuasión y aprehensión de
delincuentes" con especial énfasis en zonas fronterizas, perímetros de
centros penales y de escuelas, según el decreto firmado por su antecesor. En la
apuesta anunciada por Bukele, el nuevo gobierno omite decir que este medida es,
en realidad, una herencia de los gobiernos del FMLN.
"Por primera vez en décadas, iniciaremos un proceso
masivo de reclutamiento en nuestra @FUERZARMADASV. Incrementaremos sus filas en
2,000 nuevos soldados, que nos ayudarán a combatir la delincuencia",
escribió el mandatario en sus redes sociales, la noche del 16 de julio.
Solo nueve horas antes, la oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los derechos humanos había exhortado al Gobierno
salvadoreño que se abstuviera de usar al Ejército en labores de seguridad
pública. Bukele, no obstante, anunció el martes 16 el reclutamiento de 2 000
cadetes para engrosar las filas de la Fuerza Armada y 24 horas después, hizo
una segunda convocatoria para que el techo de reclutas aumente a 3 000.
La incorporación de militares en el combate a la
criminalidad no es un elemento nuevo. El gobierno de Francisco Flores (tercer
gobierno de Arena, 1999-2004) utilizó al Ejército para reforzar las patrullajes
conjuntos con la Policía para el primer plan Mano Dura contra las pandillas.
Saca repitió la fórmula pero fue hasta noviembre de 2009 que Mauricio Funes
aprobó un decreto que puso los cimientos para que el Ejército recuperara el
protagonismo en seguridad pública que le fue restringido por los Acuerdos de
Paz. El uso del Ejército, sin embargo, pasó de ser transitorio y se convirtió
en permanente en los 10 años de gobierno de izquierdas. El decreto impulsado
por Funes fue reutilizado en todo su quinquenio y en 2014 avalado por la Sala
de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que concluyó que la
medida no violaba la Constitución porque la Presidencia había explicado, adecuadamente,
que se trataba de una situación excepcional de criminalidad que requería el
apoyo del Ejército a la Policía, y que sería una medida temporal.
La Sala, sin embargo, advirtió que la excepcional de la
medida debía de permitir que la PNC, a mediano plazo, sea capaz de hacer su
trabajo como lo manda la Constitución. En los siguientes cinco años de gobierno
del FMLN, el Ejército se mantuvo en las calles y con apoyo de la Asamblea
Legislativa, Sánchez Cerén amplió la participación castrense en el control de
los centros penales con la aprobación de las medidas extraordinarias,
destinadas a preservar el control de las cárceles donde, según las autoridades,
los líderes de pandillas ordenan los crímenes.
A diferencia de sus predecesores, la novedad en el plan
de Bukele estriba en ampliar el número de efectivos con nuevos reclutas o, de
no cumplir la meta de 3 mil nuevos soldados, recurrir a la base de reservistas.
Pero Bukele está haciendo uso de la reforma al Decreto Ejecutivo usado por los
dos gobiernos del FMLN y prorrogado el 6 de diciembre de 2018. La prórroga fue
firmada por Sánchez Cerén, el entonces ministro Mauricio Ernesto Ramírez
Landaverde, y Carlos Jaime Mena, viceministro de la Defensa Nacional (en
calidad de encargado del despacho).
"Debido a las causas por las cuales se decidió
disponer de la Fuerza Armada para apoyar a la Policía Nacional Civil en
operaciones de mantenimiento de la paz interna persisten en la actualidad, es
necesario emitir las disposiciones pertinentes, con la finalidad de que la
citada Institución Castrense continúe realizando las mencionadas funciones,
aportando personal y recursos adicionales para la realización de operaciones
antidelincuenciales con amplia cobertura", rezan los considerandos de
dicho decreto.
Pese a su carácter de "transitorio", este
decreto reutilizado en 10 años esconde, tras telones, una realidad: que la PNC
no se ha fortalecido. De hecho, en el último quinquenio, la institución se
convirtió en la más denunciada por violaciones a los derechos humanos según la
Procuraduría de Derechos Humanos. Ahora, bajo el mismo argumento, el de una PNC
incapaz de hacer frente a la violencia y criminalidad por sí sola, el gobierno de Bukele también convoca al
Ejército para que continúe siendo protagonista en labores de seguridad pública.
Para 2018, según la PDDH, la Fuerza Armada fue una de las cuatro instituciones
más denunciadas por violar derechos humanos en sus actuaciones en seguridad
pública.
Dos diputados de Arena aseguran que el gobierno de Bukele
no ha cumplido con lo que ordena la Constitución en el artículo 168, numeral
12, que habla sobre el uso del Ejército en labores de seguridad. El Ejecutivo
debe informar de manera periódica a la Asamblea sobre las actuaciones
excepcionales del Ejército que se usen "para el mantenimiento de la paz
interna, la tranquilidad y la seguridad pública". Los diputados Rodrigo
Ávila y Mauricio Vargas aseguran que Bukele no ha rendido aun ningún informe
sobre el papel desempeñado por el Ejército desde que se anunció el plan de control
territorial. Vargas dice que los distintos gobiernos nunca han cumplido con
este requisito de informar a los diputados sobre las actuaciones de los
soldados en las calles.
Un comodín llamado Fuerza Armada
El nuevo componente anunciado por Bukele también supone
un desafío a las principales exhortaciones planteadas, además de la ONU, por
organizaciones especializadas en derechos humanos nacionales e internacionales;
y supone también el reconocimiento de lo desgastada y poco fortalecida que está
la PNC.
El martes 16, horas antes del primer anuncio del
presidente, un panel de expertos dijo estar preocupado por los signos de
militarización de la seguridad pública y de planes 'manoduristas' en la
estrategia de seguridad del nuevo gobierno. En el foro denominado “Políticas Públicas
de Seguridad para la Garantía de los Derechos Humanos en El Salvador”, una
representante de la ONU y expertos de organizaciones civiles criticaron el uso
de efectivos militares en labores que deberían estar destinadas únicamente a la
Policía.
En el evento, el director ejecutivo del Ministerio de
Justicia y Seguridad Ricardo Santamaría justificó el uso de efectivos militares
y dijo que la medida se mantendría mientras la PNC no sea fortalecida.
“Mientras no tengamos una PNC desarrollada con mayor fortaleza, vamos a tener
que recurrir al Ejército que, en materia de doctrina y de rol su rol en el
Estado, probablemente, no sería lo más adecuado (sic)”, reconoció Santamaría.
El funcionario contestó así a un cuestionamiento de
Isabel Albaladejo Escribano, oficial legal de la oficina del Alto Comisionado
de la ONU para los derechos humanos, sobre si el gobierno insistiría en el uso
de soldados para labores de seguridad ciudadana. “Yo no voy a contestar si las
medidas que se están implementando en algunos casos rayan con el respeto de
algunos derechos pero es claro que estamos tratando de responder ante una
necesidad”, dijo el funcionario. Santamaría también insinuó que la estrategia
de usar al Ejército es una manera de responder al clamor ciudadano. “Estamos
tratando tanto de cumplir nuestras obligaciones de ley, como un gobierno
respetuoso del orden constitucional, así como también la misión que nos ha
encomendado el pueblo salvadoreño, la población”, dijo.
Albaladejo enumeró diversos elementos que debería contener
una política pública en materia de seguridad ciudadana, y entre ellos mencionó
la eliminación en labores de seguridad ciudadana de efectivos militares.
“Siempre se dice que mientras no se profesionalice y se fortalezcan las
autoridades civiles se usarán las Fuerzas Armadas, pero nunca se fortalecerá a
las instituciones policiales si eso no es una prioridad de los gobiernos”, dijo
Albaladejo. La representante de la ONU insistió que un elemento básico de las
políticas públicas de seguridad es la modernización de la Policía y que sus
altas jefaturas sean civiles, en lugar de personajes formados bajo la doctrina
militar.
Dos días después del foro, el ministro de Justicia y
Seguridad Rogelio Rivas pareció responder a las exhortaciones de la ONU en una
entrevista en el programa Diana Verónica y Tony de la radio 105.3.
"Naciones Unidas no conoce nuestra realidad salvadoreña", dijo el
funcionario, y respaldó las palabras de su director ejecutivo de que mientras
la Policía no esté debidamente capacitada habrá que hacer uso de los soldados.
Celia Medrano, de Cristosal, también exhortó al gobierno
a desechar el uso del Ejército. “Seguir con una implementación manodurista
estaría empeorando la situación y no mejorándola. No puede plantearse de manera
permanente el uso de elementos militares en acciones de seguridad pública. Esto
expone a corto y mediano plazo situaciones eventuales de violaciones a derechos
humanos a partir de la responsabilidad de efectivos militares en estas
funciones", dijo Medrano. La especialista recordó que ya tenían reportes
de vulneraciones de derechos humanos hacia niños y adolescentes.
"Estaremos exponiéndonos a este tipo de reportes y van a ir escalando en
la medida que se continúe con este uso del Ejército", agregó.
Ambas especialistas recordaron que la doctrina bajo la
cual son adiestrados los soldados es una doctrina de defensa de la soberanía,
muy distinta a la filosofía de la seguridad ciudadana. “Con la transformación
política de las sociedades hacia regímenes más democráticos, también llegó la
transformación en el concepto de seguridad, ya no es un tema de defensa”,
explica Albaladejo.
Más militares
Los anuncios de Bukele, lanzados en las noches del martes
y miércoles, forman parte del plan territorial lanzado a dos semanas de
gobierno para intentar disputar el dominio de las pandillas en 17 municipios
del país.
El reclutamiento anunciado por Bukele, según el video que
tuiteó, estará abierto hasta el 31 de julio y cualquier persona menor de 28
años puede postular. El 9 de julio, el ministro de la Defensa René Merino había
adelantado que si no cumplen la meta de 2 000 nuevas inscripciones, mandarán a
llamar a reservistas, es decir, personas que ya hicieron el servicio militar de
18 meses y que actualmente están de baja.
El gobierno podría estar sucumbiendo a la tentación de
preparar soldados antes que a policías debido al tiempo de preparación que se
llevan unos y otros. Un curso regular para recultas del Ejército dura tres
meses, mientras que el adiestramiento policial dura año y medio.
En el sitio web militar donde hay información sobre el
reclutamiento se indica que el período para la inscripción es durante todo el
año, y no solo hasta el 31 de julio como anuncia el Gobierno.
El miércoles 17, al filo de la 10 de la noche, Bukele
escribió un tuit dirigido al ministro Merino en el que ordenaba que
incrementara el techo del reclutamiento a 3 000. Merino respondió con otro tuit
acatando la decisión.
Bukele ha dicho que necesitará un total de 575 millones
de dólares para financiar todo el plan a ejecutar entre 2019 y 2021. Uno de los
primeros desembolsos autorizados por la Asamblea fue la reorientación de 30
millones de dólares, en la primera semana de julio, de un préstamo
internacional para financiar la alimentación de 3 000 soldados y 2 500 policías
que ya operan el plan en el territorio.
Desde que asumió el Ejecutivo, Bukele no ha querido
revelar su política pública de seguridad ciudadana. Lo que ha hecho es
explicar, a grandes rasgos, los objetivos que persigue pero no ha explicado exactamente
cómo lo hará, con qué recursos, en qué plazo, con cuáles metas…
La acciones de corte manodurista de Bukele surgieron, de
hecho, con atisbos de improvisación. 12 días después de asumir como presidente,
Bukele publicó un tuit, alarmado, por la lesión contra un agente policial.
“Acaban de lesionar a otro agente en Santa Ana. Lastimosamente nos arrinconan y
solo nos dejan una opción, y no es la tregua”, escribió, ya entrada la noche. Y
a partir de ahí cada vez que pudo condenó hechos de violencia y arremetió
contra la Asamblea de diputados exigiéndoles que aprueben más dinero para
proyectos de seguridad so pena de ser tildados como apoyos de delincuentes.
A mediados de junio anunció el plan de despliegue
territorial, y en los días subsiguientes fue sumando localidades a los que les
llegaría la cobertura del plan. Actualmente son 17 los municipios intervenidos
con soldados y policías, según el Gobierno. El 1 de julio, Bukele anunció la
segunda fase de su plan: la intervención de comunidades con instituciones del
Estado para intentar reducir la desigualdad en cuanto a acceso a servicios
básicos y para reconstruir el tejido social.
Un plan de seguridad cuestionado
El lunes 15, el presidente Bukele convocó a una conferencia
de prensa que incluía una puesta en escena: el gabinete de seguridad en una
reunión de trabajo. 16 funcionarios, ocho por lado, sentadoss en una larga mesa
encabezada por el presidente, todos aplaudiendo los resultados obtenidos con el
plan de seguridad.
Bukele interrumpió algunas veces la presentación para
enfatizar puntos que le interesaban. Por ejemplo, cuando quiso aclarar que el
único homicidio reportado el 15 de julio no estaba vinculado con pandillas. En
fin, era una conferencia para anunciar logros, en la víspera del día en que,
además de convocar más reclutas, cuatro expertas en políticas de seguridad
ciudadana cuestionarían duramente las medidas del nuevo Gobierno expuestas por
el director ejecutivo del ministerio de Justicia y Seguridad, Ricardo
Santamaría.
En la mañana del martes 16, Santamaría fue cuestionado
por un panel de expertas compuesto no solo por Albaladejo y Medrano sino
también por dos prominentes juristas: la exfiscal general que marcó un hito en
Guatemala al procesar y enjuiciar estructuras de poder, Claudia Paz y Paz, y
Leonor Arteaga, especialista en investigación de graves violaciones a derechos
humanos e impunidad de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus
siglas en inglés).
Albaladejo, por ejemplo, preguntó si existen planes para
fortalecer la capacidad investigativa de la PNC. Santamaría fue franco y
admitió que financieramente el ministerio está en las lonas, con una montaña
enorme de necesidades para las que no cuentan con recursos suficientes, ni siquiera
para suplir lo mínimo. Dijo que el ministro Rogelio Rivas ya ha prometido que
la Policía estará fortalecida en 15 meses y que por eso han comenzado a buscar
reorientación de fondos para robustecer la capacidad investigativa de la PNC.
Arteaga, de la DPLF, preguntó sobre los planes para
detener la violencia de género al interior de la PNC y la acción de grupos que
cometen ejecuciones extrajudiciales. La respuesta de Santamaría dio a entender
que hay fuerzas oscuras que impiden una debida auditoría interna y que tienen
cooptada la Inspectoría General de la PNC. “Hemos pedido que el inspector
cumpla su papel. En la inspectoría hay gente buena que quiere hacer las cosas
bien”, dijo, y dejó entrever que hay presiones para que no investigue a
funcionarios policiales vinculados a casos de corrupción. Por ejemplo, dijo que
en la inspectoría hay “grupos de detente (Sic)” que están obstaculizando la
investigación interna por el mal manejo del flujo de dinero que se obtenía en
las tiendas las cárceles. “Hay serios cuestionamientos sobre el uso y destino
de esos fondos. Estamos midiendo el pulso de si realmente la inspectoría va a
actuar como se debe”, dijo
Celia Medrano, directora de Cristosal, fue la última en
preguntar. Ella quería saber si con las 5 mil capturas anunciadas la noche
anterior por Bukele, el nuevo gobierno tenía un plan para evitar un mayor
hacinamiento carcelario, en un contexto donde alrededor de 50 reos fallecieron
entre 2016 y 2018 por enfermedades, incluyendo tuberculosis. La respuesta de
Santamaría se diluyó en quejas del estado de las cárceles que dejó la
administración del FMLN, y apenas comentó que él se había reunido con una
organización multilateral para cabildear el financiamiento de una nueva cárcel.
Nada más.
Claudia Paz y Paz, artífice de una época sin precedentes
en la justicia de Guatemala, entre 2010 y 2014, cuestionó la poca transparencia
de la política de seguridad de Bukele. “Es importantísimo que, si existen estos
planes de seguridad, que sean de conocimiento público. Al menos a nivel de
cuáles son las prioridades, las medidas concretas, los resultados esperados y
los recursos que estoy asignando para estos planes. Si no, es difícil opinar”,
dice la exfiscal.
Para Paz y Paz, en todo caso, es preocupante que las
instituciones se desgasten investigando casos de bagatela. “¿Cuánto estamos
desviando hacia bagatelas lo que debería estar enfocado en esclarecer redes de
trata, de tráfico de drogas, armas, de las mismas pandillas”, cuestionó.
La Fiscalía ha reportado 1,350 capturas en flagrancia,
por diferentes delitos. La flagrancia es el periodo de 72 horas después de la
comisión de un crimen. De esas capturas, solo 381 personas llegaron a
tribunales, es decir el 28.2 %. Dicho de otra manera, siete de cada diez
personas que la PNC capturó salieron libres en un máximo de 72 horas, sin
enfrentar ningún proceso en juzgados.
Para Arteaga, de la DPLF, las medidas anunciadas por
Bukele son insuficientes para comprender el calado de su estrategia y sus
implicaciones. También cuestionó la exposición del director ejecutivo Ricardo
Santamaría. “Las medidas no parecen ser algo serio y parecen más estar en
función del juego político”. Para Arteaga, el funcionario debió haber expuesto
un cuadro con prioridades del Gobierno. “Creo que divagó mucho. Y los puntos
críticos que le pusimos sobre la mesa básicamente no los respondió”, dijo Arteaga,
en referencia a preguntas
“En lo que más disiento es en que dijo que este no es el
momento para presentar planes. Uno arranca trabajando con evidencia y planes.
No se trata de revelar planes de inteligencia, sino planes de política
pública”, aseveró.
Albadalejo, de la ONU, insinuó con mucha diplomacia que a
“las medidas” presentadas por Santamaría le faltaba muchísimo para convertirse
en política pública. “La pregunta es si todos los parámetros están siendo
incluidos en las actuales medidas de seguridad ciudadana del gobierno”, dijo. Y
mencionó que toda política pública debería tener elementos como el respeto de
las garantías de los derechos económicos y sociales, la reducción de los
niveles de desigualdad, el fortalecimiento y modernización de la PNC, el
fortalecimiento de la capacidad de investigación de las instituciones en
materia de justicia, de investigación y sanción, privilegiar los derechos de
las víctimas y poner a las víctimas en el centro de las medidas y políticas de
seguridad, eliminar la participación del Ejército en tareas de seguridad
ciudadana, entre otras.
Jeannette Aguilar, investigadora académica, sostuvo que
excluir de las cuentas de homicidios los fallecidos en enfrentamientos armados
entre policías y criminales es “grave” porque con eso se ha tergiversado la
realidad en administraciones anteriores.
***Mas:
https://elfaro.net/es/201907/el_salvador/23502/Bukele-recicla-la-apuesta-del-FMLN-de-usar-al-Ej%C3%A9rcito-para-combatir-el-crimen.htm
*Este reportaje se elaboró con reportes de Nelson Rauda.