El caso ha tardado seis años en resolverse, en parte debido a las continuas peticiones de la defensa, que consiguió recusar a tres miembros del tribunal, y luego por culpa de la pandemia. Wilders ha calificado el juicio de circo, charada y caza de brujas. “Yo no quería echar a la comunidad de origen marroquí del país, sino llamar la atención acerca de su mayor presencia en las estadísticas delictivas, así como sobre la influencia del Islam”, ha declarado. La lectura del fallo ha tenido lugar en el complejo judicial de alta seguridad cercano al aeropuerto internacional de Ámsterdam-Schiphol, y el texto añade que los comentarios “eran ofensivos sin necesidad y hechos sin más explicaciones o justificación sabiendo la repercusión que tendrían”. Su Partido para la Libertad tiene 20 escaños en un Parlamento de 150 y es la segunda fuerza política del país, aunque sin el empuje que se le supondría debido al rechazo del resto de los grupos.

En 2016, y en primera instancia, los jueces consideraron culpable a Wilders de haber insultado a una minoría y de discriminación racial, y le absolvieron del delito de incitación al odio. Tampoco le sancionaron por estimar que el proceso mismo era ya suficiente castigo. De inmediato, él llenó su cuenta de Twitter negando que los marroquíes sean una raza y él un racista. Dijo también lo siguiente: “basta de corrección política, mi voz es la de millones de personas y no habrá ningún tribunal que me pare”. La fiscalía recurrió el fallo porque no había sido condenado por incitación al odio. Wilders hizo otro tanto por considerarlo una injusticia, y de ahí la apelación actual.

Todo empezó en marzo de 2014, en unas elecciones municipales, cuando preguntó a sus seguidores si querían “más o menos marroquíes en esta ciudad [La Haya] y en los Países Bajos”. La respuesta, a coro, fue “menos, menos, menos”, y entonces él añadió “lo haremos posible”. Al llamarlos solo marroquíes, el líder populista despojó a una parte de sus compatriotas -neerlandeses de origen marroquí- de su ciudadanía de pleno derecho en los Países Bajos, y las comisarías se llenaron de denuncias por discriminación que acabaron en manos de los fiscales. Ese mismo año, el ministerio público decidió que había indicios suficientes para acusarlo de insultos en virtud de la raza y de incitación al odio y la discriminación. “Los políticos pueden extremar sus declaraciones en nombre de la libertad de expresión, pero dicha libertad está limitada por la prohibición de discriminar”, adujo la fiscalía. Wilders, que prestó declaración en diciembre de ese año como sospechoso, consideró incomprensible la posterior acusación formal. “Solo dije lo que piensan y creen millones de personas”, añadió.

A lo largo de 2018, el juicio de apelación se retrasó porque sus abogados consiguieron recusar a tres jueces que no condenaron a un político liberal de izquierdas, Alexander Pechtold, por hacer unos comentarios parecidos a los suyos, aunque acerca de los rusos. Pechtold dijo esto: “Todavía no he conocido a un ruso capaz de enmendar sus propios errores”, y la fiscalía no lo consideró ofensivo desde el punto de vista penal. Wilders pidió una investigación, y como los jueces, que eran los mismos de su caso, no pidieron más explicaciones, el líder populista los acusó de ser parciales y consiguió apartarlos. En 2019, denunció “la posible injerencia del ministerio de Justicia”, al filtrarse unos mensajes internos de 2014. Las comunicaciones reflejaban las conversaciones mantenidas entre el entonces ministro del ramo y los fiscales, antes de que estos decidieran formular la acusación. El análisis posterior no halló pruebas de mala praxis o influencia política y el caso prosiguió. Wilders enfila ahora hacia el Supremo.

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