Se trata de una acción extrema de protesta, que no sería necesaria si el sistema carcelario estuviese abierto a una inspección por los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Pero la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía, conocida como El Chipote, aunque técnicamente es un centro temporal de investigación, en la práctica se ha convertido en una cárcel permanente de tortura que ha permanecido cerrada a la CIDH, OACNUDH, el CICR, y a la Comisión de Expertos Independientes de la ONU. En El Chipote, los presos políticos solo tienen derecho a una visita familiar de dos horas cada 45 días, se les niega una alimentación balanceada y atención médica especializada, y está prohibido el acceso a libros, lapiceros o cuadernos, para leer y escribir.

De manera que la huelga de hambre a la que han recurrido los presos políticos, como último recurso, es un llamado a la conciencia nacional y a la comunidad internacional para rechazar la normalización de la tortura. Exigir que se abran las cárceles al escrutinio internacional es el primer paso para derribar un sistema carcelario que simboliza la crueldad y deshumanización de la pareja presidencial, cuyo poder absoluto basado en la fuerza de la represión no tiene otro límite que su sed de venganza, el miedo a la libertad, y su decrepitud moral.

Dora María Téllez, de 66 años, una heroína en la lucha contra la dictadura de Somoza en el siglo pasado, quien ya enfrenta una grave pérdida de peso y padecimientos crónicos de salud, demanda a través de su huelga de hambre que cese el régimen de confinamiento solitario al que ella y otras tres dirigentes de Unamos han sido sometidas durante más de 475 días de cárcel. Exige, además, que se les otorgue a todos los presos el derecho a la lectura, y que le permitan firmar un poder legal para que sus familiares puedan retirar la pensión del seguro social que por ley le corresponde.

Los familiares de Suyén Barahona, otra de las presas políticas sometidas al régimen de confinamiento solitario durante más de 475 días, iniciaron una campaña denominada "una llamada para Suyén", para que le permitan tener una llamada de audio y video con su pequeño hijo de cinco años.

El periodista y bloguero Miguel Mendoza, preso desde hace 467 días, inició una huelga de hambre para que el régimen le permita la visita de su hija de 9 años.

Y el abogado Róger Reyes, preso político con más de 400 días en prisión, también inició una huelga de hambre, demandando el derecho a la visita de sus hijas menores que se encuentran enfermas.

Los reos de conciencia Miguel Mora y Tamara Dávila ya pasaron por el martirio de una huelga de hambre para lograr el derecho a una visita de sus hijos menores, pero el régimen no lo instituyó como un derecho para todos. En El Chipote y otros centros carcelarios se violan las reglas mínimas Nelson Mandela de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos en las cárceles, y se ha impuesto un sistema de aislamiento que los especialistas médicos han calificado como una "tortura" que provoca daños físicos y psíquicos irreversibles en la salud de los presos políticos.

La demanda de los 23 presos políticos en huelga de hambre para que cese el aislamiento es, por lo tanto, un imperativo humanitario para preservar la salud de los presos, mientras se anulan los juicios políticos para que todos recuperen su libertad.

Después de la muerte del preso político Hugo Torres bajo custodia policial en febrero de este año, ningún preso político debería verse obligado a exponer su salud en una huelga de hambre, para demandar el fin del régimen de crueldad. Sin embargo, este miércoles 28 de septiembre, en su discurso en el aniversario de la Policía Nacional, Daniel Ortega intentó justificar el sistema de tortura contra los presos políticos como uno de los pilares de su régimen. El dictador calificó de "terroristas" a los presos políticos que están en la cárcel por demandar elecciones libres y arremetió contra la Iglesia católica, el papa, y el secretario general de la ONU, que han demandado el cese de la represión. Pero su ataque más virulento fue contra el presidente de Chile Gabriel Boric, uno de los líderes de la izquierda democrática en América Latina, que como el presidente de Colombia Gustavo Petro ha demandado la liberación de los presos políticos de Nicaragua.

En el lenguaje orwelliano de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al invocar los derechos humanos como valores universales y condenar su régimen de crueldad, Boric y Petro actúan como "perros falderos" del imperialismo. Su dictadura familiar, cada vez más aislada en Nicaragua y en el mundo, alineada con Rusia, Irán, Corea del Norte, China, Cuba y Venezuela, no puede ofrecer una solución nacional, sino únicamente una sucesión dinástica. Ortega puede prolongar la agonía de su régimen por un tiempo, imponiéndole más dolor y sufrimiento al pueblo nicaragüense, pero no puede excusar el fracaso de su Gobierno que solo puede mantenerse en el poder con presos políticos y bajo Estado policial.

Tampoco acepta una salida política negociada, o un diálogo con la comunidad internacional. Al rechazar la gestión humanitaria de Gustavo Petro para liberar a los presos políticos y al expulsar a la embajadora de la Unión Europea Bettina Muschdeit, Ortega sigue dinamitando puentes, porque sabe que nadie le puede ofrecer impunidad por crímenes de lesa humanidad que son imprescriptibles. Como los tiranos al borde del abismo, está empeñado en radicalizar la represión y cerrar todos los espacios políticos. Su objetivo es cohesionar a sus fanáticos de su núcleo político duro, pero en ese salto hacia adelante también está alienando el apoyo de los mismos sandinistas y de los servidores públicos, civiles y militares, que no están comprometidos con las masacres y la corrupción.

Frente a este callejón sin salida, la huelga de hambre de los presos políticos en la cárcel representa una llama viva de resistencia nacional. Un llamado dramático para romper el silencio, que demanda una presión internacional extraordinaria, no para intentar apaciguar al tirano, sino para que se suspenda el régimen de aislamiento y tortura en la cárcel. Es el primer paso para lograr la liberación de los reos de conciencia, que encarnan la esperanza del cambio democrático en Nicaragua.

*Carlos Fernando Chamorro es director del periódico Confidencial de Nicaragua.

Esta columna fue publicada originalmente en www.confidencial.digital.