Expertos en seguridad y terrorismo creen que las amenazas contra la heredera al trono y el jefe de Gobierno suponen un desafÃo a la democracia.
La sospecha de que la princesa Amalia de Orange, hija de
los reyes Guillermo y Máxima de Países Bajos, está en la diana del crimen
organizado, ha llevado al Gobierno a reducir drásticamente sus movimientos,
hasta casi confinarla en su domicilio. Sale para ir a la universidad, en
Ámsterdam, y después regresa al palacio Huis ten Bosch, la residencia oficial
de la familia real, en La Haya. Así lo contaron sus padres la semana pasada
durante una visita oficial a Suecia.
La policía y el Ejecutivo holandés guardan silencio,
mientras que expertos en seguridad y terrorismo dan credibilidad a la amenaza y
ven “altamente probable” que el desafío provenga de grupos criminales ligados
al narcotráfico. Es un salto cualitativo sin precedentes en un país en el que
los criminales han pasado de ajustar cuentas entre sus miembros o rivales a
desafiar a la democracia. El primer ministro, Mark Rutte, que suele ir al
trabajo en bicicleta, también ha tenido que aceptar mayor protección por amenazas
a su vida.
“Este tipo de amenazas se consideraban prácticamente
imposibles hace unos años”, afirma al teléfono el sociólogo Paul Schnabel, en
referencia a la situación de la princesa Amalia. La heredera al trono estudia
un grado de Políticas, Psicología, Derecho y Economía, y Rutte ha asegurado que
“se está haciendo todo lo posible para resolver el problema con rapidez”.
“Aunque no puedo garantizar los tiempos”, ha advertido.
No es excepcional que servidores públicos reciban alguna
amenaza por su función o gestión, pero en este caso “falta el elemento
ideológico o un claro objetivo político”, señala Jelle van Buuren, experto en
seguridad de la Universidad de Leiden. “Cuando el objetivo ya no es el dinero,
sino el Estado, sus símbolos e instituciones, puede considerarse una forma de
terrorismo”, sostiene. El refuerzo de la seguridad a los representantes del
Estado se empezó a notar en septiembre, cuando el diario De Telegraaf publicó
que “se hacía referencia al primer ministro y a la princesa en mensajes
encriptados del crimen organizado sobre un supuesto ataque o un secuestro”.
Erwin Bakker, catedrático de Estudios sobre el Terrorismo
en la misma universidad holandesa, comparte la opinión de su colega. Le parece,
además, que intimidar de este modo a la futura jefa del Estado y al primer
ministro supone “entrar en una nueva realidad que pone a Países Bajos a la
altura de otros Estados” amenazados. “Tal vez nos sintamos lejos de lugares
como México o Italia, donde hemos visto crímenes de mafias, pero es una forma
de negación de la realidad. El Gobierno se ha dado cuenta de que el crimen
organizado atenta contra el orden legal, y de que debe invertir más en
seguridad”.
El asesinato de De Vries, punto de inflexión
Ambos expertos ven en la muerte a tiros del reportero de
investigación Peter R. de Vries, en julio de 2021, en el centro de Ámsterdam,
un punto de inflexión. Fueron detenidos dos autores materiales del ataque, pero
todavía no hay sentencia porque se investiga a tres sospechosos más. El asalto
mortal fue filmado por los delincuentes, y Bakker recuerda que el fiscal ha
subrayado que “puede hablarse de intención terrorista”. Ello “obliga a
reevaluar la definición misma de terrorismo, porque asistimos a una amenaza
contra la democracia y el imperio de la ley”. Es la primera vez que se califica
de acto terrorista un crimen de esta clase. La Fiscalía considera que “el
asesinato fue perpetrado para asustar a la población”.
De Vries, de 64 años, era el confidente del testigo de
cargo en el caso Marengo, un proceso contra presuntos miembros de la denominada
Mocro Mafia, dedicada al tráfico de drogas. Formada por varias bandas, sus
integrantes son holandeses, también de origen turco y marroquí (de ahí el
término Mocro), antillano, de Surinam, y albanés. Operan sobre todo en los
puertos de Amberes, en Bélgica, y en Ámsterdam, aunque su red de contactos es
internacional. Uno de sus principales cabecillas es Ridouan Taghi, encerrado en
una cárcel de máxima seguridad en el sur de Países Bajos. En 2019 hubo otro
crimen relacionado con este entorno que sacudió a la sociedad holandesa: el
asesinato del abogado Derk Wiersum, de 44 años, que defendía al mismo testigo
que le contaba confidencias a De Vries. Dos años después mataron al reportero.
La actuación del crimen organizado contra instancias del
Estado se extiende más allá de la frontera de Países Bajos. Cuatro ciudadanos
holandeses fueron detenidos en septiembre en La Haya y alrededores después de
que la policía encontrase un coche con armas y botellas de gasolina en Bélgica.
El vehículo tenía matrícula de Países Bajos y fue hallado frente a la casa del
ministro belga de Justicia, Vincent van Quickenborne. Los medios belgas
señalaron que el político, que pasó unos días con la seguridad reforzada, había
recibido amenazas graves que provenían “del mundo de la droga”.
Según Van Buuren, “el crimen organizado es difícil de
combatir en todas partes, y Países Bajos tiene una posición geográfica
privilegiada para el transporte y producción de productos de todo tipo; también
las drogas”. “Tenemos el aeropuerto de Schiphol y el puerto de Róterdam, gran
conectividad y buenas carreteras”, destaca. Pero hasta la muerte del abogado y
el periodista, la sociedad holandesa creía que este tipo de criminales solo se
mataban entre ellos, afirma el experto. Bakker sitúa la amenaza del crimen
organizado como uno de los principales desafíos del país: “La violencia del
crimen organizado socava el orden democrático legal”, recalca.
Ambos expertos reclaman un debate nacional porque, en su
opinión, hasta ahora no se ha abordado suficientemente “el problema social y
del crimen” en el país, según Bakker. Van Buuren agrega: “Hay diferencias en el
Parlamento en torno a la legalización de las drogas, pero no así en cuestiones
de seguridad: hay que hablar”.
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