Hacer periodismo bajo una dictadura es un acto de resistencia para seguir contando la verdad. Nuestra redacción ha sido confiscada dos veces y por segunda vez estoy reporteando desde el exilio en Costa Rica para evitar ser silenciado con una infame orden de captura, pero nunca han podido confiscar el periodismo.
La mañana del 20 de mayo de 2021, salí de mi casa a
trabajar cuando fui alertado de que la nueva oficina de Confidencial estaba
rodeada por patrullas policiales y fuerzas antimotines. Cambié la ruta para
llegar justo a tiempo a Radio Corporación, la principal radioemisora
independiente del país, para denunciar el segundo asalto policial contra el
medio de comunicación que dirijo desde hace más de 25 años y el secuestro de mi
colega Leonel Gutiérrez (que en paz descanse).
El primer asalto contra Confidencial ocurrió dos años y
medio antes, durante la primera escalada represiva contra medios de
comunicación y organizaciones de la sociedad civil que promueven los derechos
democráticos en Nicaragua. En la medianoche del 13 de diciembre de 2018,
decenas de policías irrumpieron con violencia, sin ninguna orden judicial, y
requisaron todas las computadoras de la redacción, los equipos de producción
audiovisual, y bienes personales. Un día después, la Policía regresó a ocupar
el edificio de la redacción de forma permanente, hasta que en febrero de 2021
el Gobierno ejecutó un acto ilegal de confiscación, e inauguró en el inmueble
una clínica materna del Ministerio de Salud, en un vano intento por “lavar” el
crimen contra la libertad de prensa.
En el segundo allanamiento, la Policía llegó a capturar a
los periodistas “golpistas”, que es como el régimen autoritario califica a los
ciudadanos que reclaman democracia, justicia, y elecciones libres, después del
estallido social de protesta nacional en abril de 2018. El presidente Daniel
Ortega y su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo respondieron con una
represión brutal, ejecutada por policías y paramilitares, que dejó 355 muertos,
miles de heridos, centenares de presos políticos y más de cien mil exiliados.
Sin embargo, en la narrativa oficial el reclamo de elecciones libres equivale a
una tentativa de “golpe de Estado”, que el régimen totalitario invoca para
justificar la criminalización de la democracia y los derechos constitucionales.
En septiembre de ese mismo año, con los crímenes de la
represión estatal aún en la impunidad, Ortega impuso un estado policial que
conculcó por las vías de hecho las libertades de reunión y movilización, prensa
y expresión y, finalmente, anuló las elecciones del 7 de noviembre de 2021, al
encarcelar a los siete precandidatos presidenciales de la oposición, para
proclamar su reelección sin competencia política.
Nuestros programas de televisión están censurados en la
televisión abierta y el sistema de cable, pero continuamos llegando a una
audiencia creciente a través de YouTube y Facebook. Internet y las redes
sociales representan un vehículo extraordinario para vencer la censura, pero la
resistencia de la prensa descansa en la determinación de los reporteros de no
transigir en nuestro compromiso por investigar la verdad.
Resistir también es hacer periodismo de calidad, a pesar
de la polarización política. De ello depende, en última instancia, la
credibilidad de la prensa independiente ante nuestras audiencias, y su eficacia
frente a la maquinaria de desinformación y propaganda de los cinco canales de
televisión, decenas de radioemisoras, y portales de internet, que maneja la
familia gobernante como negocios privados a costa del Estado.
Cuando el diario El País me otorgó el premio Ortega y
Gassett en mayo del año pasado, lo agradecí muy honrado, como portavoz de un
mensaje de aliento para el periodismo independiente de Nicaragua, que está
defendiendo la libertad en estos momentos de persecución, ante la peor
dictadura de nuestra historia.
Diez meses después, la situación es aún peor: la
cancelación de libertades públicas es total, mientras que el acoso contra los
periodistas ahora se extiende hacia los ciudadanos y la libertad de expresión.
Tres medios de comunicación: Confidencial, 100% Noticias, y La Prensa, están
ilegalmente ocupados por la Policía, y más de 100 periodistas se han visto
obligados a salir al exilio, para reinventar los medios de comunicación, pero
muchos más continúan reporteando en sigilo desde Nicaragua. Ellos son los ojos
y oídos de la prensa en el exilio.
La criminalización de la libertad de prensa también tiene
en jaque el derecho a la libertad de opinión: seis universidades privadas han
sido confiscadas y 114 organizaciones no gubernamentales fueron despojadas de
su personería jurídica. En un país donde todos los ciudadanos son rehenes de la
dictadura, ya no existen fuentes independientes que puedan ser citadas por la
prensa –médicos, abogados, economistas, analistas políticos, empresarios,
sacerdotes, ciudadanos comunes– todos temen la represalia oficial y solicitan
que sus identidades sean protegidas para poder informar u opinar.
En los juicios que se llevan a cabo en las cárceles del
Chipote, sin respetar el debido proceso, más de 30 presos políticos entre ellos
los precandidatos presidenciales, ya han sido condenados a penas de ocho hasta
trece años de cárcel, por los presuntos delitos de “conspiración” contra la
soberanía nacional, y propagación de “noticias falsas”, para provocar la
desestabilización del país. En estas simulaciones de juicios, los testigos son
los mismos policías que espiaron y secuestraron a los acusados, y la “prueba
del delito”, son las las entrevistas que brindaron a medios de comunicación
como El País y Confidencial, o las opiniones que postearon en las redes
sociales.
Las víctimas de esta cacería indiscriminada no solamente
son los líderes políticos y cívicos opositores. El campesino Santos Bellorín,
fue condenado a once años de carcel por el “ciberdelito” de provocar “alarma,
temor, y zozobra” en el municipio de Pueblo Nuevo, pero no tiene un teléfono
inteligente o una cuenta de Twitter o
Facebook; mientras que el contador público Alexis Peralta, del municipio de
Condega, fue condenado a once años de cárcel por el delito de “conspiración”,
porque un testigo fantasma denunció ante la Policía que supuestamente “estaba
llamando a desconocer” las pasadas elecciones.
Esas son las historias que seguimos contando en
Confidencial, junto a las investigaciones sobre la tortura contra los presos
políticos, la corrupción pública en la cúpula del régimen, el terrorismo fiscal
contra los empresarios, y el crecimiento exponencial de la migración en un país
sin futuro.
La resistencia de la prensa no es suficiente para
despejar el camino hacia un cambio democrático bajo una dictadura, pero
mientras persista mantendrá encendida la llama de la libertad. Al informar hoy
sin someternos a la censura y la autocensura, estamos sembrando las semillas de
la verdad, sobre las que mañana se impartirá la justicia.
*Este artículo fue originalmente publicado en El País de
España.