Las cosas han cambiado y, por primera vez en la historia reciente, la disrupción no ha surgido gracias a la presencia de un candidato que haya logrado entusiasmar y aglutinar a la ciudadanía, o al esfuerzo de un partido –o coalición– que haya trabajado para recuperar la confianza de la sociedad civil. Al contrario: en el caso específico de la votación de ayer, la presión de la ciudadanía fue la que –literalmente– obligó a los legisladores a garantizar su asistencia y a definir, públicamente, el sentido de su voto. El presidente despertó a la hidra: después de tantos agravios, la ciudadanía terminó por convertirse en la verdadera oposición.

El sexenio, en los hechos, ha terminado: tras la experiencia de ayer, será literalmente imposible que el gobierno logre pasar cualquier iniciativa que no haya recibido antes el visto bueno no de los partidos políticos, sino de la sociedad civil entera. La presión no cederá, y cada una de las actuaciones de los legisladores de oposición, su asistencia a las sesiones, y el sentido de su votación, serán fiscalizados –minuciosamente– por una ciudadanía que hoy se sabe con el poder para hacerlo.

La consulta de revocación de mandato –con sus míseros resultados– sólo sirvió para poner en evidencia al rey desnudo; la pifia de la reforma más importante del sexenio marca el inicio, de facto, del declive de un personaje que, si bien conserva todo el poder, ha perdido por completo el control. Una fiera herida y –ni duda cabe– sedienta de venganza: el peligro es evidente, y la locura real comenzará cuando –como se hizo en España, durante la época franquista– nuestro dictador en ciernes pretenda imponer su voluntad por la razón o por la fuerza. ‘No me vengan con ese cuento de que la ley es la ley’, espetó a la Corte hace unas semanas: a partir de hoy el discurso se endurecerá y, lo que –sin duda– fue una derrota ayer, habrá de convertirse en el estandarte de mañana.

El autoritarismo está a la vuelta de la esquina: primero se propuso sancionar a quienes no participaron en la faramalla anterior y, ahora, comenzará el etiquetado de los ‘traidores a la Patria’ que han osado diferir con el inobjetable. La estrategia de polarización –favorita de los bolivarianos y, ciertamente, la única que domina el régimen en funciones– se elevará a niveles insospechados, y se tratará de colocar a la nación entera en una falsa disyuntiva para optar entre ‘ellos o nosotros’, metiendo en el mismo costal, por un lado, a lo peor del pasado, lo más cuestionable del presente y –también– a lo más legítimo de una sociedad que está despertando. Por el otro lado, el anciano que sigue luchando por el pueblo bueno, y cuyo período constitucional resultó demasiado corto, entre pandemias y traiciones, para lograr su cometido. ‘No me vengan con ese cuento de que la ley es la ley’.

La polarización es una trampa, y seguir cayendo en ella es responsabilidad exclusiva de quienes estén dispuestos a hacerle el caldo gordo a un presidente que no tiene nada más por ofrecer al país que un rencor que, de acuerdo a sus propios cálculos, lo mantendría en el poder en tanto fuera capaz de seguirlo atizando. La discusión cotidiana de cada uno de sus dichos y actos –tal y como lo hemos hecho, desde que instauró sus conferencias mañaneras– es un error estratégico, en tanto le seguimos cediendo el control de la agenda pública y, por ende, contribuyendo a sus objetivos.

La solución es ignorarlo. La sociedad civil está empoderada, y ha sido capaz de convertir a un Poder Legislativo, hasta ahora del todo inútil, en un contrapeso efectivo a los caprichos del Ejecutivo. Ayer logramos mucho: la ciudadanía ha recuperado el control, al menos, de uno de los tres Poderes. Y no lo soltaremos.